El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, radicó una solicitud de medida cautelar al presidente Gustavo Petro y a sus ministros de Salud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la crisis en el sistema.
La solicitud incluye a Petro, Carolina Corcho (hoy senadora electa por el Pacto Histórico) y el actual ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
¿Por qué se presentó la denuncia?
Galán dijo en un comunicado que la denuncia se basa en que las decisiones adoptadas por el gobierno Petro frente al sistema de salud “han provocado un grave deterioro en la prestación de los servicios médicos en Colombia, afectando especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo, así como a miles de ciudadanos que hoy claman por una atención digna y oportuna en todo el país”.
Uno de los detonantes: el caso de Kevin Acosta
Uno de esos casos que consternó al país fue el de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y cuya muerte fue atribuida a fallas sistemáticas del sistema de salud. Entre ellas, que no recibió los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad.
Pese a eso, Petro y Jaramillo le echaron la culpa a la madre del niño, y dijeron que el niño se había muerto por montar en bicicleta. En otras palabras, le restaron importancia a la responsabilidad que tenía la Nueva EPS de entregarle el tratamiento al niño y señalaron a la madre como la culpable de la muerte de su hijo por permitirle montar en bicicleta.
Galán agregó que “en muchas regiones, acceder a un medicamento, una cita médica o un tratamiento especializado se ha convertido prácticamente en un privilegio y no en un derecho fundamental”.
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“No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno. He radicado ante la CIDH una solicitud de medida cautelar por la grave crisis del sistema de salud en Colombia. Esta situación ha derivado en la muerte de miles de pacientes y en el deterioro progresivo de la atención médica en el país”, afirmó Galán desde Washington.
Explicación de la medida, según experto
El Colombiano consultó al abogado y profesor Sebastián Escobar Uribe, doctorando en Derecho, quien explicó que una solicitud de medida cautelar como esta se presenta “frente a una situación grave y un daño irreparable (...) Normalmente proceden por el riesgo de afectación de derechos civiles y políticos (como la vida) cuya afectación puede tener consecuencias graves. Dado que la salud puede ser un medio para preservar la vida, existen casos en donde ha procedido”.
El experto agregó que, sin embargo, la medida podría tener fines electorales: “la acción jurídica cautelar parece ser una estrategia política del excandidato en medio del contexto electoral que pretende, valiéndose de un caso trágico y triste de la muerte del menor (Kevin Acosta), juzgar en abstracto la responsabilidad del Estado, sin determinar concretamente cuales son las personas beneficiarias y destinatarias de la medida”.
Dijo, a su vez, que “en tales condiciones de abstracción lo más probable es que la solicitud no prospere”. Y añadió que “lo que parece estar haciendo el excandidato es llevar una discusión estructural de política pública de salud en abstracto para cuestionar en el foro interamericano decisiones del actual gobierno en la materia”.
Explicó que este no sería, en su opinión, el escenario adecuado para tramitar la situación: “La CIDH no es un foro adecuado para cuestionar en abstracto políticas públicas, sino para establecer por medio del análisis de casos concretos y específicos si hay situaciones de riesgo concreto que por su gravedad y urgencia requieren medidas cautelares o si fueron violados derechos humanos consagrados en la Convención Americana”.
Finalizó diciendo que el proceso podría tardar años: “este último procedimiento es el que se formula por medio del sistema de peticiones que, vale la pena mencionarlo, debido a la situación de atraso procesal que enfrenta la CIDH, podría demorar años. Por estas razones, creo que el excandidato podría estar instrumentalizando a la CIDH con fines puramente electorales”.
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