La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la expulsión inmediata del general en retiro Mauricio Santoyo, tras concluir que incumplió de manera grave e injustificada sus compromisos con el sistema transicional al negar sistemáticamente su responsabilidad en la desaparición forzada de defensores de derechos humanos y sus nexos probados con el paramilitarismo.

La decisión derivó en la pérdida de todos sus beneficios jurídicos y su retorno a la justicia ordinaria bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión del Inpec.

La magistratura resolvió que la permanencia de Santoyo en la JEP resultaba insostenible debido a su “actitud procesal negacionista y reticente” frente a los crímenes por los que es investigado.

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A pesar de las múltiples oportunidades brindadas para aportar verdad plena, el oficial en retiro se limitó a ofrecer “justificaciones exculpatorias” y respuestas evasivas que no contribuyeron al esclarecimiento de los hechos.

La Sala enfatizó que los aportes del compareciente fueron calificados reiteradamente como “insuficientes” tanto por la Sala de Definición como por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Santoyo insistió en su ajenidad frente a la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurridas en octubre de 2000, argumentando que para esa fecha ya no ejercía como comandante del Gaula en Medellín.

Sin embargo, la JEP contrastó esta versión con la investigación de la Fiscalía, la cual estableció que Santoyo, aprovechando su posición de mando y su “membresía privilegiada” con la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mantuvo influencia en la estructura criminal y puso al Gaula al servicio de los paramilitares para la persecución y perfilamiento de víctimas.

Uno de los puntos más críticos señalados en la resolución fue la postura de Santoyo frente a su condena en Estados Unidos. El general retirado admitió culpabilidad ante una Corte del Distrito Este de Virginia en 2012 por conspiración para proveer apoyo material a las AUC.

No obstante, ante los magistrados de la justicia transicional colombiana, aseguró que dicha aceptación de cargos fue solo una “estrategia de defensa” para evitar una cadena perpetua y negó conocer los hechos por los cuales fue condenado.

Durante las audiencias, cuando la magistratura le cuestionó sobre la conspiración con jefes paramilitares, Santoyo respondió: “Yo me declaré culpable por conveniencia (...) firmé el acuerdo de culpabilidad por estrategia de la defensa”. Para la Sala, estas afirmaciones resultaron inaceptables y contradictorias, pues desconocen una “verdad judicial establecida” y restan valor a las pruebas que demostraron su colaboración con la organización terrorista.

El documento judicial subrayó que resulta “desconcertante” y carente de coherencia que Santoyo alegara desconocer las pruebas que tenía la justicia estadounidense sobre su apoyo a las AUC mediante interceptaciones y seguimientos ilegales, especialmente contra defensores de derechos humanos que denunciaban el paramilitarismo.

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La resolución detalló cómo Santoyo negó conocer o haber colaborado con cabecillas paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", o Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso", a pesar de los testimonios que lo señalan de recibir pagos mensuales de la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Ante la pregunta sobre los señalamientos de recibir sobornos para alertar sobre operativos, el oficial respondió: “Es completamente falso, no conozco, ni conocí a ese señor el "Tuso Sierra", ni mucho menos recibí dineros de la oficina de Envigado”.

La JEP consideró que esta postura de negación absoluta impidió cualquier aporte efectivo a la verdad y dejó a las víctimas con una sensación de frustración e instrumentalización.

En un intento por demostrar voluntad de aporte, la defensa de Santoyo presentó certificaciones de su asistencia a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Sin embargo, la propia entidad informó a la magistratura que, aunque el compareciente asistió, la información suministrada “no ha sido efectiva para contribuir al proceso de búsqueda”.

La Sala calificó estos acercamientos como “vacíos e inocuos” y señaló que Santoyo pretendió “instrumentalizar” a las entidades del Sistema Integral para la Paz para simular un cumplimiento que en la realidad no existió.

Ante la gravedad del incumplimiento, la JEP resolvió “dejar sin prerrogativas y beneficios transicionales al compareciente”. Esto implica la revocatoria inmediata del beneficio de privación de la libertad en unidad policial (PLUMP) que detentaba en la Escuela de Postgrados de Policía.

La decisión ordenó al Inpec coordinar el traslado de Mauricio Santoyo Velasco a un centro de reclusión ordinario bajo estrictas medidas de seguridad. Asimismo, se dispuso la devolución inmediata de los expedientes a la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y a la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que continúen con el juzgamiento por desaparición forzada, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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