Tras las alertas por el desabastecimiento de medicamentos en el país, el presidente Gustavo Petro informó ayer sobre el hallazgo de fármacos existentes en una bodega de Audifarma que le habrían sido negados a algunos pacientes.

“Encontramos que para un grupo de pacientes identificados con medicamentos faltantes en el punto de dispensación de la Boyacá con 26, efectivamente si habían dichos medicamentos en la bodega de la Calle 80 de Audifarma. Razón por la cual se ordenó el inmediato traslado y dispensación de los medicamentos relacionados pendientes de suministro. Se evidenció de igual manera que para algunos medicamentos requeridos no tenían existencias en bodega”, escribió el jefe de Estado a través de X, sin dar mayores detalles sobre la operación.

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Horas después, tras los pronunciamientos de Petro, la Superintendencia de Salud informó que había auditado dicha bodega. El acta de auditoría reveló que “de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios, ocho de estos tenían suficientes existencias en la bodega de Audifarma, entre los que se encuentra la insulina, medicamento que está en la lista de pendientes de los usuarios que acuden a los distintos puntos de dispensación de este gestor farmacéutico”.

El superintendente Giovanny Rubiano García, tildó de incongruente que “existiendo 113 mil unidades disponibles de un medicamento como la insulina, no se tengan unidades disponibles en los puntos de atención de los usuarios”.

Por esta razón, la Supersalud ordenó a Audifarma que en un término máximo de 24 horas traslade a sus puntos de dispensación los medicamentos que tiene en bodega. La entidad aseguró que “no hay ninguna excusa para no ponerlos al alcance de los usuarios”.

El anuncio del presidente Petro viene después de que amenazara con solicitar al superintendente de Salud allanar las bodegas de los gestores farmacéuticos, una acción que fue cuestionada por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador le recordó al mandatario que es la única entidad que puede ordenar allanamientos.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, había afirmado Petro.

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Tras estas declaraciones, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le pidió al presidente “tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros y a dónde vamos”, aclaró Camargo. “El Ejército no realiza actividades de investigación, hace apoyos operativos, pero no tiene asignadas funciones de investigación”.

Y es que Petro ha señalado que algunos gestores farmacéuticos estarían acaparando medicamentos con el fin de sabotear las políticas de salud pública y aumentar artificialmente los precios. Sin embargo, representantes del sector farmacéutico y expertos han rechazado estas acusaciones, señalando que el problema real radica en la falta de recursos en el sistema de salud.

La cantidad de dinero que el Estado gira a las EPS para la atención en salud estaría siendo insuficiente, según Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), lo que genera retrasos en pagos a los gestores farmacéuticos y a su vez a los laboratorios.

Muchas EPS tienen deudas acumuladas con los proveedores de medicamentos, lo que impacta la distribución. Ante la falta de entrega en el sistema institucional, los pacientes han optado por comprar en farmacias privadas, lo que ha incrementado la demanda en este sector.

Petro sostiene que hay monopolios en el sector farmacéutico que buscan manipular el mercado. Sin embargo, gremios del sector como Afidro enfatizan en la necesidad de abordar el problema con soluciones estructurales y a largo plazo, como el flujo de recursos.

“Reiteramos nuestra disposición a proporcionar información técnica respecto a la suficiencia de la UPC, en línea con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025 y en la Resolución 370 de 2025”, señaló Afidro en un comunicado. 

“Entendemos el importante reto de sostenibilidad financiera que tiene el sistema de salud y ratificamos la importancia de avanzar en una senda de largo plazo que reconozca los factores que impactan el gasto, como el envejecimiento de la población, la dinámica de la formalidad, el cambio tecnológico, entre otros”, dijo el gremio.

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