Los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, se reunieron de urgencia este domingo con la cúpula de seguridad y de investigación criminal del país para iniciar la construcción de un plan de acción institucional conjunto que permita identificar y judicializar a los responsables de los recientes atentados contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el compromiso de que "ningún acto de violencia hará retroceder al Estado" en su deber de proteger la vida, la justicia y el orden constitucional.
El encuentro, convocado en la tarde del domingo, congregó también al director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán; al director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez; a la fiscal delegada de Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; y al fiscal delegado para la criminalidad organizada, Juan Carlos Arias, además de otras autoridades claves en la investigación criminal. Esta reunión interinstitucional se centró en evaluar los ataques perpetrados durante la última semana contra los guardianes del Inpec.
Durante la cumbre, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional expusieron las hipótesis que manejan frente a los ataques recientes contra servidores tanto del Inpec como de la Policía vinculados con el sistema penitenciario en todo el país. Los análisis iniciales señalaron que los hechos responden a acciones coordinadas de organizaciones criminales que actúan de manera articulada, aunque las hipótesis específicas se mantendrán bajo estricta reserva para evitar cualquier desvío en las investigaciones en curso.
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Como parte de las conclusiones generales y los compromisos adquiridos, las entidades acordaron la creación de un grupo especial de investigación entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este equipo tendrá como misión principal enfrentar la criminalidad dirigida específicamente contra los servidores del Inpec y de la Policía Nacional, priorizando su persecución.
En un esfuerzo por obtener la colaboración ciudadana, las autoridades ofrecieron recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información efectiva que permita la identificación y captura de los autores materiales o de los determinadores de los atentados. Los ciudadanos que posean datos relevantes pueden reportarlos de manera confidencial a través de la línea telefónica 157, donde se garantizó absoluta reserva de identidad para proteger al informante.
Además de las acciones de investigación, el Gobierno declaró objetivo de alto valor a las organizaciones involucradas en los atentados. La declaración implica la priorización de su persecución y el desarrollo intensivo de todas las investigaciones relacionadas.
Entre las medidas operativas y de protección, las entidades implementaron una estrategia para redoblar la protección a los guardianes del Inpec, que estará acompañada por el aseguramiento perimetral de las cárceles a nivel nacional.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho anunció que emprenderá acciones específicas para evitar que decisiones judiciales consideradas "arbitrarias" puedan obstaculizar o afectar la buena marcha de las investigaciones en curso.
Finalmente, las autoridades iniciarán la implementación de un proyecto de política criminal enfocado en la seguridad carcelaria. El plan tendrá como eje central la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo principal es contribuir a impedir la comisión de delitos desde el interior de los centros carcelarios y, al mismo tiempo, garantizar la vida y la seguridad de los funcionarios del Inpec, fortaleciendo así la respuesta del Estado a la acción ilegal de los grupos criminales.
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