El gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de abrir la puerta para reconocer la existencia de zonas de reservas campesinas en áreas que, históricamente, han sido protegidas de la deforestación. Solo resta la firma de un decreto.

El hecho hace parte de los acuerdos que alcanzó el Ejecutivo con el grupo de labriegos que se tomó la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá y que alcanzó a dar pinceladas de lo que pudo ser un paro nacional agrario por lo que, consideran, han sido “avances lentos” en la implementación de la reforma agraria.

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Las negociaciones ocurrieron entre el 8 y el 11 de julio pasado en la sede del Ministerio del Interior. Al cerrar el diálogo llegaron a 31 acuerdos y uno de ellos pretende transformar la mirada que le ha dado el Estado a la protección de los recursos naturales desde 1959.

“Uno de los acuerdos está a cargo de los ministerios de Agricultura y Ambiente, que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de Ley Segunda para Zonas de Reserva Campesina (ZRC)”, señaló el Ministerio de Agricultura.

Las ZRC no son un invento del gobierno actual. De hecho, existen y están reglamentadas desde 1994. Hasta ahora hay 14 reconocidas, siete de ellas fueron aprobadas en la gestión del presidente Gustavo Petro y comprenden unas 440.000 hectáreas.

“Permiten controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; facilitan la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; protegen los recursos naturales y regulan la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o propietarios de escasos recursos”, se lee en la reglamentación de la Agencia Nacional de Tierras.

El 17 de enero de 1959 el presidente Alberto Lleras sancionó la denominada Ley Segunda. Allí quedaron establecidas las zonas de reserva forestal y la prohibición expresa de explotar el suelo en esos lugares. En 1996, cuando tomó forma la idea de las ZRC, el decretó que las reglamentó también prohibió el asentamiento de campesinos en esas áreas protegidas.

Ese impedimento, por ejemplo, ha sido una barrera para que los campesinos que están asentados allí accedan a los títulos de propiedad de la tierra que ocupan. De otro lado, en los países de la Unión Europea prohíben desde 2023 la importación de productos que sean cultivados en áreas protegidas.

“Esa prohibición desconoce varios contextos. El primero es que a raíz del conflicto armado al campesinado le tocó desplazarse forzadamente montaña arriba y ahora tiene un arraigo y un vínculo con el espacio que ocupa. El otro es que el campesino es el primer llamado en conservar el ambiente y los recursos naturales porque en últimas son la materia prima y fundamental de su trabajo”, argumentó Eliécer Morales, vocero de la Agenda Nacional Campesina en diálogo con este diario.

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De los 170 municipios que fueron incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –una iniciativa que pretende llevar en pleno lo acordado en 2016– hay 98 que se encuentran en zonas de reserva forestal. Allí hay al menos 11 millones de habitantes.

Pero hasta ahora existen 28 solicitudes radicadas de campesinos que buscan ser reconocidos en Zonas de Reserva Campesina; 9 de ellas están ubicadas en zonas de reserva forestal. Los cultivadores han insistido en que se comprometen a mantener altos estándares de protección del medio ambiente. Son 514.000 familias campesinas, que viven en áreas protegidas, las que podrían beneficiarse.

Un análisis de Oxfam indicó en 2018 que en Colombia el 1% de las fincas tenían acaparado el 81% de la tierra productiva. Además, el 99% de los campesinos se repartía el 19% de los terrones sobrantes. Por eso el reconocimiento de reservas campesinas en zonas protegidas podría ser una salida al problema de la distribución de la tierra en Colombia.

El Gobierno Petro se comprometió a comprar un millón de hectáreas durante su mandato y hasta ahora las cifras indican que este proceso apenas alcanza las 104.000 hectáreas. La promesa de la Reforma Agraria –que se estableció en el punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016– era entregar tres millones.

El reto del Gobierno ahora será garantizar el derecho de los campesinos a labrar la tierra y, al tiempo, mantener las cifras de la lucha contra la deforestación.

El 8 de julio pasado el Ministerio de Ambiente señaló que se había alcanzado la cifra más baja de deforestación desde que se tiene registro. La reducción fue del 36%: se pasó de 123.517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79.256 en 2023.

Para garantizar esto, desde el Gobierno estudian la posibilidad de entregar títulos verdes a los campesinos o títulos hereditarios del uso del suelo. Cada cultivo tendría un estricto plan de manejo. La concertación del decreto, a partir de ahora, será responsabilidad de las carteras de Ambiente y Agricultura.

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Las críticas de la exministra López

Una vez salió del Gobierno, la exministra de Agricultura Cecilia López ha expresado críticas sobre la forma en que esa cartera está llevando a cabo varias iniciativas como la reforma agraria y la entrega de tierras. Recientemente, sobre la protesta de los campesinos en la ANT, López dijo: “¿Por qué NO a la expropiación exprés? Porque abre la puerta a la violencia y a que el siguiente gobierno use esa misma ley para quitarle en 27 días la tierra al campesino que la acaba de recibir. ¿Por qué lo que hizo Vega en la ANT está mal hecho? Porque por acelerar se brincó procesos (sic)”.

Con la llegada reciente de la nueva ministra, Martha Carvajalino, quien es experta en el proceso de entrega de tierras, se espera corregir el rezago que advirtió la Procuraduría frente a la meta de cumplimiento.

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