En Colombia se suelen contar historias de cómo se roban los recursos públicos. la mayoría de las veces se habla de la suma de lo que se perdió: los $70.000 millones del escándalo de Centros Poblados o los $45.000 millones de los carrotanques de La Guajira, por mencionar solo dos recientes.
Pero esta historia es diferente porque cuenta la epopeya de un puñado de funcionarios anónimos y heroicos que contra viento y marea no dejaron que una trinca de alto nivel se robara casi $50.000 millones de Medellín en una maniobra de papeles y tierras.
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Y la noticia ahora es que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez acaba de expedir un decreto con el cual dejó sin piso la triquiñuela y no solo se cerró de manera definitiva ese capítulo, sino que con este decreto se deja en evidencia el error que le puede costar a Daniel Quintero ante las autoridades para su futuro político.
La historia es la siguiente. Hay un señor que tiene una tierra que no le sirve de mucho porque a pesar de que está muy bien ubicada –en la parte alta de El Poblado en la vía las Palmas– no puede utilizarla para negocio inmobiliario, porque tiene restricciones ambientales y el predio ha sido pensado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para usarlo como espacio público.
El megalote en cuestión mide 147.000 metros cuadrados y se llama Aguas Vivas. Se puede ver al subir por la Loma de los González o si uno se para en el segundo mirador de la vía a Las Palmas el terreno es una barrera de pinos que limita la vista hacia El Poblado.
Los dueños prácticamente no pueden hacer ningún negocio rentable con él. Ni siquiera venderlo. Por lo menos, con todas las restricciones que tiene por el POT, no les dan un buen precio por esa tierra.
Se les iluminó la bombilla y decidieron cederlo a la Alcaldía de Medellín para que pueda ser usado como lote de “compensación urbanística”.
Esta es una figura creada por el POT por la cual quienes construyen edificios o urbanizaciones están obligados a entregarle espacio público a la ciudad. Y por eso se ha creado un mercado de tierras que no sirven para construir —como el de Aguas Vivas—. Quienes tienen ese tipo de lotes, suelen cederlos a la Alcaldía para no seguir pagando impuesto predial mientras consiguen quien les compre su derecho como espacio público.
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Por eso a los dueños de Aguas Vivas se les ocurrió que montaban una especie de parque en ese terreno, y luego cuando algún constructor tuviera que pagar al Municipio esa compensación ellos se la vendían. Todo eso pasó entre 2017 y 2019.
Para ese momento, el último año de la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, le pidieron al dueño que tenía que entregar los diseños del proyecto para poder aceptarlo como compensación urbanística. Y en efecto los diseños del “ecoparque las Palmas” fueron aceptados por la Alcaldía en junio de 2019.
Y el 27 de diciembre de ese mismo año, es decir, cuatro días antes de que asumiera Daniel Quintero como nuevo alcalde de la ciudad, el dueño del predio lo entregó al Municipio por medio de escritura.
La alcaldía saliente le puso la condición de que tenía que hacer la entrega material del inmueble con su respectivo acondicionamiento dentro de los seis meses siguientes.
Y sobre todo, un dato clave para tener en cuenta, en esa escritura del 27 de diciembre de 2019 queda por escrito que el avalúo catastral del inmueble es de $2.711 millones.
Se crecieron con Quintero
Una vez llegó Daniel Quintero a la Alcaldía, los dueños, en febrero, salieron con el cuento de que haber cedido el predio había sido “perjudicial” para ellos, porque no lograban conseguir un proyecto de construcción que quisiera comprarles ese cheque en blanco con el que ellos habían quedado para “compensación por obligaciones”.
¿Acaso esperaban en menos de dos meses venderlas? Al parecer, ya con una nueva administración de la ciudad, se les ocurrió algún plan mejor con esa tierra. Incluso, los dueños le dijeron al Municipio que para que les “pagaran” por ese predio, la Alcaldía podría utilizar la plata que ingresa a un fondo que se nutre con lo que aportan otros constructores que prefieren cancelar la compensación en efectivo. Es decir, lo que querían era desenhuesarse de ese predio.
Pero, además, haciendo gala de viveza, exigieron que la Alcaldía les debía reconocer el costo del proyecto aprobado como dotación del espacio público. Y que por eso tenían que pagarle, además, la bobadita de “3.550 millones de pesos”. Se les “olvidó” que cuando aprobaron la idea, el oficio decía claramente que el proyecto corría por cuenta y riesgo de los dueños. Al fin y al cabo ellos eran los interesados.
Pretendían, palabras más palabras menos, que el Municipio les pagara por algo que era idea de ellos, unos privados, para valorizar su terreno.
Y ahí es donde entran en juego los funcionarios públicos heroicos que comienzan a evitar posibles marrullas en contra del Municipio. León Jairo Mejía, de la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles, le responde al privado que no es posible acceder a su petición.
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En este punto de la historia es importante saber quién es el privado dueño del predio o quién está detrás del negocio para entender ante quienes se estaban enfrentando.
El nombre de Luis Pérez es el más reconocido detrás del predio. En 2015, él y sus hermanos se quedaron con el 39% del terreno y el resto en manos de dos firmas (IDC y Técnicas Constructivas) que son cercanas al exgobernador.
Esas dos firmas le traspasaron un porcentaje de la propiedad a Luis Pérez en 2015, y en 2016 los Pérez les devolvieron a esas firmas la propiedad de Aguas Vivas; a manera de cambalache, Luis Pérez se quedó con un predio contiguo: Las Brisas.
Es decir, traspasaron el bien una y otra vez de un lado para el otro pero todo indica que eran los mismos.
Luis Pérez era gobernador (2016-2019) cuando les entregó a esas dos empresas su participación en Aguas Vivas y unos meses después, con Pérez aún gobernador pero ya sin aparecer en papeles del megalote, es cuando comienzan a intentar el trámite. Posiblemente, la idea era que no apareciera su nombre para evitar ruido y por eso se hicieron previamente esos traspasos.
Como se sabe, en su momento, para llegar a la alcaldía de Medellín, el mayor aliado político de Daniel Quintero fue Luis Pérez. Y curiosamente, durante alguna de las gestiones relacionadas con este lote ante la Alcaldía, el abogado que representó a los dueños del predio fue José Luis Marín Fuentes, quien estuvo detrás de una tutela intentando truncar la revocatoria del alcalde Daniel Quintero.
Volviendo al cuento, luego de que el funcionario de carrera León Jairo Mejía les respondió (en febrero de 2020, recién llegado Quintero a la Alcaldía) que el Municipio de Medellín no les iba a comprar el predio ni les iba a pagar por los diseños, entonces, el 18 de marzo, volvieron con una nueva idea y era que como ellos no habían registrado la escritura, ni habían cumplido varias condiciones, pidieron que les permitieran utilizar el 30% del terreno para un proyecto urbanístico y dejaban el 70% restante para el ecoparque.
Y concluían con una frase perentoria: “De nuestra parte, no tenemos el interés en continuar con el proceso ni entregar el lote si no se acepta la modificación aquí solicitada”. Un tono sin duda arrogante teniendo en cuenta que los dueños eran los que habían armado toda esa idea.
Luego se produjo un llamativo silencio de ambos lados, que luego se entiende: estaban planeando el siguiente paso. En el Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero, aprobado por el Concejo el 1 junio de 2020, apareció que en el “ecoparque las Palmas” se iba a desarrollar el “parque ambiental Valle del Software”.
¿Cómo habrá llegado el polémico lote a coronar Plan de Desarrollo? Tal vez le dan la instrucción a quien estaba escribiendo el plan de Desarrollo de meter ese lote de Aguas Vivas ya con nombre más elegante de “ecoparque las Palmas”. Y seguro uno más anotó: póngalo como el Parque Ambiental Valle del Software que a nadie se le va a ocurrir tocarlo. Es más, póngale que será “el referente y epicentro de la Línea estratégica Valle del Software”.
Ya con el camino despejado, los dueños del predio volvieron a cambiar de parecer y finalmente dieron el paso que habían evitado: registrar la escritura a favor del municipio. Y ojo al dato, presentaron la escritura para registro el 1 de junio, el mismo día que se sancionó el Plan en el Concejo.
Otra vez, la Alcaldía dio una voltereta y pasó de negar el pago por el predio a sus dueños a dejar la puerta abierta para hacerlo. ¿Quién firmó esta vez el oficio? El secretario de Control Territorial de ese momento, Carlos Mario Montoya, hizo caso omiso de los conceptos de los funcionarios de carrera, y les dio toda la razón a los dueños del predio, y más.
Hay que decir que el secretario Montoya ha sido aliado político de Luis Pérez. Y como si fuera poco, Luis Pérez ha dicho que la riqueza que ha hecho ha sido comprando tierras. No sería extraño que, como en este caso, tal vez comprando tierras que valen poco y, aprovechando el hecho de estar en el poder político, vía manejos del suelo aumentan desproporcionadamente su ganancia.
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El secretario Carlos Mario Montoya les permitió a los dueños de Aguas Vivas cambiar la escritura para que dijera que no se iba a utilizar el predio para el pago de compensaciones urbanísticas, que porque “no estamos dispuestos a entregar una propiedad de tan excelente calidad para salir a un mercado perrateado a ver quién nos compra obligaciones urbanísticas a cualquier precio”. Como si no hubieran sido ellos los que pidieron que pusieran el predio en ese mercado.
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Pero además, Montoya escribió que tampoco les podían exigir a los dueños, como estaba acordado, la construcción de las obras en el ecoparque. Por el tono parecía que el Estado estaba al servicio del particular y no que el particular tuviera que responder a los compromisos adquiridos con el Estado.
Y la cereza del pastel fue cuando Montoya dice en el oficio que van a acordar un nuevo avalúo del megalote y que, como habían pedido los dueños, lo iban a hacer preferiblemente a cargo del fondo de compensación por obligaciones urbanísticas. Es decir, una plata rápida y a la fija.
A favor de los privados
Es en ese momento cuando se produce el mayor escándalo: Catastro, que depende a su vez del secretario Montoya, hace un nuevo avalúo comercial del inmueble y el mismo pedazo de tierra que diez meses antes según la escritura costaba $2.711 millones pasó a costar $42.719.
Con unas cuantas palabras en el Plan de Desarrollo le pegaron tremenda valorizada a ese pedazo de tierra: le multiplicaron por 15 veces el valor para beneficio de los dueños.
Todo un negociazo, no tenían que hacer ningún esfuerzo de ofrecérselo a nadie, tenían un súper cliente en la Alcaldía de Medellín que se los iba a pagar con dinero de los contribuyentes.
Pero eso no era todo. El secretario Montoya al parecer no quedó contento con ese aumento del precio del predio y en abril de 2021 produjo otro oficio en el cual decía que ya el predio valía 48.234 millones de pesos.
De la nada aumentó en 12% el ya inflado precio. ¿Ese 12% adicional para quién podría ir? No cabe duda de la suerte de los dueños de Aguas Vivas a los que la Alcaldía de Daniel Quintero les escribía para decirles que cada vez les iban a pagar más por un predio que, cabe recordar, apenas un año antes los dueños no podían utilizar para nada.
Llama la atención además –como escribió en otra ocasión El Colombiano– que para el proyecto del Valle del Software se haya considerado un terreno donde el POT no permite construir y más aún que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed) haya proyectado diseños del corazón del Valle del Software que es el llamado Distrito Futuro, a sabiendas de que en una consulta técnica, Planeación le había dejado claro que no se podía construir allí.
La triquiñuela comenzó a quedar en evidencia el 16 de julio de 2021 cuando los dueños del megalote solicitaron que se declarara al Municipio de Medellín responsable patrimonialmente “por enriquecimiento sin causa justa”. Y que por daño emergente entonces los tenían que “indemnizar” por un monto de $48.234 millones, justo el avalúo que había hecho el secretario Montoya.
El argumento que utilizaron es que el Municipio había incumplido el contrato de cesión gratuita. Pero parecía ser solo una excusa porque pidieron una conciliación que a todas luces parecía ser la fórmula para lograr que la Alcaldía tuviera un sustento jurídico para desembolsar el botín.
Como parte del trámite pidieron concepto a la secretaria de Suministros, Karen Bibiana Delgado, y ocurrió una curiosidad más: primero, el 6 de agosto de 2021, contestó que ni de riesgos, que no podían conciliar, que no podían acceder a ninguna de las pretensiones de los dueños. Pero no había pasado una semana y se retractó: el 12 de agosto mandó un oficio diciendo que sí conciliaran.
Karen Delgado, cabe recordar, acompañó durante los tres primeros años al alcalde Quintero desde la estratégica Secretaría de Suministros y cuando renunció dijo que lo hacía por problemas de salud.
En ese momento estaba llena de cuestionamientos por el extravío de varios bienes de propiedad del Distrito, un ruidoso negocio en un bloque de La Mayorista, el arrendamiento de los parqueaderos del Atanasio a una empresa que administraba un café, o el multimillonario escándalo de la chatarra, por citar unos cuantos.
En el caso de este lote, se retractó porque un funcionario de carrera le había proyectado la primera respuesta y le tocó hacer una “jugadita” para poder cambiar el concepto. La explicación que dio Delgado fue que por lo “complejo” del negocio le pidieron un concepto al abogado externo Julián Pimiento Echeverría.
Pero con lo que no contaba el combo de Daniel Quintero es que cuando fueron a hacer el comité de conciliación, antes de ir a la Procuraduría a conciliar se encontraron con otro funcionario correcto y valiente, el abogado Ricardo Yhon Ospina, quien recomendó “no conciliar ni acceder”.
Él plantea que “no existe prueba suficiente que permita inferir con certeza los perjuicios reclamados, así como tampoco se evidencia el incumplimiento del ente territorial”, y además, advierte, que los dueños no habían entregado de forma material el predio.
Como Ospina parecía ser un estorbo para el team Quintero, Karen Bibiana Delgado, que fungía de secretaria general encargada, pidió volver a hacer otro comité, el 13 de septiembre; dejaron por fuera al que se oponía y concluyeron que el Municipio estaba incumpliendo. O dicho de otra manera: el combo Quintero defendiendo los intereses de los privados y no del Estado.
Entonces, Sergio Andrés López, director del Planeación, Carlos Mario Montoya, secretario de Gestión y Control Territorial y Natalia Jiménez, subsecretaria de Ejecución, dicen que se puede conciliar siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.
No valieron otras mesas técnicas en las que las voces de funcionarios se oponían a conciliar y sobre todo trataban de evitar que el Municipio perdiera esa suma millonaria. Finalmente, el 8 de noviembre de 2021 el comité de conciliación aprueba pagar 40.509 millones de pesos a los dueños del lote Aguas Vivas.
Aprobaron esa propuesta, contra las recomendaciones de los técnicos y en detrimento de los recursos del Municipio. El acta la firmaron Natalia Jiménez Pérez, secretaria general encargada; Alethia Arango Gil, subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público encargada; Ingrid Vanessa González Montoya, secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Leidy Jiménez Echavarría, subsecretaria de proveedores y Yina Marcela Pedroza Gómez, subsecretaria legal de Movilidad. Más que una conciliación era una suerte de asalto al Estado.
No salió la “jugadita”
El periódico El Colombiano publicó el 5 de diciembre de 2021 el “negociazo” que trataban de hacer con detalles de cómo los funcionarios de carrera estaban tratando de evitar el robo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia el 16 de diciembre de 2021 tumbó la conciliación con el argumento de que “no puede prestarse para comprometer recursos públicos sin sujeción al ordenamiento jurídico”. Y para colmo de males, Alethia Arango, en enero de 2022 impugnó ese fallo para que lo revisara el Consejo de Estado. Es decir, una funcionaria pública utilizando su tiempo y recursos en defender la plata de un privado.
Alethia Arango es la misma que ha salido salpicada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) que tiene hoy contra las cuerdas al gobierno de Gustavo Petro. Según La W, Alethia habría priorizado contratos por $400.000 millones que la Unidad de Riesgos entregó a 16 alcaldías.
El Consejo de Estado decidió que no había lugar a la conciliación, le dan la razón al abogado que dio la pelea y dicen que “la conciliación es a todas luces improcedente”.
El team Quintero, al ver que no les salió la “jugadita”, decide devolverles a los privados el predio. Lo hizo el subsecretario Fabio Andrés García Trujillo, un subordinado de Karen Delgado. Es decir, un bien que ya estaba en manos del municipio lo devuelven.
Los dueños no se daban por vencidos y alguna otra maroma tenían entre manos. Y ahí es cuando entra a jugar directamente el entonces alcalde Daniel Quintero. El burgomaestre, que se caracterizó por evadir los riesgos en su alcaldía, poniendo a firmar y a dar la cara a otros, en este caso, según entendidos en materia jurídica, con el ánimo de darles una última mano a los dueños de Aguas Vivas “cometió el error” de modificar por un decreto de la Alcaldía el POT, lo cual va contra la Constitución.
Esa movida es la que acaba de denunciar ante la Fiscalía la propia Alcaldía de Medellín, ahora en cabeza de Federico Gutiérrez.
Vale recordar que la Constitución de 1991 (artículo 313) es clara en decir que aunque los alcaldes pueden proponer el POT, el único que puede aprobarlo, modificarlo, expedirlo y reglamentar los usos del suelo es el Concejo municipal. Una norma que tiene sentido porque cualquier alcalde podría empezar a cambiar todos los usos del suelo para beneficiar a amigos o particulares. Es lo que se conoce como volteo de tierras.
El 12 de mayo de 2023, Quintero expidió el decreto 412 por medio del cual reglamentó el “Valle del software como un programa de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Curioso, por decir lo menos, que ya de salida de su gobierno estuviera reglamentando un programa que se supone era el corazón de su administración.
Quintero decreta que el Parque Ambiental Valle del Software se localizará en el “Eco Parque Las Palmas”, dice que “podrá” construirse equipamiento para educación con una “extensión máxima del 50% del lote y podrán tener una altura máxima de dos pisos” y que “se podrá construir la infraestructura complementaria” entre la cual mencionan hoteles y centros de educación digital. E incluso dicen que podrán tener hasta dos pisos en el área rural y hasta 15 pisos en el área urbana.
En resumen, el decreto del alcalde Quintero les abrió la puerta a los privados para construir hoteles o sitios de Airbnb. Si bien, dice que todo con estricto apego a las normas del POT (acuerdo 48 de 2014), en la práctica, según los expertos, ese decreto hace una modificación sustancial y de fondo de ese Acuerdo 48.
Entre otras irregularidades que la Alcaldía de Medellín detalla en su denuncia penal se menciona que el POT solo permite dotación mínima de infraestructura de acceso y uso público, pero nada como un hotel o un Airbnb. “La norma, que supuestamente remite al POT —Acuerdo 048 de 2014— lo contradice y pretende excepcionarlo vía decreto”, señala la denuncia.
Y añade: “Resulta contradictorio que se pretenda con un decreto que no es norma urbanística (...) asignar aprovechamientos contrarios a las bajas densidades y sin las restricciones ambientales propias del Ecoparque, indicio que estaría encaminado a concluir que se trata de un favorecimiento a terceros (los dueños de algunos de los lotes que conforman el Ecoparque)”.
Así entonces, en las dos demandas, la inicial y la ampliación, interpuestas por el Distrito, se habla de que los funcionarios que hicieron estas gestiones habrían incurrido en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, porque todas las actuaciones ejecutadas por el municipio iban presuntamente orientadas a favorecer los intereses de quienes eran los antiguos dueños del predio Aguas Vivas.
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El Distrito en su demanda, entre otras pruebas, destaca que la secretaría de Control Territorial, en cabeza de Carlos Mario Montoya, hizo un avalúo comercial sobre este bien que ya había sido cedido gratuitamente al Distrito, y que luego de que propusieron conciliar, y el Consejo de Estado no se los permitió.
La alcaldía de Daniel Quintero, sin ningún sustento, ordenó devolver el megalote a sus antiguos dueños, lo cual se hizo efectivo el 12 de mayo de 2023. Y el 1 de junio, apenas 18 días después, es cuando aparece el decreto que los beneficia.
Con el decreto de Quintero la tarea de defensa de los recursos públicos que habían hecho por cerca de dos años funcionarios comprometidos con la ciudad parecía irse al traste pues finalmente en ese pedazo de terreno se podría construir un hotel. Y hasta un mall. Los dueños lo podían hacer rentable.
Y ojo al dato: de repente volvió a desinflarse el valor del predio, pues a la hora de hacer la trasferencia del 85% del mismo a una fiducia para un proyecto inmobiliario, en noviembre pasado, pusieron que valía 3.053 millones de pesos. ¿Qué dirá la Dian?
Sin embargo, ante las evidentes irregularidades, el alcalde Federico Gutiérrez decidió revocar de manera directa el decreto de Quintero y a principios de este mes de julio expidió un decreto nuevo con el que tumbó los artículos del decreto del programa de Software que eran contrarios al POT.
El tira y afloje, de papeles van y papeles vienen, fue de cuatro años. Por momentos parecía que los funcionarios honestos iban a perder el pulso con el combo Quintero: pero la historia suele premiar también a quienes hacen el trabajo correcto, como en este caso.
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Con información de El Colombiano
