El Gobierno oficializó este martes el cambio más drástico en la historia de la lucha contra el narcotráfico al presentar la política "Sembrando vida, desterramos el narcotráfico" con la cual renuncia definitivamente a la guerra tradicional para dar paso a un modelo que suspende la persecución penal al pequeño cultivador y prioriza la asfixia financiera a las grandes estructuras criminales con la meta de reducir 900 toneladas de cocaína para 2026, bajo un enfoque de salud pública y regulación gradual del mercado.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que el corazón de la nueva estrategia es el principio de "oxígeno", diseñado para quitarle la bota militar al eslabón más débil de la cadena.
Según el documento técnico de la política, el Estado garantizará que los pequeños productores en zonas de manejo especial no enfrenten erradicación forzada si demuestran voluntad de tránsito a la legalidad, permitiéndoles acceder a programas de reconversión productiva sin la amenaza de la cárcel o la fumigación.
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"Se busca reducir las vulnerabilidades de los territorios y las poblaciones, permitiendo la integración de estas zonas a la economía legal y el tránsito hacia economías lícitas", reza el texto oficial, confirmando que la sustitución será voluntaria y gradual, y no impuesta a la fuerza.
Mientras se alivia la presión en el campo, la estrategia de "asfixia" ordenó volcar toda la inteligencia del Estado contra los dueños del negocio. Cuervo señaló que la medición del éxito ya no será por hectáreas erradicadas, sino por la capacidad de afectar las rentas criminales y destruir la infraestructura de producción industrial.
La política fijó una meta agresiva de incautación de insumos químicos y destrucción de laboratorios para sacar del mercado 11.776 millones de dosis, concentrando los operativos en la interdicción de cargamentos y el lavado de activos, en lugar de desgastar a la fuerza pública persiguiendo matas de coca en zonas alejadas.
Regulación y consumo
El punto más polémico y novedoso es la ruta hacia la regulación. El ministro confirmó que el Gobierno buscará avanzar hacia una "regulación de mercado" de las sustancias ilícitas, alejándose del prohibicionismo que ha fracasado en las últimas décadas.
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El documento entregado respaldó esta visión al plantear una "regulación justa y responsable" que contemple usos no médicos ni científicos para la hoja de coca y el cannabis, abriendo la puerta a un mercado legal controlado por el Estado para usos adultos e industriales.
Frente al consumo, Cuervo ratificó que se tratará exclusivamente como un tema de salud pública. La directriz ordenó "desarrollar estrategias de prevención" y reducción de daños, eliminando la estigmatización y la respuesta penal para los usuarios, quienes serán atendidos desde un enfoque de derechos humanos y no de policía.
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