El testimonio del menor de 15 años señalado como autor material del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay aporta detalles inéditos sobre la logística, el reclutamiento y las amenazas previas al magnicidio.

El relato, publicado por medios que accedieron a las declaraciones judiciales, describe cómo el joven fue preparado, amenazado y enviado para ejecutar el atentado.

Según el testimonio, el joven, conocido como Tianz, trabajaba en la venta de estupefacientes en bares del barrio El Muelle, en Engativá, y fue contactado por un intermediario identificado como “el Caleño”, con quien ya había realizado encargos menores. Fue ese interlocutor quien le pidió que estuviera “listo” para una “vuelta” el sábado 7 de junio, sin dar detalles del objetivo, lo que le generó sospechas al menor.

La mañana del atentado, afirmó el joven, le ordenaron borrar sus conversaciones y demostrarlo mediante captura y compartiendo pantalla; posteriormente lo recogieron en una moto y en un vehículo Chevrolet Spark negro, donde recibió las instrucciones finales por videollamada de un hombre con gafas Cartier. En el sitio le mostraron una foto y le dijeron: “Pille, toca acostar a este man”, mientras una mujer sacó el arma que usaría en el ataque.

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El relato incluye la intervención de alias “Chipi” o “el Costeño”, identificado como Élder José Arteaga, quien, según el menor, definió el número de disparos, la modalidad ráfaga o tiro a tiro)y la ubicación de impacto —“detrás del cuello”— y le aseguró que la Policía y los escoltas estarían “comprados” o desactivados al momento del ataque, información que, de confirmarse, implicaría un grado de complicidad institucional de enorme gravedad.

La investigación de Fiscalía y la investigación periodística señalan además que la organización criminal habría recopilado información de los movimientos del senador durante meses y coordinado la logística del escape. El joven declaró que, tras el crimen, uno de los teléfonos con pruebas desapareció y que le habían prometido una moto para huir, aunque sospechaba que sería eliminado para borrar rastros. Hasta ahora la Fiscalía no se ha pronunciado en detalle sobre la desaparición de ese dispositivo.

Las detenciones y procesamientos relacionados con el caso han avanzado en los meses posteriores al atentado: hay arrestos de presuntos coordinadores y delictivos señalados como responsables intelectuales o logísticos, y tribunales han confirmado sanciones para el menor que disparó. El caso ha generado múltiples líneas de investigación sobre vínculos entre la banda que operaba en Engativá y posibles órdenes superiores.

La publicación de estas declaraciones revive la discusión sobre el uso de menores por redes criminales y sobre los mecanismos de protección y vigilancia en espacios públicos donde actúan figuras políticas. Voces de prensa y fuentes judiciales continúan aportando elementos a la investigación para esclarecer totalmente quiénes planearon, ordenaron y facilitaron el magnicidio.

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