La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo algunas críticas al fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que declaró culpables a los antiguos jefes del secretariado de las Farc por al menos 21.396 secuestros cometidos por esa organización.

Aunque la defensora destacó que esta es la primera vez que los máximos responsables de las Farc responden por este crimen de lesa humanidad, señaló que hay retos para la implementación de la sentencia, en especial, que las penas impuestas en él, si bien son restaurativas, deben tener también un carácter retributivo.

La opinión de la defensora se suma a la de diferentes sectores políticos y organizaciones de DD.HH. como Human Rights Watch, que han señalado que a la sentencia que impuso a las Farc sanciones relacionadas con la reparación de las víctimas, la protección del ambiente y la búsqueda de los desaparecidos le faltó un componente de privación de la libertad, que estaba previsto en el acuerdo de paz.

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"La sanción es restaurativa, pero también es retributiva. Es decir, debe generar una cierta aflicción, que se traduce en las restricciones de movilidad dentro de ciertos espacios territoriales que fueron fijados para desarrollar el proyecto restaurativo y que se deben ejecutar en cumplimiento de precisas condiciones de horario, lugar de residencia, delimitación de los espacios territoriales, definición de salidas para el cumplimiento de otras actividades", explicó Marín.

Señaló igualmente que para la implementación de las sanciones persisten retos clave como la falta de claridad sobre cómo se hará compatible el cumplimiento de las sentencias con el ejercicio político y la consulta a las víctimas que debe hacerse en los próximos 30 días.

Tanto las víctimas como los comparecientes tienen la posibilidad de apelar la sentencia.

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