La administración de justicia está en deuda con las mujeres en Colombia. Solo el 32 % de las denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio han terminado en una sentencia condenatoria, mientras que el 35 % siguen en etapa de indagación (la primera de los procesos penales).

El reciente caso de la DJ Valentina Trespalacios presuntamente asesinada a manos de John Poulos, con quien sostenía una relación sentimental– volvió a poner el foco mediático en estos crímenes de violencias basadas en género. Sin embargo, el de Trespalacios es la tragedia que miles de familias han vivido históricamente en el país.

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Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, durante 2022 se registraron 614 feminicidios en Colombia. Los departamentos con más casos fueron Valle del Cauca, con 95 registros; Antioquia, con 88; Bogotá, con 83, y Atlántico, con 47.

Entre tanto, datos de la Fiscalía General de la Nación indican que ese mismo año se interpusieron 565 denuncias por este delito, lo que sugiere un subregistro de casi 8 %. Aún así, de esos hechos ocurridos el año anterior y que se denunciaron ante el ente acusador, solo el 9 % terminó en una condena.

Para Estefanía Rivera Guzmán, coordinadora del Observatorio, esta disparidad de cifras se debe a que “Colombia cuenta con un amplio sistema de datos para estos delitos, pero hay un inconveniente muy grande: el análisis de lo que se entiende por feminicido. Muchas veces para la institucionalidad son crímenes que solo ocurren en las relaciones erótico-afectivas, pero para nosotros es mucho más amplia”.

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Desde 2015 el feminicidio se incluyó en el código penal colombiano para que los asesinatos de mujeres –solo por la razón de su género– pudieran ser juzgados con un enfoque distinto al del homicidio y reconociendo la violencia histórica contra las mujeres.

Desde entonces, según datos consultados por EL COLOMBIANO, la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito, de los cuales 608 comenzaron en 2019, 606 en 2021, 595 en 2018, 565 en 2022, 533 en 2020, 462 en 2017, 306 en 2016, 122 en 2015 y dos en los 27 días que han transcurrido de 2023.

Las zonas en las que más se han interpuesto procesos son Bogotá, con 761 casos; Valle del Cauca, con 605; Antioquia, con 391; Tolima, con 198; Santander, con 157; Magdalena, con 150, y Bolívar con 139.

No obstante, al medir el avance de estos procesos ante los estrados judiciales, el balance en más bien gris. En el 64,7 % (2.541) de estos casos no ha habido una decisión de un juez, por lo que el 35 % (1.358) duerme el sueño de los justos en indagación preliminar, el 27 % (1.076) está en estapa de juicio y el 2,7 % (107) en investigación, fase posterior a la imputación de cargos.

Así mismo, los datos indican que cuatro procesos (que representan el 0,1 %) fueron querellables (que fueron conciliados o desistidos), 44 tuvieron una terminación anticipada (el sindicado aceptó los cargos) y 1.256 terminaron en una sentencia condenatoria.

Al respecto, la experta en asuntos de género y quien trabajó con familias víctimas de feminicidios, Yudy Martín, aseguró que “en general los procesos judiciales han tenido un avance lento, desde delitos cometidos en el marco del conflicto armado hasta hurtos. Pero los casis de violencia de género por la estructura que tienen y la manera en la que se presentan son aún más demorados de juzgar”.

En su experiencia, cuenta que en la atención de estas denuncias los investigadores “piden pruebas, videos de cámaras de seguridad o los analizan de una manera en que los meten en la misma bolsa de delitos como homicidio o, cuando es tentativa, hasta lesiones personales”.

De igual manera, explica que el subregistro de los casos de feminicidio se debe, en gran medida, a que “son delitos a puerta cerrada, en el que una investigación queda en la palabra de una personas contra la palabra de otra. Entonces hay que hacer peritajes que son muy revictimizantes y otras líneas que representan una barrera para la justicia”.

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A su vez, Estefanía Rivera de la Red Feminista Antimilitarista explica que cuando estos casos los conoce la justicia “es muy dificil saber si empiezan o terminan como feminicidio, pue el acceso a la justicia ha estado construido y operado por hombres, lo cual representa que ha sido difícil que cuenta la vida de las mujeres.

Y agrega que más allá de pensar en que las cifras ente la justicia mejoren, hay que atacar las causas de la violencia de género, pues “podríamos tener muchas más sentencias condenatorias por estos casos, pero si siguen las condiciones de vulnerabilidad social y no mejoran las condiciones económicas de ellas no va a bajar la violencia feminicida. Por eso no solo es necesario el acceso a la justicia”.

Mejorar el acceso a la justicia

Si en algo hay un consenso generalizado es que para las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género, o para sus familias, es el acceso a la justicia: desde ir a una Unidad de Reacción Inmediata y rendir testimonio, hasta todas las instancias de un proceso penal en el que ordenan hacer valoraciones o revivir en cada audiencia vivencias o hechos delorosos.

Por eso, las dos expertas consultadas por EL COLOMBIANO coinciden en que los funcionarios, investigadores y responsables de la recepción, análisis y juzgamiento de las denuncias haya una sensibilización para que no haya revictimización contra las mujeres ni se estudien casos desde los prejuicios e imaginarios.

“Los funcionarios deben estar sensibilizados en los temas de género para que haya un abordaje psicosocial más amplio. Estamos hablando de un tema de educación y prevención. Desde la ley Rosa Elvira Cely se ha generado la idea de hablar de estos temas y ha producido que la gente hable más de esto y que se haya dejado de hablar de crímenes pasionales”, expresó Yudy Martín.

Por su parte, Rivera comentó que en violencia de género “el nivel de impunidad en terminos sociales también se refleja en los términos de justicia. Por eso, las instituciones tendrían que tener instalaciones especiales para que las mujeres accedan a la justicia y, posteriormente, haya seguimiento, acompañamiento y una actuación inmediata, para que no sintamos que hablamos y denunciamos, pero no nos escuchan”.

Lo concreto, es que si bien la administración de justicia no podrá devolverle la vida a las mujeres que han muerto a manos de los feminicidas, sí puede generar precedentes con sus decisiones que dejen atrás el alto porcentaje de procesos irresueltos; así como la sensibilización desde la sociedad puede erradicar las prácticas justificadoras de la violencia de género, que tiene en el feminicidio su peor versión.

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