La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, por presuntos delitos de corrupción, peculado por apropiación y lavado de activos.

El caso ha conmocionado a la opinión pública, ya que González, quien fue una figura clave en la administración del presidente Gustavo Petro, está acusado de utilizar su cargo para beneficio propio y de alterar el manejo de recursos públicos de manera irregular.

De acuerdo con el escrito de acusación, el exfuncionario habría utilizado su posición en el Dapre para recibir beneficios ilegales a cambio de su poder y apoyo. La Fiscalía sostiene que estas acciones fueron directamente perjudiciales para los bienes jurídicos protegidos por el Estado, afectando gravemente la administración pública y el orden económico y social. La acusación ha sido respaldada por una serie de pruebas que sugieren que González no solo se benefició de recursos públicos de forma ilícita, sino que también ideó maniobras para ocultar su origen a través de operaciones de lavado de activos.

La mano derecha del presidente bajo sospecha

González, quien fue considerado en su momento como la mano derecha del presidente Petro, se enfrenta ahora a una serie de cargos graves que comprometen su legado político y la confianza que se había depositado en su figura. Según la Fiscalía, el exdirector del Dapre desempeñó un papel central en una red de corrupción que involucró a varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos Olmedo López, exdirector de la Ungrd, Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara.

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El documento de acusación detalla cómo González se aprovechó de su cargo para orquestar el desvío de fondos públicos, con la finalidad de ocultar la procedencia de los dineros mediante maniobras financieras. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía incluyen transferencias y registros bancarios que indican cómo se lavaron estos recursos para darles apariencia de legalidad, lo que permitió a los acusados disponer de ellos sin levantar sospechas.

El juicio continúa sin el acusado

A pesar de la gravedad de los cargos y el avance del proceso, Carlos Ramón González no estará presente en la audiencia de acusación. El exfuncionario permanece en Nicaragua, donde solicitó asilo político tras los señalamientos en su contra. De acuerdo con su equipo de defensa, González no tiene planes de regresar a Colombia, ni siquiera si la Corte Suprema dicta una eventual condena.

No obstante, la solicitud de asilo en Nicaragua no suspende el curso del juicio en Colombia. La Corte Suprema ha fijado la audiencia de acusación para el próximo 29 de enero de 2025, en la que se presentarán formalmente los cargos y se definirá el rumbo del proceso judicial. A pesar de la ausencia del acusado, el juicio continuará su curso, con las autoridades judiciales comprometidas en esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

La confianza en las instituciones bajo la lupa

La acusación contra González resalta una vez más la fragilidad de las instituciones públicas en Colombia y la lucha constante contra la corrupción dentro de la administración estatal. El caso pone en evidencia la capacidad de ciertos funcionarios para aprovecharse de su poder y de los recursos públicos en su beneficio, y pone en duda la eficacia de los mecanismos de control dentro del gobierno.

La Fiscalía, en su escrito, destacó que los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas, haciendo un llamado a que se respete el debido proceso y que, en su momento, se haga justicia.

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