La cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, atraviesa una emergencia sanitaria luego de que las autoridades de salud confirmaran 17 casos de tuberculosis al interior del penal, situación que se suma a la aparición de pacientes con varicela y a las denuncias del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que señaló que las condiciones de salubridad del centro de reclusión estarían incidiendo en la propagación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias informaron que se mantienen activos los protocolos para frenar la transmisión y que adelantan labores de seguimiento a los internos diagnosticados. "Seguiremos haciendo toda esta supervisión para garantizar que estas personas estén aisladas, que usen elementos de protección personal y, así pues, recibiendo su medicación, evitar que se transmita esta enfermedad y garantizar su pronta recuperación", indicó una de las fuentes oficiales encargadas del acompañamiento al brote.

Descubra más: Ojalá Alex Saab no contrate un candidato como abogado: fuerte dardo de Paloma Valencia a De la Espriella

Junto con los 17 casos de tuberculosis, los equipos de salud reportaron la detección de pacientes con varicela en el mismo establecimiento, por lo que el penal se mantiene bajo vigilancia para evitar que ambos cuadros infecciosos se expandan entre la población reclusa, los guardias y el personal administrativo.

Desde el sindicato del Inpec advirtieron que las condiciones sanitarias del lugar complicarían el control de la situación, un señalamiento que coincide con el panorama que ya había sido documentado en otras cárceles del país y que llevó a la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a ordenar, el pasado 10 de diciembre, un plan sanitario de emergencia para detener brotes similares en Antioquia y Santander.

En aquella decisión, el alto tribunal determinó que el hacinamiento y la ausencia de medidas mínimas de salubridad estaban exponiendo al contagio a internos, guardias y familiares en estaciones de policía y cárceles. La Corte calificó como inadmisible que se continuara con el traslado de personas de un lugar a otro sin garantizar condiciones básicas de salud y advirtió que la enfermedad se concentra con facilidad en espacios sin ventilación adecuada.

Lo que debe saber: Petro propone acabar concesión de Autopistas del Café tras vencimiento del contrato en 2027

Las cifras citadas por el tribunal mostraron la magnitud del problema en otras regiones. En Medellín, la estación Área Meval, con capacidad para 18 personas, mantenía retenidas a 240, equivalente a un hacinamiento del 1.233 %, mientras que el centro de la Sijín en la misma ciudad alcanzaba un sobrecupo del 610 %. En Bucaramanga, la Estación Norte albergaba a 152 ciudadanos en un espacio diseñado para 15, una sobrepoblación superior al 900 %.

La Corte también detalló que en la cárcel El Pedregal de Medellín, la Secretaría de Salud confirmó diez internas diagnosticadas con tuberculosis en el patio femenino, lo que dejó expuestas a 180 mujeres que compartían el mismo espacio. Las reclusas denunciaron que la cifra real de contagios podría ser mayor y que persistían las fallas en la atención médica y en el suministro de tapabocas.

En la Cárcel Modelo de Bucaramanga, con un hacinamiento cercano al 78 %, se registró en febrero de 2025 un brote que afectó a más de cien internos. Pese a ese antecedente, el tribunal recibió denuncias sobre el ingreso continuo de personas trasladadas desde estaciones de policía sin pruebas médicas previas para descartar la enfermedad.

Le contamos: Petro cuestiona a Ecopetrol por mantener alta demanda de gas en medio del “meganiño”

El fallo de la Corte ordenó a las autoridades nacionales y locales ejecutar un plan de choque alineado con el Programa Nacional de Tuberculosis, que obliga a realizar tamizajes a todas las personas que ingresen al sistema o presenten síntomas respiratorios, así como a establecer zonas de aislamiento respiratorio con ventilación adecuada para los casos sospechosos o confirmados.

Una de las medidas dictadas por la Sala fue la prohibición de mover presos entre distintos centros de reclusión si no contaban con una certificación médica que demostrara que no eran contagiosos, salvo cuando se tratara de transporte sanitario especializado. El tribunal también ordenó garantizar el suministro ininterrumpido de los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, los cuales deben entregarse bajo supervisión directa.

La sentencia precisó que la crisis no se resuelve únicamente con acciones dentro de los penales y que requiere la intervención del Ministerio de Salud para brindar asistencia técnica a los entes territoriales, así como la vigilancia reforzada de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el cumplimiento de los protocolos de detección y tratamiento.

Aunque la decisión del alto tribunal se concentró en Antioquia y Santander, el brote confirmado en la cárcel San Sebastián de Ternera abrió un nuevo frente en Bolívar, donde las autoridades sanitarias y el Inpec deben sostener el aislamiento de los 17 pacientes diagnosticados, el suministro de medicamentos y el control simultáneo de los casos de varicela detectados en el mismo penal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .