El segundo comandante del Ejército, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá' adelantan procesos de carnetización forzada sobre pobladores de zonas rurales en los departamentos del Meta y Guaviare, en el marco de la disputa territorial que sostienen ambas estructuras y a dos semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, según lo expuesto en un consejo de seguridad realizado en la gobernación del Meta junto a la mandataria departamental, Rafaela Cortés.

Rodríguez Aparicio, quien también ejerce como jefe del Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, indicó que el trasfondo de la confrontación armada en el sur del país dejó de limitarse a las rutas de economías ilícitas. "En el contexto de esta disputa por el territorio no es solo el territorio, es la población", afirmó el oficial al referirse al accionar de las dos estructuras en la región.

El comandante sostuvo que las labores de inteligencia ya documentaron el procedimiento mediante el cual los frentes ilegales identifican y registran a los habitantes de las veredas. "Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos", señaló durante la rueda de prensa.

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Rodríguez Aparicio precisó que durante 2026 las tropas registraron 217 afectaciones contra estos grupos armados, e indicó que las acciones se concentraron en bombardeos y golpes a estructuras de mando en los dos departamentos. "Se han dado resultados de relevancia en ese departamento del Guaviare durante los últimos meses, que ya han sido de conocimiento público, unos bombardeos y unas afectaciones importantes, y también en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos", expresó.

El oficial recordó que las dos disidencias, que rompieron alianzas en agosto de 2024, mantienen un enfrentamiento abierto por el control de corredores. "En unas regiones se apoyan para golpear a un enemigo común, en otras se matan entre ellos", había señalado el comandante en una declaración anterior sobre la disputa interna entre las facciones.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, denunció que el mecanismo de carnetización mutó hacia una herramienta de presión electoral en las comunidades más alejadas. Cortés sostuvo que los habitantes de áreas rurales recibieron desde hace meses panfletos y exigencias directas para inscribirse bajo directrices impuestas por las estructuras armadas, con el fin de condicionar el sufragio en los comicios presidenciales.

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Según el reporte oficial entregado en el consejo de seguridad, las estructuras señaladas son las que responden a alias 'Calarcá' —al frente del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)— y a alias 'Iván Mordisco' —jefe del Estado Mayor Central (EMC)—, ambas con presencia sostenida en la región del Llano y la Amazonía.

Los audios de Rogelio Benavides

La denuncia del Ejército y la Gobernación se conoce días después de que circularan grabaciones atribuidas a alias 'Rogelio Benavides', identificado por informes de inteligencia como mando subalterno de 'Calarcá' que opera desde el sector de Puerto Cachicamo, en el Guaviare. En los audios difundidos por Noticias RCN, el disidente impartió instrucciones a presidentes de juntas de acción comunal y habitantes rurales sobre reuniones obligatorias, "manuales de convivencia" y cobros impuestos a la población.

"Tengan un fraternal y revolucionario saludo de parte de las FARC-EP. Háganme un favor, transmitan esta información allá a las comunidades. Oiga, señores de la comunidad, hermano, yo les estoy hablando seriamente. No busquen que yo vaya y levante el rancho a punta de plomo para que vean que sí es cierto", se escucha en una de las grabaciones.

En otro fragmento, el disidente manifestó una preferencia electoral. "Ojalá gane el compañero Cepeda (…) ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros", afirmó, en alusión al senador Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico.
Las grabaciones también contienen amenazas explícitas a quienes no acaten los cobros. "Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toque vender las gallinas (…) para pagarme la multa", dijo el subalterno, quien en otro segmento mencionó la posibilidad de ordenar homicidios. "¿Qué le cuesta mandar un peladito para allá para que les pegue un susto? Porque a nadie se asusta, se mata (…) para que dejen y cojan susto los demás", agregó.

Según los testimonios y los reportes de inteligencia recogidos por medios nacionales, la carnetización funciona como una modalidad de extorsión: los campesinos deben pagar entre 100.000 y 250.000 pesos por un documento que, supuestamente, certifica la propiedad de sus tierras. Quienes se niegan al pago enfrentan advertencias de expulsión y de pérdida de sus predios, según el contenido de los audios atribuidos a 'Benavides'.

Sobre estas grabaciones, Cepeda fijó posición pública. "Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley", declaró el candidato.

El contexto electoral

El 15 de mayo, las disidencias bajo el mando de 'Calarcá' comunicaron la suspensión de operaciones ofensivas contra la fuerza pública entre el 20 de mayo y el 10 de junio, en coincidencia con la jornada electoral. "Les informamos que hemos ordenado a todos nuestros frentes, columnas y compañías la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública desde el día 20 de mayo a las 00:00 hasta el día 10 de junio a las 00:00 en todo el territorio nacional", se lee en el documento divulgado por la estructura, que se reservó "el derecho a la legítima defensa".

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Frente a este escenario, las autoridades anunciaron el despliegue del Plan Democracia 2026, que contempla la presencia de más de 200.000 integrantes de la fuerza pública —130.000 militares y 70.000 policías— para custodiar 13.493 puestos de votación en todo el país, según la información entregada en su momento por el Ministerio de Defensa y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El registrador nacional, Hernán Penagos, solicitó el 13 de mayo un acompañamiento especial de la fuerza pública en zonas del Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. A este listado se sumaron ahora el sur del Meta y el Guaviare, donde la cúpula militar y la gobernación anunciaron el envío de unidades adicionales de las fuerzas de despliegue rápido.

Las dos disidencias mencionadas por el oficial tienen orígenes y trayectorias diferenciadas. 'Iván Mordisco', nacido en El Peñón (Cundinamarca) en 1974, fue el primero en apartarse del Acuerdo de Paz de 2016 desde el Frente Primero 'Armando Ríos'; 'Calarcá Córdoba', nacido en Mesetas (Meta) en 1983, inició su recorrido armado en el Frente 40. Ambos compartieron filas en el desaparecido Estado Mayor Central hasta la ruptura de 2024.

La estructura comandada por 'Mordisco' agrupa cerca de 3.200 combatientes y se financia con el tráfico de cocaína, minería ilegal, extorsiones y otros delitos. La facción de 'Calarcá', por su parte, mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que la de 'Mordisco' es objetivo de operaciones militares ofensivas.

Sobre el paradero del jefe del EMC, Rodríguez Aparicio había precisado en una entrevista previa con El Tiempo que el cabecilla permanece en territorio colombiano. "No ha traspasado frontera, se mantiene en las selvas del Guaviare", afirmó el oficial.

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