El Gobierno del presidente Gustavo Petro se empeñó a fondo con la política de Paz Total, pero tres años después de haber iniciado su mandato, dos graves atentados terroristas han dejado en claro que fue el camino equivocado.

El jueves de esta semana, 19 personas murieron y más de 70 resultaron heridas, en dos ataques no relacionados entre sí, el derribamiento de un helicóptero antinarcóticos con un dron en Amalfi (Antioquia) y la detonación de un artefacto explosivo frente a la Escuela Militar de Aviación, en Cali.

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Los responsables son dos grupos que hacen parte de las disidencias de las extintas Farc, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, comandado por alias Calarcá y el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias Iván Mordisco. Dos grupos con los que, al menos en un principio, el Gobierno intentó negociar, pero que aprovecharon para fortalecerse en los últimos tres años.

Ambos hechos ocurrieron este jueves 21 de agosto. El primero a las 11:30 a.m., cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional fue derribado por un dron cargado de explosivos mientras realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Los Toros, zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia. La aeronave transportaba a 16 uniformados; 13 de ellos fallecieron en el acto y tres resultaron heridos. Aunque en un principio se pensó que el responsable habría sido el Clan del Golfo, rápidamente se clarificó que fue obra de la Estructura 36 de las disidencias de Calarcá.

Según fuentes de inteligencia, el atentado lo ordenó Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo, comandante de esa estructura, quien tiene 37 años, de los cuales al menos siete los ha dedicado a la vida criminal. Se mueve entre los municipios de Anorí, Campamento y Angostura (Antioquia), donde ha consolidado una estructura de control territorial y armado, pero lo que más preocupa es que cometió esos actos, habiendo sido parte del último ciclo de negociaciones de esa guerrilla con el Gobierno. Diálogos que se adelantan desde 2023 bajo la sombrilla del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes.

Pero no solo eso, había quedado libre gracias al proyecto de Paz Total del Gobierno. Fue detenido en 2024 cuando se movilizaba junto a otros integrantes de esa guerrilla en doce camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al negarse a descender de ellas a pesar de los requerimientos de ley, lo que generó momentos de tensión. Luego fue dejado libre. Pero contrario a lo que podría creerse, las acciones de alias Chejo no parecen ser aisladas, sino de una actitud contraria a la paz tomada por ese grupo criminal.

La conclusión es evidente: quienes negocian con el Gobierno también están detrás de la nueva ofensiva violenta, lo que deja en entredicho la seriedad de su supuesta voluntad de paz.

Así lo explica el director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Andrés Preciado, quien es enfático en afirmar que las negociaciones de paz han perdido altura. “Como las mesas no tienen ni metodología clara ni una manera de alcance y la Paz Total perdió el humo mediático que tenía el primer año, ya las mesas no son un mecanismo de contención del grupo porque no tienen alcance, porque no tienen cumplimiento, porque no tienen piso jurídico. Entonces simplemente son reuniones de encuentro entre Gobierno y grupo que no generan ningún tipo de contención. Entonces, de alguna manera, lo que pasó fue que negociar la paz se 'perrateó', al punto de simplemente hacerse recriminaciones de incumplimiento”.

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El segundo atentado se enmarca en una lógica un poco distinta tanto por sus hechos como sus autores, pero parecida en cuanto al hecho de que reafirma el fracaso de la Política de Paz y seguridad. “Esta es una situación en donde lo que no pudo concretar la política de paz, que era el apaciguamiento de los grupos dentro de los dos primeros años, se va a ver reflejado en el tercer y cuarto año que es una crisis de seguridad. Es decir, la falta de efectividad de los ceses al fuego y las mesas de negociación”, explica Preciado.

El epicentro de este atentado fue Cali, Valle del Cauca. Un camión bomba explotó en inmediaciones de la estación de Policía del barrio Mariano Ramos, dejando seis civiles muertos y más de 70 personas heridas, entre ellos uniformados y transeúntes.

Según el Gobierno, la acción fue perpetrada por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en retaliación al éxito operacional de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca; “El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les queda otra opción, sino mostrar su desespero atacando a la población”, explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Concretamente, las autoridades tienen en la mira a Iván Jacob Arredondo, conocido como alias Marlon, cabecilla de la estructura Jaime Martínez, quien habría ordenado el ataque. Hasta el momento se han registrado dos capturas relacionadas con el hecho. Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una reacción a la ofensiva, Preciado advierte que también refleja “las falencias que se han visto en inteligencia en todo el Gobierno Petro” y evidencia la falta de capacidad para prever la respuesta de los grupos ante operaciones de la Fuerza Pública.

En suma, los recientes ataques en Antioquia y Cali muestran cómo la falta de efectividad de las negociaciones de Paz Total y de las mesas de diálogo han derivado en un fortalecimiento de las disidencias y un aumento de la violencia.

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