Una nueva amenaza enfrentan las víctimas del conflicto armado en el país, y es que además del sufrimiento y las afectaciones que les ha causado la guerra, ahora estarían siendo blanco de personas inescrupulosas que haciéndose pasar por funcionarios del Gobierno Nacional, les estarían exigiendo dinero para gestionar documentos y beneficios.
La denuncia la hizo la propia Unidad para las Víctimas que, de acuerdo con las quejas recibidas, estima que son alrededor de 1.000 las personas estafadas, principalmente en ciudades como Cali, Palmira y Jamundí, pero también se habrían registrado casos en Cúcuta, Medellín y Santa Marta.
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De acuerdo con la información que maneja la entidad gubernamental, la red de estafadores estaría operando en la capital del Magdalena, desde donde supuestamente se trasladan en vehículos blindados y rodeados de presuntos guardaespaldas, hasta las ciudades mencionados, que justamente son las receptoras de las víctimas que viene dejando la escalada violenta de los grupos guerrilleros en varias regiones del país.
Modus operandi
La Unidad para las Víctimas detalló que esta organización criminal está suplantando la identidad de funcionarios y exfuncionarios a través de las siguientes prácticas muy bien orquestadas.
Estas personas invitan a las víctimas a reuniones “confidenciales” en las ciudades mencionadas, les exigen dinero a cambio de promesas de pago por supuestas indemnizaciones y entregan cartas falsas de indemnización a quienes realizan los pagos exigidos.
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En este sentido, desde la entidad han lanzado la advertencia a través de sus redes y web oficial, aclarando que ningún funcionario está autorizado a usar su nombre para realizar trámites, gestionar documentos o pedir dinero por los trámites y servicios.
Asimismo, hicieron recomendaciones a las víctimas como: no compartir información personal con personas desconocidas, no realizar pagos a cuentas personales por ningún trámite, desconfiar de cualquier beneficio o programa que no sea difundido por los canales oficiales de las entidades y tener presente que todos los trámites y servicios con la Unidad son gratuitos y no requieren de intermediación.
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“Rechazamos enfáticamente estas prácticas que atentan contra la integridad institucional, la confianza ciudadana y la Política Pública de Víctimas. Reiteramos nuestro llamado para que cualquier intento de cobro por los servicios que ofrece la Unidad sean denunciados, usando nuestros canales oficiales de atención a víctimas”, manifestó la entidad a través de un comunicado.
Al respecto, indicaron que ante cualquier duda las personas pueden comunicarse al 121, que es el número de autoconsulta; la línea gratuita nacional: 01800 091 1119, ingresar al portal web de la entidad o acercarse directamente a los Centros Regionales de Atención (CRAV) o Puntos de Atención a Víctimas (PAV) de todo el país.
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