Álvaro Uribe volvió a sacudir el escenario político nacional tras anunciar que acudirá a una acción de tutela para frenar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.
El expresidente aseguró que se trata de una medida abusiva que impactará negativamente a los ciudadanos y que, a su juicio, se está utilizando para imponer cargas económicas sin el debido control institucional.
A través de un pronunciamiento público, Uribe confirmó que el Centro Democrático, junto a su candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, presentará este 24 de diciembre la acción judicial como mecanismo urgente para intentar detener los efectos inmediatos del decreto.
“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy tutela contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, afirmó el exmandatario.
El decreto de emergencia económica fue expedido luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, situación que llevó al Gobierno a argumentar la necesidad de obtener recursos de manera extraordinaria para garantizar el funcionamiento del Estado y cubrir compromisos fiscales. No obstante, la medida ha generado una fuerte controversia política y jurídica.
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Sectores de la oposición sostienen que la declaratoria de emergencia constituye una extralimitación del Ejecutivo, al considerar que no se configuran los hechos sobrevinientes que justificarían acudir a este tipo de mecanismos excepcionales. Además, advierten que las decisiones adoptadas bajo este marco podrían traducirse en nuevos impuestos, ajustes económicos y mayores cargas para los ciudadanos.
Uno de los puntos que más inquietud ha generado es que la Corte Constitucional no revisará el decreto de manera inmediata, ya que el alto tribunal se encuentra en vacancia judicial. Según se informó, el análisis constitucional solo se realizará a partir del 13 de enero, cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
Este lapso ha sido calificado por la oposición como un “vacío de control”, durante el cual el Gobierno tendría vía libre para aplicar medidas económicas sin supervisión judicial previa.
Desde el uribismo insisten en que la tutela busca proteger los derechos fundamentales de los colombianos, evitar afectaciones económicas inmediatas y frenar lo que consideran una utilización indebida de las facultades excepcionales del Estado.
El anuncio de Uribe reaviva la confrontación política en un cierre de año marcado por tensiones institucionales y decisiones económicas que siguen generando incertidumbre en distintos sectores del país.
