El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que el rezago en inversión para avances tecnológicos e innovación en el sector Defensa compromete la seguridad del país, al revelar que entre 2024 y 2025 solo el 4,6% del presupuesto del área se destinó a este rubro, lo que corresponde a $3.8 billones.
Durante la instalación de un foro sobre nuevas estrategias en ciencia y tecnología para la defensa, el jefe del organismo de control explicó que esta baja asignación de recursos restringe la capacidad de modernización del sector y conduce a una peligrosa obsolescencia tecnológica.
Según detalló, el presupuesto de 2024 asignó un 94,5%, equivalente a $53,8 billones, para el funcionamiento y personal del sector defensa. Un 0,9%, que representa $400.000 millones, se usó para el pago de la deuda, dejando únicamente los $3,8 billones para inversión.
Esta restricción presupuestaria, según la Contraloría, no solo agudiza el rezago tecnológico, sino que también compromete la protección de la infraestructura crítica nacional, haciendo al país más vulnerable ante amenazas externas e internas. El Contralor Rodríguez hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para descongelar recursos y aumentar la inversión que permita modernizar las capacidades militares en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, mediante la integración de tecnologías como inteligencia artificial y sistemas antidrones.
"No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con tecnología del siglo pasado. La inversión en innovación y modernización es clave para garantizar la soberanía y la seguridad de los colombianos", afirmó el Contralor. Además, alertó sobre las nuevas modalidades de criminalidad, como los ciberataques, que podrían paralizar los sistemas financieros, eléctricos y de comunicaciones del país, y los ataques con drones y sistemas no tripulados que obligan al Estado a avanzar en soluciones para modernizar la fuerza pública.
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En el marco del evento, la Contraloría expuso varias advertencias y hallazgos de auditoría de 2023 y 2024 que identifican serias deficiencias que ponen en riesgo la seguridad nacional. Uno de los casos más graves es la inadecuada administración de municiones y material de guerra en el Ejército, donde una fiscalización en 2024 encontró explosivos y municiones vencidas y almacenadas en condiciones inapropiadas, generando un daño patrimonial superior a los $9.500 millones. Esta situación, además de comprometer el gasto público, representa un riesgo directo para el personal militar.
El ente de control también se pronunció sobre los convenios del Ministerio del Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (FONSECON), para construir estaciones de policía. Se detectaron atrasos considerables en municipios como Montelíbano (Córdoba), con un avance físico del 35%; Alto Baudó (Chocó), con el 11%; Liborina (Antioquia), con un 15%; y Carmen de Viboral (Antioquia), sin un avance significativo.
Otro hallazgo fiscal relevante involucra a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), por la transferencia de catorce predios avaluados en más de $540 mil millones a cambio de un edificio en Bogotá que, desde 2019, no se ha recibido. Este caso se encuentra en un proceso de responsabilidad fiscal con medidas cautelares de embargo y secuestro.
Igualmente, se determinó un daño patrimonial por $27.814 millones en el proyecto del Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, a cargo del Ejército, una obra en la que se invirtieron más de $34 mil millones durante ocho años y que sigue inconclusa
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Una de las advertencias más recientes fue sobre el riesgo inminente de perder 13.5 millones de dólares por el incumplimiento de un contrato del Ministerio de Defensa para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército.
La Contraloría también alertó sobre el incremento de la criminalidad en Colombia. Citando cifras del GAULA, señaló que en 2025 se reportaron 4.573 casos de extorsión, de los cuales el 56% fueron de modalidad digital. Así mismo, se informó un aumento del 73% en áreas de explotación ilícita de oro entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, afectando más de 100.000 hectáreas de cobertura vegetal.
Finalmente, el Contralor Rodríguez invitó al Gobierno, la Fuerza Pública, la academia y el sector privado a unir esfuerzos para consolidar una seguridad integral que impulse el desarrollo económico y fortalezca la confianza ciudadana. "La seguridad de la Nación no es un gasto, sino una inversión en el futuro, modernizar nuestras capacidades es garantizar que cada peso público se traduzca en protección, confianza y progreso para todos los colombianos", concluyó.
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