La construcción de una estación de combustibles en la carretera Ocaña-Aguachica es el detonante de un prolongado conflicto fronterizo entre Norte de Santander y el Cesar donde los labriegos se encuentran en el limbo desde hace casi 20 años.
En 2006, la chispa la prendió el ingeniero Jorge Eliécer Manosalva Durán al instalar unos surtidores para vender gasolina subsidiada a la orilla de la arteria vial en la finca llamada Indonesia a donde llegaban caravanas de vehículos para aprovechar el precio, despertando la inquietud de los distribuidores de hidrocarburos vecinos.
Manosalva fue demandado y el IGAC trazó una línea, ordenó que 200 predios rurales ya no eran de Norte de Santander sino del Cesar.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin tener en cuenta el arraigo, procede a trasladar las cartas catastrales hacia los municipios de Río de Oro y San Martín en el sur del vecino departamento.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, falla a favor del comerciante ocañero, pero únicamente devuelven esa carta catastral. Sin embargo, el veredicto no aplicó para el resto de campesinos que viven en el limbo, indica el abogado Diego Jácome Vergel.
Allí comenzó la pesadilla para más de mil familias campesinas de Ocaña porque esas decisiones arbitrarias causan traumatismos en los programas sociales, educación, salud, infraestructura vial, atención a las víctimas e incluso en el pago del impuesto predial.
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“Nos acostamos como nortesantandereanos y despertamos siendo ciudadanos cesarenses de la noche a la mañana, lo que genera incertidumbre a la hora de hacer trámites legales”, afirma el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Amanecer, Héctor Jorge Navarro Sánchez.
La última palabra
En ese trasegar el expediente relacionado con los límites dudosos ha llegado hasta la mesa directiva de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes donde se desarrolló una audiencia pública el 5 de junio del presente año para dirimir el conflicto limítrofe radicado por el IGAC el 10 mayo de 2023.
El encuentro virtual sirvió para escuchar a los actores del territorio, institucionales, comunales, líderes sociales, académicos y afectados, con el fin de despejar dudas y tomar una determinación salomónica que no afecte a las partes en controversia.
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En ese proceso conciliación y deslinde fueron designados como ponentes a los representantes Carolina Giraldo Botero y Eduard Alexis Triana Rincón quienes tendrán la responsabilidad de exponer en plenaria los mecanismos tendientes a resolver las desavenencias y garantizar la dinámica social, cultural y económica en la zona rural afectada.
El ajedrez territorial
Como si se tratase del juego ciencia, los dirigentes de ambos departamentos presentan los alegatos acompañados de mapas, estudios técnicos, coordenadas y datos históricos para demostrar el arraigo cultural de la población asentada en la línea de frontera.
El delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, José Ricardo Guevara explica los aspectos técnicos, soportes jurídicos de las tradiciones catastrales y lineamientos de ordenamiento de los territorios en ese litoral.
La extensión abarca 91.98 kilómetros cuadrados, casi 10.000 hectáreas e incluye 374 propiedades de 13 asentamientos rurales que históricamente recibían los servicios de educación, salud, infraestructura vial, incluidos en los procesos de reparación de las víctimas de la violencia.
El secretario jurídico de la Gobernación de Norte de Santander, Jhonny José Sánchez Carrascal, no está de acuerdo con los planteamientos del IGAC, aduciendo el arraigo y la tradición cartográfica de Ocaña con más antigüedad que Río de Oro e incluso con el Cesar, creado en 1967.
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La defensa está sustentada con la presentación de mapas de los linderos por parte de la secretaría de Planeación departamental, donde se comprueba la asistencia en todos los programas sociales, la inversión en infraestructura vial, educación y salud por parte de Norte de Santander.
Vulnera los derechos fundamentales
El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, asegura que esas decisiones arbitrarias vulneran los derechos fundamentales de más de 1.000 familias campesinas en su mayoría víctimas de la violencia.
“Los procesos de reparación se ven afectados ante los tropiezos por el traslado de las cartas catastrales de manera inconsulta y sin mirar una realidad”, manifiesta.
Solicita al Congreso de la República dirimir a favor de esa población revictimizada ante un nuevo trazado sin pensar en el impacto socioeconómico de las comunidades.
El presidente de la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Amanecer, corregimiento Agua de la Virgen, Héctor Jorge Navarro, reclama a los dirigentes de la región hacer valer el arraigo cultural y echar para atrás el procedimiento inconsulto del IGAC.
“Nuestros predios no corresponden a un rollo de tela donde cualquier persona puede cortar a su antojo sin importar los derechos adquiridos durante muchos años de sudor y sacrificios. Esa decisión repercute en la prestación de los servicios de salud, educación, matrículas inmobiliarias para traspasos y pagos de impuestos”, agrega.
“A mi vecino Germán Sanjuán le llegó una factura de impuesto predial de su finca por 8 millones de pesos de la secretaría de Hacienda de Río de Oro, cuando se encuentra al día con Ocaña. Eso es injusto”, añade.
La misma situación viven los agricultores de las veredas San Pedro, El Cauca, La Ceiba, Yerbabuena quienes no han recibido el beneficio de la reparación colectiva de víctimas debido a esos enredos jurídicos.
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“Estamos cansados de asistir a las reuniones y nunca se escucha una solución definitiva”, dice Luis Eduardo Díaz Álvarez, presidente de la junta comunal del corregimiento Pueblo Nuevo de Ocaña.
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