La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió una acción de tutela instaurada por el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, en contra del presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti y los representantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La acción de tutela fue admitida ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la seguridad, la honra y el buen nombre. 

En la misma Bohórquez, exige al primer mandatario y al ministro retractarse frente a las declaraciones de que él apoyaba a grupos insurgentes. Señalamientos que surgieron debido a las denuncias sobre posibles excesos de las fuerzas militares durante la retoma de la zona del Catatumbo. 

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Asimismo, se remitió copia de la solicitud de tutela a los accionados y a los terceros interesados para que procedan a ejercer su derecho de defensa, y rindan el respectivo informe dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia.
 

Los argumentos

Frente a los comentarios de que el personero estuviera apoyando insurgencias en el país, declaró que “nosotros hemos sido muy neutrales en las funciones municipales y esta situación me ha traído consecuencias como amenazas y señalamientos a través de redes sociales y eso no lo voy a permitir”.

Esta acción se inició en compañía de la Defensora del Pueblo, Iris Marín y el presidente de la Asociación Nacional de Personeros con el fin de conseguir una retractación pública.
 
“He sido notificado por parte del Consejo de Estado que ha sido aceptada esa tutela y entregan tres días al presidente de la República y el ministro para que ellos expliquen la razón de ese tipo de pronunciamientos,” sostuvo el personero. 

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El personero también manifestó sentirse preocupado por el clima de violencia de los últimos meses en la subregión Catatumbo, conflicto atizado por los señalamientos y la estigmatización hacia los representantes de las distintas entidades defensoras de los derechos humanos. “De los 40 personeros del departamento 31 han solicitado medidas de seguridad, lo cual genera temor sin duda alguna para las funciones encomendadas en la convulsionada zona. El papel fundamental es proteger a la población civil de cualquier hostilidad y actuación de los actores estales”, agregó. 
 

Voces de aliento 

La Federación Nacional de Personeros censuró también los señalamientos y exige a los funcionarios retractarse ya que pone en riesgo la integridad del funcionario. “Vemos con gran preocupación la estigmatización por parte del ministro del Interior, es un grave atentado contra los que defienden los derechos humanos. Es peligroso pues, con esas palabras exponen su vida y de la familia”, agregan.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que las afirmaciones del ministro son incompatibles con el deber del Estado de proteger y fortalecer a las instituciones que velan por los derechos humanos.

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“Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí y mis seres queridos, es una situación bastante compleja, pero estamos articulando desde la Defensoría del Pueblo en acompañamiento con la Procuraduría General de la Nación para que se esclarezca que jamás he pertenecido a grupo armado y he sido neutral ante cualquier situación registrada en la región”, afirmó el personero Bohórquez.

El mal entendido 

Los trinos del ministro y las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, causaron malestar en la comunidad del Catatumbo donde solicitan efectividad de los programas para neutralizar a los violentos.
 
“Nunca estamos en contra de la operatividad del Ejército, recomendamos a la fuerza pública que cuando se realice ese tipo de acciones tenga en cuenta la presencia de personas vulnerables en la zona”, recalcó el personero. 

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“La presencia institucional debe prevalecer, pero con respeto, abordando siempre el principio de distinción respetando los derechos de los civiles”, precisó.

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