En medio de un intenso debate político y ciudadano, la administración municipal de Ocaña presentó una iniciativa que busca incorporar al municipio al Plan Departamental de Aguas, con el compromiso de un 10% de los recursos del Sistema General de Participaciones para saneamiento básico. La propuesta, actualmente en estudio durante sesiones extraordinarias del Concejo, busca apalancar inversiones cercanas a los 19 mil millones de pesos.
El anuncio generó inquietudes en sectores cívicos y parte de la corporación. El líder social Dilson Arévalo advirtió sobre un posible “detrimento patrimonial” si no se evalúan a fondo los alcances de la propuesta. Recordó la deuda aún vigente de los denominados “Bonos Carrasquilla”, adquiridos en 2010 durante la administración de Yebrail Hadad Linero, de la cual todavía se adeudan 4.800 millones de pesos.
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“Esta decisión podría abrirle paso a grandes operadores externos como Aguas de Manizales o Aguas Capital, cuando ya existe una empresa consolidada de servicios públicos en Ocaña”, expresó Arévalo, quien pidió a los concejales no aprobar la propuesta sin un análisis detallado.
Por su parte, los concejales Jaime Mogollón, William Felipe Sánchez y Dairon Rangel coincidieron en la necesidad de evaluar con responsabilidad técnica y jurídica el impacto de la vinculación al plan. Sánchez explicó que la administración busca comprometer recursos por 850 millones de pesos para 2026 y 970 millones en 2027, con el objetivo de ejecutar proyectos como la reposición de redes y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR).
No obstante, algunos cabildantes cuestionaron la solicitud del alcalde Emiro Cañizares de facultades especiales por 29 meses, cuando la Ley permite solo 180 días. Además, persisten dudas sobre la autonomía de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña y la posible pérdida de su rol operativo.
Desde la Gobernación, el secretario departamental de Aguas, Aldair Álvarez Bacca, defendió la propuesta al señalar que el Plan Departamental canaliza recursos nacionales y departamentales para mejorar los servicios públicos. Reiteró que Ocaña solo aportaría el 10% y que los recursos irían a una fiducia común bajo control del Ministerio de Vivienda y otras instancias estatales.
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A pesar de los beneficios económicos proyectados, el Concejo exige garantías de transparencia, sostenibilidad y beneficio real para la comunidad, y analiza minuciosamente cada aspecto técnico, financiero y jurídico antes de tomar una decisión definitiva.
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