El abogado administrativista, Henry Pacheco, instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde del municipio de Ocaña, Emiro Cañizares, por su presunta comisión de algunas irregularidades en la reestructuración de pasivos o intervención económica por parte del ministerio de Hacienda y Crédito público.
El denunciante pidió investigar conductas relacionadas con un presunto peculado por apropiación en favor de tercero, concierto para delinquir agravado, y falsedad ideológica en documento público, cometidas por el mandatario local, el delegado Cristian Santiago Perio y otros funcionarios públicos y particulares que participaron en la aplicación de la Ley de insolvencia económica.
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Aseguró que el alcalde firmó el acuerdo de reestructuración en el cual, en su cláusula 10, parágrafo 4, se reconoce a favor de la empresa ESPO, S.A. una obligación multimillonaria con base en las acreencias contentivas.
El meollo del asunto
El profesional del derecho anexó los soportes jurídicos a la demanda instaurada ante el director seccional de la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander, Edinso Betancur Chacón, debido a unas inconsistencias a la luz del Código Penal Colombiano.
En la exposición de motivos precisó que el Concejo municipal de Ocaña expidió el Acuerdo No. 007 del 11 de junio de 2024, autorizando al señor alcalde, Emiro Cañizares para celebrar la reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 de 1999.
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Señaló que, en desarrollo de dicha autorización, Cañizares, suscribió el acuerdo de pago, en el cual, en su cláusula 10, parágrafo 4, se reconoce a favor de la Empresa de Servicios Públicos, ESPO S.A. una cuantiosa suma de dinero.
Ronda el misterio
Lo acordado en la negoción reposa en los documentos que, según la administración en respuesta informal, están cobijados por reserva, lo cual, resulta sospecho, indicó el investigador.
El jefe del Ministerio Público municipal pudo establecer, que la suma negociada entre el alcalde y el representante de la Sociedad Anónima, fue de $ 13.000.000.000,00 de los cuales, en cumplimiento de lo reconocido por el mandatario este año se desembolsaría una suma superior a los $ 1.000.000.000,00 como primera cuota, quedando restando 6 pagos, los cuales, se harían de manera anual, precisó Pacheco.
En el ojo del huracán
Ante la presunta corrupción, el Agente del Ministerio Público se trasladó hasta la capital de la República en busca de intervención urgente en procura de evitar se haga el primer pago, aun cuando los presuntos delitos se tipificaron con la firma del acuerdo y el aval o aprobación de parte del promotor del mismo.
Afirmó que el señor alcalde, otros funcionarios y particulares presuntamente alteraron la realidad jurídica al presentar como pública una entidad privada (Sociedad anónima) en un acuerdo con efectos económicos, vulnerando la fe pública.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que “las maniobras que alteren dolosamente la prelación legal de créditos dentro de un acuerdo de pasivos constituyen falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de tercero”.
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Por su parte, el personero, Jorge Bohórquez, manifestó que “el alcalde puede decir que todo está sujeto a la ley que está trabajando con el Ministerio de Hacienda, pero nosotros somos los entes de control y debe respetar la separación de poderes”.
El alcalde se defiende
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, considera que todos los procedimientos efectuados están en el marco de los parámetros legales.
“Cuando usted toma decisiones en lo público se pisan callos, había mucha gente que vivía de hacer esos trámites y obviamente en un municipio que carecía de una defensa jurídica causa malestar. Están tomando unas cifras mentirosas, es un tema de mucha responsabilidad. Una cosa es la provisión que usted haga para pretensiones, demandas y otra la reconocida. Es bueno de quien lo esté hablando lo sostenga, es una falsedad y en lo público usted debe tener los argumentos y soportes”, añadió.
Explicó que dentro del inventario de acreedores hay diversos conceptos de gente que fue proveedor del municipio “es un trabajo muy serio de un equipo jurídico y financiero del ministerio de Hacienda, estamos tranquilos de cara a la ciudadanía”, recalcó.
Difiere de los conceptos emitidos por algunos abogados ya que esos recursos para la ESPO y al Acueducto Independiente corresponde a los errores del pasado al no reconocer a los usuarios que merecen los subsidios.
Fue categórico al afirmar que todas las deudas reconocidas por el ministerio de Hacienda, tienen su respectivo soporte. “Estamos en capacidad para pagar las deudas laborales este año, se constituye la fiducia y en algo más de dos meses, se empieza a pagar esa deuda. ¿Por qué no lo hicieron antes?”, reiteró el mandatario.
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El presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Gabriel Álvarez, señaló “la administración debe reconocer esas deudas, ya que los intereses seguían creciendo. Yo no entiendo por qué están en contra cuando los subsidios no se pagaron completamente. En el Tribunal el municipio está condenado a cancelar”, recalcó el directivo.
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