Integrantes de la Asociación de Desplazados de la provincia de Ocaña, (Asodepo), reclamaron acciones concretas para solucionar el déficit habitacional de los últimos años.
Los afectados por la ola de violencia llevan más de 11 años esperando la adjudicación de un lote para gozar de una vivienda digna, sin embargo, los procesos no cumplen con lo establecido.
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Los destechados consideran que los gobernantes de turno no se conduelen del drama vivido por muchas familias.
A revisar el proceso
La representante ante la Mesa departamental y municipal de víctimas, Maritza Pérez, insta a los vinculados en ese proceso a solventar el déficit habitacional para más de 300 familias desplazadas por el conflicto armado vivido en la zona del Catatumbo.
“Ya es hora que revisen el caso porque nadie se compromete con la adecuación de una vivienda digna.”, reiteró la defensora.
El secretario de Hábitat del departamento, Samir Casadiego, ha estado al tanto de ese proceso e indicó que la gobernación asignó 550 millones de pesos para la adquisición del predio y corresponde a la alcaldía las obras de urbanismo.
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Aclaró que algunos fueron incluidos en los subsidios para el mejoramiento de vivienda, pero no corresponde a todos los integrantes de Asodepo.
Guardan las esperanzas
Aferrados a las promesas de comprar el lote y levantar sus viviendas se encuentran los integrantes de Asodepo en Ocaña.
Jesús Salazar, indicó que no se cansarán de tocar puertas para mejorar las condiciones de vida, ya que están arrimados donde los familiares.
La vocal de la asociación, Miriam González, confía en la palabra empeñada de los gobernantes de turno para conjurar la crisis humanitaria. “Lo importante es que hay 550 millones de pesos para comprar un lote en el sector El Hatillo, falta la negociación con el propietario”, puntualizó
El veredicto a favor salió en el año 2014 durante la administración del abogado Jesús Clavijo, donde se exige a la Unidad Nacional de Víctimas, Gobernación de Norte de Santander y el municipio de Ocaña un programa de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad.
La acción popular determina la construcción de 300 nuevas viviendas y el mejoramiento de 168 estructuras.
“Sin embargo, pasaron los 4 años de la señora Miriam Carrascal y Samir Casadiego Sanjuán y nadie ha cumplido con las disposiciones”, anotó la lideresa social.
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El alcalde de Ocaña, en su reciente visita a la capital de la República expuso a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, la situación para buscar la reparación colectiva y encontrar una salida rápida a ese déficit habitacional.
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