Recientes acontecimientos de alteración del orden público mantienen en vilo al personal paramédico de la Empresa Social del Estado, ESE noroccidental la Inmaculada Concepción de Ábrego, que suspende el servicio mientras se normaliza la situación.
Los conductores de las ambulancias reciben presiones por parte de grupos al margen de la ley, lo que genera temor generalizado. Las autoridades exigen la exclusión de la misión médica de la confrontación armada en la zona del Catatumbo y recomiendan acatar los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.
A través de un comunicado, la gerencia de la Empresa Social del Estado informa que, como medida de protección para el personal, se suspende de manera inmediata el traslado de pacientes desde las IPS Convención y San Pablo, Teorama, hacia la red de referencia de mayor complejidad hospital regional Emiro Quintero Cañizares.
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“La difícil situación se toma a raíz de las órdenes impartidas por infractores y las graves amenazas directas contra la integridad y la vida del personal de salud el pasado 7 de junio de 2025, mientras se encontraban en el ejercicio de sus funciones”, precisa.
Asegura que esta actuación se enmarca en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y deberes que amparan a la misión médica, según lo estipulado en la resolución 4489 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.
La institución recuerda que ambulancias e instalaciones al servicio de la salud están protegidas por el Derecho Internacional y actúan bajo principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad. “La única finalidad es salvar vidas y aliviar el sufrimiento sin distinción. Cualquier amenaza, intimidación y restricción al personal de salud constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y un obstáculo inaceptable para el acceso al derecho fundamental y constitucional a la salud de la población”, recalca.
Derechos infranqueables. En la subregión del Catatumbo se presenta un desafío constante frente a la disponibilidad de profesionales de la salud para atender a la comunidad.
“Hechos como el ocurrido agravan esta crisis, pues varios de los colaboradores, atemorizados por su integridad, han manifestado la intención de abandonar la zona. Esta situación pone en riesgo una fuga de talento humano que dejaría a gran parte de la población sin acceso efectivo a servicios de salud”, agrega el comunicado.
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No reanudarán las remisiones de las IPS hasta cuando se garanticen plenamente las condiciones de seguridad necesarias para que los colaboradores puedan ejercer sus labores sin temor alguno y en condición digna que merecen.
Agradecen la comprensión de la comunidad y esperan que esa situación se resuelva con la mayor brevedad posible por el bienestar de todos los pacientes.
No es la primera vez que la Misión médica es atacada en la subregión del Catatumbo. A pesar del acompañamiento de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, los actores armados truncan las esperanzas de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las apartadas regiones del país.
Trascendió a este medio que en el más reciente caso grupos armados retuvieron por varias horas al personal médico en la vía Convención-Ocaña, generando malestar entre los estamentos de salud.
En reiteradas ocasiones el Instituto Departamental de Salud, IDS, ha rechazado esta violación al Derecho Internacional Humanitario, que afecta a la comunidad del Catatumbo, en medio de la difícil situación de orden público en la región.
Esa entidad rechaza profundamente los hechos ocurridos recientemente en el municipio de Convención, donde personal médico fue presuntamente retenido y amenazado por actores armados al margen de la ley.
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En las próximas horas se estará realizando una reunión extraordinaria de evaluación y análisis de la situación con las autoridades médicas y organismos de salud ante tan compleja y difícil situación humanitaria.
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