Múltiples reacciones han generado entre los dirigentes de la provincia de Ocaña las declaraciones entregadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, donde asegura un control territorial del 70 por ciento de parte de sus hombres desplegados en la zona del Catatumbo.

Tildan al funcionario del alto gobierno de irrespetuoso al pretender engañar a un pueblo que sufre los rigores de la confrontación armada entre los grupos del Eln y disidencias de las Farc, desde comienzos de año.
 
Los líderes sociales manifestaron que las cifras no mienten y recuerdan a más de un centenar de personas asesinadas, 68.000 desplazados, 11.000 confinados en sus fincas y los desaparecidos por la guerra que nos les pertenece.

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Cuestionaron la efectividad de las estrategias trazadas durante la Conmoción Interior para mitigar el conflicto armado ya que se han convertido en ‘pañitos de agua tibia’ cuando la enfermedad ya hizo metástasis y exigen mayor compromiso para restituir el tejido social.

Las polémicas cifras
 
Se cumplieron cinco meses del inicio de la confrontación armada entre el Eln y disidencias de las Farc, que deja cifras alarmantes en materia de desplazamiento, confinamiento y homicidios. Según el último reporte entregado por el Puesto de Mando Unificado, 68.347 personas han salido desplazadas, 11.490 siguen confinadas, 7 firmantes de paz están desaparecidos y se han registrado 135 homicidios confirmados por las autoridades en la región.

El representante a la Cámara por la Jurisdicción especial para la paz, Diógenes Quintero Amaya, calificó como una falta de respeto esas aseveraciones cuando el conflicto armado está latente en la subregión.
 
Considera que la fuerza pública ha estado presente “como un simple espectador en la región dejando que las cosas pasen y citó los enfrentamientos a 15 minutos del casco urbano de Ocaña desencadenando el desplazamiento masivo de 1.000 campesinos del Cerro de las Flores y Quebrada de la Esperanza, una zona de vocación agrícola.
 
El congresista difiere de la percepción del ministro de Defensa sobre las acciones de la fuerza pública durante la crisis humanitaria registrada en el Catatumbo.

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“Este tipo de pronunciamientos realmente molestan, yo lo hago sin un cálculo o posición política, más desde un sentimiento catatumbero. Demuestra la falta de contexto, pareciera que no tuviera los pies sobre la tierra, es algo que se sale de los cabales, porque la realidad es otra”, recalcó.

La evidencia dice lo contrario  

En el balance operacional confirma la recuperación de 32 menores de edad, que habían sido reclutados por el Eln y disidencias de las Farc, la desmovilización de 144 integrantes de grupos armados y la incautación de armas de fuego. Sin embargo, la aseveración del control del 70 por ciento del territorio generó ampollas en los diversos sectores sociales y políticos en el departamento. 
 
Quintero, representante por las curules de paz le solicitó al ministro brindar la información respecto a cuáles son las zonas que están bajo control de la fuerza pública, teniendo en cuenta que la realidad es totalmente diferente. 
 
“Yo le pregunto al ministro a qué territorio se refiere con ese 70 por ciento del control, si el Catatumbo son 13 municipios, quería decir que, la fuerza pública tiene controlado 10 poblaciones en su totalidad, que nos diga entonces cuáles son esas comarcas en donde definitivamente no hay grupos armados, donde no ocurren homicidios, desplazamientos, amenazas a la población civil; yo respeto la labor de la fuerza pública, pero tienen un ministro que no nos toma en serio, es una falta de respeto con la región, que venga a decir cosas que no son ciertas, eso no tiene presentación”, recalcó el representante por las curules de paz del Catatumbo. 

“El grave problema que hemos tenido, es no reconocer esos problemas de inseguridad por parte del Gobierno nacional, y eso nos ha impedido avanzar en el real control sobre el territorio, aquí se está minimizando el grave problema que tenemos”,  recalcó.

Recientes acontecimientos donde uniformados pierden la vida en el vecino municipio de Río de Oro; el despojo de la camioneta blindada y las armas de dotación a los guardaespaldas de la alcaldesa de González, sur del Cesar, Katherine Mora Rosado; el desplazamiento forzado debido a la confrontación entre disidencias de las Farc y el grupo del Eln, y los asesinatos selectivos en la provincia de Ocaña, es una prueba fehaciente de la agudización del conflicto.

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El inconformismo radica en las cifras reveladas por el ministerio de Defensa pues los bandos enfrentados no muestran voluntad para sentarse en las mesas de negociaciones.  

La tierra del olvido 

Un enérgico pronunciamiento hizo en plenaria de la Cámara de Representantes, el dirigente liberal Wilmer Guerrero al connotar la agudización del conflicto armado en la zona del Catatumbo.
 
La guerra está llegando a las zonas urbanas de los municipios con enfrentamientos a 15 minutos de Ocaña y el asesinato de dos miembros de la Policía nacional en el vecino municipio de Río de Oro, sur del Cesar.
 
“No somos oportunistas, ni estamos en campaña, nos duele la manera como se rompe la armonía en nuestros pueblos. Ya el Catatumbo pasó de moda, salimos del radar, se les cayó la internet y dejaron de hacer videos defendiendo a la subregión”, cuestionó Guerrero.
 
Es enfático al afirmar que el fenómeno del desplazamiento forzado continúa igual, con una particularidad que pasó del corazón del Catatumbo hacia los cascos urbanos de la provincia de Ocaña. “En los últimos días han aparecido más de 10 personas muertas, más de mil labriegos han abandonado las parcelas debido al fuego cruzado de los grupos enfrentados”, agregó.

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Instó al Comisionado de Paz, Otty Patiño, al ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez, a poner la cara a la situación para abrir las puertas de las escuelas que cerraron a raíz del peligro inminente porque las detonaciones se escuchan en el casco urbano de Ocaña. “Han abandonado al Catatumbo, a una población que apoyó a este gobierno colombiano. Pareciera que la utilizan para hacer videos, reuniones y campañas electorales olvidándose del clamor cuando más los necesita”, recalcó.

Falsas expectativas 

El representante de la Corporación Red defensora de los Derechos Humanos, capítulo Catatumbo, abogado Nelson Enrique Arévalo Carrascal, desmintió al mindefensa y lo invitó a confrontar las estadísticas reales dejadas durante los enfrentamientos registrados en los últimos meses.
 
“Esa afirmación es un 80% falsa por cuanto el Catatumbo está siendo gobernado en su gran mayoría del territorio por el Eln y el resto por las disidencias Farc. Se puede corroborar con la libertad que lanzan sus ataques mortales contra la fuerza pública”, precisó el profesional del derecho quien conminó a combatir a los insurgentes que están llegando con sus acciones a las goteras de los municipios.

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Considera que la Conmoción Interior ha creado falsas expectativas y no se han solventado los problemas estructurales como el arreglo de las vías, educación, salud, seguridad alimentaria y sustitución de cultivos ilícitos. “Puros anuncios sin presupuesto y con la guerrilla encima, mientras exista la confrontación se violan constantemente los derechos humanos. Siguen los homicidios selectivos, los hostigamientos a la policía y el ejército y no se vislumbra una solución a la vista”, anotó el vocero de la corporación, quien exigió resultados.

Transformación social estructural

El ex diputado de Norte de Santander, Juan Carlos Arévalo Durán, aseguró que un tema trascendental para la convivencia pacífica del Catatumbo se debe abordar con mucha responsabilidad para la implementación de medidas excepcionales en el marco de la Conmoción Interior.
 
“Frente a las declaraciones del señor ministro de Defensa sobre el control del 70% del territorio, mi posición como servidor público, con años de experiencia en las regiones más afectadas por el conflicto, es que si bien toda acción del Estado orientada a recuperar la institucionalidad y garantizar la seguridad debe valorarse, también debemos ser muy rigurosos y autocríticos en el análisis de los resultados”, reiteró.
 
Explicó que la Operación Catatumbo, como parte de una estrategia integral de seguridad, debe medirse no solo por el control geográfico, sino por el impacto real en la vida de los ciudadanos: la reducción sostenible de los hechos violentos, la presencia efectiva de la justicia, el acceso a servicios públicos, la erradicación de economías ilegales y la recuperación de la confianza en las instituciones.
 
Arévalo ha visitado comunidades que todavía viven bajo la presión de grupos armados ilegales y donde el miedo persiste. “Mi percepción es que, si bien se han logrado avances, aún queda un importante trecho por recorrer. No se trata únicamente de la presencia de la Fuerza Pública, sino de la construcción de un Estado integral, que dialogue con las comunidades, que entienda sus necesidades y que promueva una transformación social estructural”, añadió.

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Insiste en que la transparencia, la articulación interinstitucional y la verificación en terreno —no solo desde despachos— son claves para consolidar la paz y la seguridad en el Catatumbo. “Celebro cualquier esfuerzo del Gobierno por avanzar en ese camino, pero también invito a no bajar la guardia ni generar falsas sensaciones de triunfo anticipado cuando el desafío sigue siendo enorme”, puntualizó Arévalo.

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