Tras conocerse hoy el sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo, se abre la puerta al inicio de una serie de etapas procesales que podrían extenderse por varios meses, incluso años.

El sentido del fallo anunciado por la jueza Sandra Heredia no debe confundirse con una condena, sino con una dirección inicial hacia la sentencia que será emitida en una subsiguiente audiencia.

El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó a Colprensa que este es solo un espacio preliminar en el que la jueza dará su conclusión respecto del asunto.

En este sentido, "el sentido del fallo no es una condena definitiva. Es simplemente el espacio en el que la funcionaria judicial va a dar su conclusión respecto del caso", aseguró Bernate.

El abogado explicó que la sentencia condenatoria no implica que Uribe vaya a ser privado de su libertad de inmediato. "La privación efectiva de la libertad solo se da cuando hay una decisión definitiva", afirmó.

Esto implica que una sentencia en firme solo podría producirse después de las apelaciones o incluso la casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Con el fallo condenatorio se abriría un espacio para que las partes se pronuncien sobre la pena a imponer, considerando las circunstancias del expresidente. La jueza podría ordenar la captura de Uribe si considera que existen razones suficientes para ello.

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Sin embargo, Kevin Díaz Lecompte, abogado penalista, señaló que la jueza tiene la potestad de decidir si Uribe es privado de su libertad, pero destacó que esta decisión debe estar debidamente justificada.

Díaz añadió que si la jueza opta por imponer una prisión domiciliaria, también debe ser respaldada por una motivación adecuada, considerando la naturaleza de los cargos y las circunstancias personales del procesado.

En cuanto a los plazos, Díaz subrayó que, tras el "sentido del fallo", la jueza tiene 15 días hábiles para emitir la sentencia completa, en la que se definirían las penas y las medidas relacionadas con la ejecución de la misma.

“La sanción solo se cumple una vez está en firme y no es correcto decir que la sanción empieza a descontarse de inmediato”, aclaró Bernate.

Uno de los puntos más delicados del proceso es la ejecución de la pena mientras se resuelven las apelaciones. Díaz dejó claro que el recurso de apelación no suspende la ejecución de la pena.

"El recurso de apelación, por sí solo, no detiene la ejecución de la pena", explicó el abogado y añadió que la jueza de conocimiento puede ordenar que se cumpla la pena, incluso si se presenta una apelación. Sin embargo, aclaró que la defensa puede solicitar una suspensión excepcional de la pena durante el proceso de apelación, aunque esto dependerá de la decisión judicial.

Con el fallo de primera instancia, Uribe y su defensa tienen cinco días para presentar la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que revisará la sentencia. Este tribunal tiene la potestad de revocar la condena o modificar las penas, en un plazo no superior a la mitad de octubre, antes de que venzan los términos.

En cuanto a la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, Bernate aclaró que cualquier decisión del Tribunal Superior de Bogotá puede ser apelada por las partes ante el alto tribunal mediante un recurso de casación.

“Cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero depende de que la demanda cumpla ciertos requisitos estrictos de forma. Si esos requisitos se cumplen, es probable que el caso se resuelva en esa instancia”, dijo Bernate.

El abogado penalista añadió que, si se presenta casación, el proceso podría prolongarse aún más, ya que la Corte tiene un plazo de 30 días para estudiar y evaluar el recurso.

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El impacto jurídico y político del fallo

El futuro de Uribe y las implicaciones del fallo no solo se juegan en el ámbito judicial, sino también en el escenario político y electoral. Según el exfiscal y abogado penalista Daniel Eduardo Cardona, si Uribe es condenado, el impacto mediático y político será significativo, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Aunque no se espera que Uribe sea enviado a prisión, sí podría enfrentar un daño reputacional considerable, que afectaría la imagen del expresidente y, en consecuencia, la de su partido, el Centro Democrático.

Cardona destacó que, en caso de que Uribe sea condenado, la pena no superaría los ocho años, lo que permitiría que cumpla su condena en su residencia, debido a la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria, según lo estipula la ley colombiana para penas menores a ocho años.

Por otro lado, si Uribe es absuelto, el Centro Democrático y los sectores afines podrían utilizar la exoneración judicial como un respaldo a su narrativa, argumentando que las acusaciones en su contra fueron parte de una persecución política impulsada desde sectores de izquierda.

Lo que dice la defensa de Uribe

En entrevista con W Radio, Jaime Lombana, defensor de Uribe, dejó claro que el equipo legal del expresidente estaba preparado para cualquier escenario. “Tenemos plena conciencia de la ausencia de responsabilidad del expresidente. Él solo buscó defenderse ante montajes que le estaban estructurando”, aseguró Lombana, quien enfatizó que su cliente no actuó con la intención de cometer los delitos de los que se le acusa.

Lombana también explicó que se apelará inmediatamente el caso y se recurrirá a otros mecanismos legales para proteger los derechos del exmandatario.

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