Desde 1990, Colombia ha registrado más de 12.600 víctimas por minas antipersonal y artefactos explosivos, según cifras oficiales del Sistema de Información de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, liderado por la Consejería Comisionada de Paz.
En los últimos tres años, 647 eventos relacionados con presencia o sospecha de explosivos han sido reportados en cercanías de instituciones educativas, afectando directamente a 386 sedes escolares en zonas rurales y de conflicto.
En este contexto, Norte de Santander es el tercer departamento más impactado, con 104 eventos registrados, por detrás de Nariño (152) y Cauca (117). Esta situación representa un riesgo constante para la niñez, el personal docente y las comunidades educativas, particularmente en zonas como El Catatumbo, donde persisten dinámicas de conflicto armado.
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La alerta fue reiterada durante la transmisión virtual “Escuela, territorio de vida: previniendo el riesgo de artefactos explosivos”, liderada por el Ministerio de Educación, en articulación con la Consejería Comisionada de Paz y UNICEF.
Expertos subrayaron que estos artefactos, ubicados incluso a menos de 500 metros de los establecimientos educativos, han provocado suspensiones de clases, confinamientos, desplazamientos forzados y afectaciones emocionales profundas en niñas, niños y adolescentes.
Ante este panorama, el Ministerio de Educación promueve la Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos (ERAE) como una estrategia clave de prevención, dentro de la política de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias.
Esta iniciativa contempla campañas de sensibilización, entrega de material pedagógico y formación docente, orientadas a fomentar comportamientos seguros y fortalecer la protección en entornos escolares vulnerables.
“Las escuelas deben ser espacios libres de violencia y seguros para aprender. Por eso es fundamental fortalecer capacidades locales y construir una cultura de prevención en los territorios más afectados”, indicó Héctor Morillo, asesor del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal de la Consejería Comisionada de Paz.
Por su parte, Sandra Salazar, coordinadora de Acción contra Minas de UNICEF, destacó que la estrategia de prevención se basa en tres pilares: educación y capacitación, difusión de información pública y gestión del riesgo comunitario. Esto permite reducir la deserción escolar, fomentar el autocuidado y fortalecer la resiliencia de las comunidades.
Así lo confirmó Germán Garnica, funcionario de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, quien indicó que estas jornadas se llevan a cabo con mayor énfasis en las sedes educativas de la región del Catatumbo.
El Ministerio de Educación hizo un llamado a Secretarías de Educación, instituciones educativas y líderes comunitarios de las zonas afectadas para incorporar estas acciones en sus planes escolares. La integración de la prevención en el sistema educativo se reconoce como una herramienta esencial para garantizar el derecho a la educación en contextos de conflicto armado.
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