En audiencia pública, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, buscan consensos entre dirigentes del Cesar y Norte de Santander para dirimir el diferendo limítrofe encaminado a mitigar el impacto socioeconómico y cultural de la población campesina.
Los congresistas propusieron mesas técnicas con personal especializado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para así revisar la cartografía y hacer los ajustes a los linderos de acuerdo a la realidad circundante.
De esa manera, se acordaron encuentros locales en los municipios de Ocaña y Río de Oro durante el mes de agosto y septiembre para lograr consensos entre los voceros de Norte de Santander y Cesar.
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El documento final con los acuerdos suscritos será entregado como insumo a las comisiones de ordenamiento territorial tanto del Senado como la Cámara de Representantes para los debates definitivos.
Una concertación viable
El expediente para dirimir el conflicto limítrofe fue radicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 10 mayo de 2023, en este se contempla el traslado de las cartas catastrales de más de 300 predios de Ocaña hacia el vecino municipio de Río de Oro.
El Instituto entregó al Congreso un informe donde se plasman los aspectos técnicos, soportes jurídicos catastrales y lineamientos trazados acorde a la legislación de ordenamiento territorial, factor determinante de la protesta de unos mil campesinos, pertenecientes a Ocaña y reubicados de manera inconsulta.
El pulso fuerte
La situación se intensificó entre el secretario jurídico de Norte de Santander, Jhonny Carrascal y su homólogo en el departamento del Cesar, Carlos Quintero Medina, quienes emprenden la batalla para defender el arraigo y la tradición cultural de la línea fronteriza.
Ambos están dispuestos a conciliar una hoja de ruta, con documentos en mano, trazando una línea geográfica sin perjudicar a las partes.
En ese trabajo de campo se invitó a técnicos especializados del IGAC, asesores del Congreso de la República y representantes de los dos entes territoriales en conflicto para hacer un análisis en profundidad encaminado a una solución definitiva.
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, insiste en la georreferenciación al detalle del área afectada para no generar traumatismos entre la población campesina.
El mandatario mostró en el mapa cómo las veredas San Pedro, Los Curos, El Poleo, El Cauca, Yerbabuena, Los Curitos, Cristo Rey de Aguas Claras, Pueblo Viejo de Otaré, entre otras, históricamente han pertenecido a Ocaña y no tienen ninguna conexión con el sur del Cesar.
Consideró que la decisión tomada en el 2011 por el IGAC, de pasar una serie de predios, fue equivocada por la carencia de muchos análisis profundos.
“Son más de 91.000 hectáreas en litigio y el Cesar alega por 1.000 hectáreas de Venadillo y Carrizal, entonces se puede conciliar para que esos predios pasen a ese departamento, sin perjudicar al resto de la comunidad”, añadió.
Por su parte, el personero del municipio de Ocaña, Jorge Bohórquez, solicitó suspender el traslado de las cartas catastrales mientras se resuelve el conflicto limítrofe, ya que el impacto socioeconómico es bastante grande.
Fue categórico al afirmar que esas decisiones arbitrarias vulneran los derechos fundamentales de más de 1.000 familias campesinas en su mayoría víctimas de la violencia.
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En ese sentido, exigió al Congreso de la República dirimir a favor de esa población revictimizada.
Trazado acorde a la realidad
El director del Centro Educativo Rural, CER del corregimiento de Pueblo Nuevo, presbítero Arévalo, expresó que “el traslado de esas cartas catastrales no tiene sentido, pues existe un arraigo cultural. Además, los agricultores no tienen una salida hacia el sur del Cesar y siempre deben bajar a Ocaña. Lo ideal es que se haga el trabajo de campo en el territorio, escuchando a los campesinos”.
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