Organismos internacionales de derechos humanos y líderes sociales terminan la travesía en la gran caravana de la paz por la zona del Catatumbo en la incesante búsqueda de la verdad y la justicia.
Resaltan los 20 años de resistencia de los campesinos y resguardos indígenas ante la arremetida de los violentos.
Expertos en la materia indican que el panorama es similar a los primeros años del presente siglo por la disputa territorial para los cultivos ilícitos y exigen a los violentos que cesen su accionar.
Asimismo, claman el desminado humanitario en el Catatumbo y excluir a la población civil del conflicto armado.
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Durante el recorrido los caravanistas verifican los efectos de la degradación del conflicto armado que se intensificó desde enero del presente año.
Un fantasma latente
Una de las grandes preocupaciones de la caravana corresponde a las denuncias de las víctimas de los artefactos explosivos, instalados en inmediaciones a establecimientos educativos en la zona del Catatumbo, provocando suspensiones de clases, confinamientos, desplazamientos forzados y afectaciones emocionales profundas.
Héctor Murillo Salazar, asesor del Grupo de acción contra las minas antipersonal de la Comisaría Comisionada de Paz explicó que la problemática está directamente relacionada con las disputas territoriales entre los actores armados no estatales quienes emplean esos artefactos como mecanismos de control.
La Defensoría del Pueblo ha emitido las alertas tempranas para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pueda prevenir el peligro inminente especialmente en la zona del Catatumbo.
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Ahora surgen otras preocupaciones como los artefactos explosivos lanzados a través de los vehículos aéreos no tripulados como los drones que también ocasiona afectaciones a la comunidad.
Advertencia de los riesgos
El secretario de Seguridad y Convivencia ciudadana, coronel retirado George Quintero, manifiesta que en las mesas de diálogo se ha solicitado reiteradamente un desminado humanitario, sin embargo, Norte de Santander no reúne las condiciones para esos procedimientos.
Censura la utilización de drones afectando a la fuerza pública y a la población civil y se buscan estrategias para mitigar el fenómeno de la violencia acentuada en el esta zona del país.
El personero del municipio de El Tarra, Gerson Figueroa manifiesta que desde el 19 de marzo del presente año se han utilizado drones para lanzar explosivos no convencionales, lo que ha dejado un saldo de 11 heridos y 3 muertos.
Esa situación ha forzado el desplazamiento de casi el 70 por ciento de la población, el cierre del comercio y la suspensión de clases en 30 sedes educativas.
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Asimismo, denuncia la existencia de artefactos sin explosionar, cerca de las instituciones educativas, violando los derechos fundamentales de la población civil. Exige un desminado humanitario urgente.
Excluir a la población
Los representantes de organismos internacionales hacen un llamado vehemente a todos los grupos armados presentes en la región para que se comprometan con el respeto, el mínimo humanitario y cese de inmediato en la ocurrencia de hechos como el desplazamiento forzado, los confinamientos y el uso indiscriminado de artefactos explosivos en contra de civiles, los asesinatos selectivos y, además, acciones que atenten contra la población.
Desde el pasado 24 y hasta el 31 de julio más de 100 participantes nacionales e internacionales recorren los municipios de Ocaña, Convención, El Carmen y El Tarra en el marco de la Segunda Caravana humanitaria al Catatumbo.
Es una iniciativa liderada por la Red de Hermandad y Solidaridad de Colombia y busca visibilizar las graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que enfrentan las comunidades. Coadyuvar garantías reales para una vida digna.
Mirlen Ibarra integrante del comité internacionalista resaltó a diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales a participar en la caravana, en total son 12 países, entre ellos, Colombia, Estado Unidos, Canadá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, Argentina, España, Austria entre otros y más de 35 procesos de organizaciones institucionales.
Participan diferentes movimientos sociales y populares de Colombia, medios alternativos, acompañados por la ONU y la diócesis de Ocaña.
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Además de recoger denuncias estará verificando el estado de los compromisos del gobierno en el marco del pacto social para la transformación territorial del Catatumbo.
Cuatro lustros de injusticias
El recorrido se hace en conmemoración de los 20 años de la primera caravana humanitaria en un contexto marcado por la militarización, el resurgimiento del paramilitarismo y también la criminalización de los liderazgos sociales, así lo indicó Jhon Jairo Enríquez Clavijo, de la corporación Sembrar.
“En el año 2001 se realiza la primera caravana de la Red de solidaridad con Colombia hacia el sur de Bolívar por el bloqueo militar, estatal y mediático.
Tenía dos funciones, por un lado, romper ese bloqueo y denunciar todo lo que pasaba allí y también el acompañamiento a las comunidades, que no estaban solas en sus luchas de los territorios”.
Se analiza, además, la situación de conflicto y las luchas de las comunidades con los despojos en los diferentes territorios del país. Durante ese trayecto escucharon los testimonios de líderes, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas que han resistido a la violencia, con iniciativas de paz, agroecología, soberanía alimentaria y procesos organizativos que le apuestan a la vida. Esas denuncias y los hallazgos serán recopilados en un informe que será presentado ante organismos nacionales e internacionales.
También habló Gloria Silva del equipo jurídico Pueblos, resaltando el objetivo de la caravana que busca visibilizar cómo se encuentran las comunidades indígenas y campesinas de la región como consecuencia de la crisis social, cultural, económica y ambiental vivida en la región de manera histórica.
Asimismo, cómo se han profundizado esta situación de violencia estructural como consecuencias de las decisiones del Gobierno nacional de militarizar la zona y los procesos de estigmatización y criminalización vividos recientemente en la región.
Se busca visibilizar los procesos de resistencias de las comunidades en medio la situación o problemáticas presentadas de manera histórica.
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Desde las organizaciones convocantes se hace un llamado a las instituciones para visibilizar esas acciones humanitarias, un acto urgente de solidaridad, pero también de compromiso con la dignidad de la gente del Catatumbo y piden a gritos que esta violencia cese ya.
Verificación de compromisos
Grupos armados, el abandono estatal y la presencia de diversos actores armados Carlot Tarrillo vocera de la Red de Hermandad explicó que uno de los propósitos centrales es hacer seguimiento al pacto social por la transformación del Catatumbo y verificar si los compromisos adquiridos por el gobierno nacional se están materializando. El Objetivo de la caravana es visibilizar el conflicto sucedido en el Norte de Catatumbo haciendo seguimiento al pacto del Catatumbo y conmoción interior
“Queremos comprobar los compromisos que adquirió el gobierno si se están materializando en las comunidades y también verificar la situación de los derechos humanos.
Por otro lado, visibilizar esas formas de resistencias de apoyo mutuo y la reivindicación de los derechos humanos que es urgente llegamos en la cotidianidad para defender la vida en este contexto tan complicado.
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El abogado Leonardo Jaime del equipo jurídico Pueblos expresa la preocupación por el resurgimiento de las estructuras paramilitares en el territorio.
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