Una de las grandes dificultades históricas expuestas por los campesinos durante las cumbres para desarrollar programas agropecuarios en la subregión del Catatumbo es la tenencia de tierras y la conservación de los recursos naturales.
Miembros de los Comités Municipales de Reforma Agraria de los municipios de Convención y El Carmen, participaron en los espacios de diálogo con la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para profundizar en el conocimiento sobre la formalización de las Zonas de Reserva Forestal, establecidas por la Ley Segunda de 1959, y el Acuerdo 315 de 2023.
La Ley reconoce la ocupación regular de tierras baldías ubicadas en áreas de reserva forestal por parte del campesinado, entendiéndolo como sujeto de especial protección constitucional.
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Se busca adelantar ejercicios en campo, facilitar el ingreso de los equipos técnicos e identificar veredas, de acuerdo con el potencial de intervención, explicó Luis Enrique Ordaz, coordinador de Ley Segunda de Subdirección de Administración de Tierras de la Nación.
Sofocar la crisis humanitaria
En el Plan Catatumbo, estrategia territorial orientada a atender la crisis humanitaria en la subregión, la ANT promueve con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre las Zonas de Reserva Forestal (ZRF).
El acuerdo busca reconocer la ocupación de tierras baldías ubicadas en áreas de reserva forestal para regularizar la ocupación, brindando mayor seguridad jurídica y garantías a las familias campesinas beneficiarias, así como facilitar la inversión pública y las intervenciones integrales del Estado en la subregión.
El coordinador de la Ley Segunda de Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, Luis Enrique Ordaz, aseguró que a través de estos espacios se quiere “brindar garantías y derechos frente al uso de la tierra en la región del Catatumbo, en particular en los municipios de Convención y El Carmen, sumado a un trabajo importante que hemos hecho en el municipio de Teorama”, agregó.
Busca impulsar la Reforma Agraria en la zona en el marco de la Conmoción Interior donde participaron alrededor de 80 líderes comunitarios entre presidentes de las Juntas de Acción Comunal e integrantes del Comité de la Reforma Agraria quienes tienen el interés de participar por esta oferta institucional.
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“Con esto buscamos reconocer el uso que han hecho las comunidades en estos territorios y poderle dar garantías de acceso a crédito, permanencia en el territorio a través de estos procesos de regularización”, asegura Ordaz.
Un esfuerzo articulado
En los encuentros se logró la participación activa de todas las instancias representativas del campesinado, como los Comités Municipales de Reforma Agraria (CMRA), los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y las Juntas de Acción Comunal (JAC), en articulación con las alcaldías, a través de sus secretarías de Planeación y Desarrollo Rural. La articulación interinstitucional fortaleció el diálogo territorial y el trabajo conjunto para avanzar en la garantía del derecho a la tierra.
Asimismo, junto con los líderes campesinos, se acordaron puntos de encuentro estratégicos que permitirán adelantar ejercicios en campo, facilitar el ingreso de los equipos técnicos e identificar las veredas con mayor potencial de intervención, según las prioridades del territorio. Esta coordinación garantizará que las comunidades accedan de primera mano a la información y respalden los procesos de ingreso y despliegue institucional.
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Como máxima autoridad de tierras de la nación, la Agencia tiene la responsabilidad de poner en marcha la política de ordenamiento social de la propiedad rural, definida por el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En cumplimiento de esta función, le corresponde facilitar el acceso a la tierra como motor de desarrollo, asegurar la estabilidad jurídica sobre su tenencia, impulsar su uso conforme a la función social de la propiedad y gestionar los predios rurales que pertenecen a la Nación, reiteran los funcionarios.
Reconocimiento mutuo
Unos de los propósitos fundamentales es fortalecer la participación de los delegados elegidos legítimamente en las Asambleas Populares Campesinas y, al mismo tiempo, ampliar la convocatoria a líderes campesinos y rurales mediante sesiones ampliadas que favorezcan el reconocimiento mutuo y la articulación territorial.
En ese sentido, es clave contar con el apoyo de las alcaldías municipales, tanto en la gestión logística como en la expedición de los certificados de uso del suelo. De manera especial, se valora su acompañamiento en las convocatorias comunitarias, facilitando la difusión de la información y fortaleciendo la articulación institucional con las comunidades.
El coordinador de la oficina de Desarrollo Rural de la alcaldía del municipio El Carmen Nebardo José Bastos Páez, destaca la participación activa de los labriegos de la región.
“Este Acuerdo 315 nos va a ayudar mucho al progreso del municipio, ya que nuestros campesinos van a poder legalizar sus predios. Además de eso, acceder a los proyectos productivos que está brindando el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y también a créditos bancarios para fortalecer sus sistemas productivos y aumentar sus cosechas por hectárea”.
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Desde la oficina de Desarrollo rural estamos apoyando a los campesinos para la legalización de los predios y de la mano con los bancos fortalecer el tema de cultivos para el desarrollo agropecuario recalcó.
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