El traslado de los integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno nacional ordenó crear en el área rural de Tibú para dar el siguiente paso en el proceso de negociación con ese grupo armado, finalmente no se cumplió.

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 Al cumplirse, ayer, el plazo de los 45 días que fue fijado en la Resolución 161 de 2025, para que los disidentes se preagruparan en un punto específico del Catatumbo, se confirmó lo que muchos advertían: este no está listo y habrá que esperar una nueva fecha.

Anoche, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz preparaba un comunicado de prensa para informar los detalles de la prórroga, pero hasta el cierre de esta edición no se había publicado.

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a La Opinión que el incumplimiento de esta nueva etapa en los diálogos con las disidencias de Calarcá era un asunto que se veía venir, por cuanto son varios los desafíos que enfrenta la creación de la ZUT.

Una de esas principales razones que hasta anoche no se había hecho oficial, pero que, al parecer, es una de las que más pesa en la prórroga que se acaba de dar, tiene que ver con el proyecto que radicará el próximo 20 de julio, ante el Congreso, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para establecer los estatutos que desarrollarán el marco jurídico de la ‘Paz total’.

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“Un marco que permita a organizaciones al margen de la ley, dentro de un modelo de sometimiento, colaborar con la justicia para desarticular esas organizaciones y luchar contra el narcotráfico. De otro lado, está el marco jurídico que debe acompañar la desmovilización de varios grupos insurgentes en el país”, dijo Montealegre la semana pasada.

Este proyecto es indispensable para avanzar con el proceso de tránsito a la vida civil de los disidentes del frente 33 de las Farc, por cuanto al haberse apartado del Acuerdo de Paz de La Habana, ninguno de los que entre a la ZUT podrá gozar de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Recientemente, en una entrevista con La Opinión, Andrey Avendaño, comandante de la disidencia del frente 33, manifestó que la llegada a la Zona de Ubicación Temporal no sería un asunto que se iba a lograr de la noche a la mañana.

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“Si el futuro que  nos espera a nosotros es dos semanas para concentrarnos, nosotros no estamos dispuestos a eso. Estamos dispuestos a construir, no a someternos. (...) La paz y los procesos de diálogo no son procesos de sometimiento. Nosotros no estamos en este proceso porque estemos acabados por el Eln o porque estemos derrotados militarmente”, dijo en ese momento Avendaño.

Dificultades para la ubicación

 El otro aspecto que tiene en apuros a las delegaciones del Gobierno y la disidencia del frente 33, es la definición del lugar donde funcionará la Zona de Ubicación, por la misma dinámica del conflicto que se libra hoy en la región del Catatumbo.

En la Resolución 161 que crea esta figura se advirtió desde el 23 de mayo, cuando fue expedida, que su delimitación geográfica era de carácter reservado. Esto mismo se indicó frente a las condiciones operativas de seguridad del lugar establecido.

Y es que según conoció La Opinión, el riesgo que representa el uso permanente de drones para la guerra que libra la disidencia con la guerrilla del Eln es uno de los asuntos que ha dificultado establecer el lugar en el que se dará el preagrupamiento de la disidencia.

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A esto se suma una condición que hace la elección mucho más compleja, y es que la ZUT debe estar en la  zona rural, pero cerca al casco urbano de Tibú, por asuntos logísticos.

Fuentes cercanas al proceso también admitieron que el tema financiero es otra de las aristas que ha tenido todo este trámite, por cuanto la creación de la Zona de Ubicación no era un asunto contemplado en el Presupuesto de la Nación para este año y eso representa un desafío adicional.

El representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, advirtió la semana pasada que la ZUT no iba a estar lista y que esta figura difícilmente se podría concretar, por la dinámica del proceso de paz que se adelanta.

Por su parte, el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó que hasta ayer el Gobierno no les había informado nada sobre el cambio de fecha para la entrada en funcionamiento de la ZUT o la prórroga del decreto.

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“No está claro el marco legal de esa ubicación allí y tampoco hay una comunicación oficial. El departamento está a la espera de que lo notifiquen. La verdad es que en el Catatumbo hay mucho miedo de lo que pueda pasar, teniendo en cuenta que el último ataque con drones fue ayer, en El Tarra. Es decir, la guerra continúa”, planteó.

Demanda en curso

Mientras la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) sigue naufragando entre un mar de dudas y temores, la semana pasada también se conoció la primera demanda en contra de su creación.

La acción fue interpuesta por el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien le pidió al Consejo de Estado decretar la nulidad de la Resolución 161. Mientras se resuelve de fondo su solicitud, pide que se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos de dicho acto administrativo, por cuanto en este se incurre en una grave violación de principios constitucionales y legales.

“El Gobierno nacional ha incurrido en una extralimitación de funciones, al adoptar una medida de altísimo impacto, sin motivación suficiente, sin consulta institucional y sin los controles constitucionales que exige un proceso de paz legítimo”, alega Galán.

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