El Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro Arrocero alcanzaron un acuerdo definitivo que pone fin a las movilizaciones iniciadas el pasado 14 de julio en distintas regiones.
El entendimiento se logró tras más de diez días de protestas y bloqueos, gracias a un proceso de diálogo abierto y respetuoso entre los ministerios de Agricultura, Comercio, Interior y los voceros del gremio.
El eje central del acuerdo es la regulación del precio del arroz paddy verde, producto clave para más de 400.000 familias en el país. Este será sometido al régimen de libertad regulada.
Las partes aceptaron la fórmula propuesta por el Ministerio de Agricultura, que garantiza cubrir los costos de producción sin generar utilidad. Se busca proteger a los productores sin distorsionar el mercado.
El borrador de la resolución será enviado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para su revisión. Una vez reciba concepto favorable, el ministerio expedirá el documento final con los precios establecidos.
El acuerdo contempla también la posibilidad de aplicar medidas de defensa comercial frente a las importaciones, si se comprueba afectación a la producción nacional. El Ministerio de Comercio evaluará su viabilidad técnica y jurídica.
Se acordó la creación de una comisión técnica que definirá mecanismos de apoyo para productores afectados por la caída de precios desde el 26 de junio. Incluye instrumentos como Fonsa y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA).
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Otra mesa abordará la revisión de la Tarifa por Uso del Agua (TUA), buscando un esquema justo para el acceso hídrico en el agro. Participarán el Ministerio de Ambiente y los productores.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) también será objeto de análisis. El Ministerio de Hacienda liderará una revisión de las fuentes de información para determinar la presunción de costos con base en criterios más acordes al sector.
La Policía Fiscal y la DIAN harán controles en centros de acopio y molinos, con el fin de verificar inventarios y orígenes. El objetivo es garantizar transparencia y evitar acaparamiento o especulación.
Con la firma del acta, los arroceros confirmaron el levantamiento total de bloqueos y manifestaciones. Las vías del país serán despejadas y se restablecerá la movilidad en todos los corredores estratégicos.
El Comité Nacional del Paro dejó constancia de que podrá retomar la movilización si no se cumplen los compromisos. El Gobierno reafirmó su disposición permanente al diálogo y al seguimiento técnico.
La Defensoría del Pueblo actuó como garante durante las conversaciones. El acuerdo fue calificado como un paso histórico hacia la sostenibilidad del sector arrocero y la protección de las economías rurales.
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