El próximo siete de agosto se cumplirán tres años de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia. Son 36 meses en los que desde el Ejecutivo se han tomado una serie decisiones -algunas polémicas, otras no tanto- en ámbitos fundamentales para la sociedad, como salud, educación, seguridad y economía. Pero ¿cómo ha sido su impacto en las ciudades?
La Opinión consultó a un grupo de analistas para abordar la repercusión de estas políticas en la capital nortesantandereana y una ciudad clave y estratégica en la geopolítica del país; puerta de entrada o salida del territorio nacional y referente histórico de la llamada frontera más viva de América Latina.
Lentas respuestas en seguridad
La inseguridad es uno de los puntos más álgidos de Cúcuta, de ahí que organizaciones internacionales, como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal -una asociación civil mexicana- la incluyen desde el 2021 entre las 50 ciudades más violentas del mundo, en vista de su alto índice de homicidios.
Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, esta situación de violencia obedece a un fenómeno de reconfiguración criminal que se viene dando desde hace cinco años aproximadamente, justo el tiempo que lleva la ciudad apareciendo entre en el listado de las más peligrosas del mundo.
Cañizares explica que en medio de este proceso las grandes bandas se han convertido en estructuras criminales que manejan las economías ilegales, generando violencia y al mismo tiempo violación a derechos humanos.
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Precisó que situaciones como el cierre de frontera que se vivió en 2019, así como el aumento de los cultivos ilícitos y los centros de producción del clorhidrato de cocaína en el Catatumbo también han sido determinantes en la agudización de los problemas de seguridad en Cúcuta y su área metropolitana.
Considera que el Gobierno nacional “ha sido lento en las respuestas, no ha sabido actuar ante estos desafíos, es como si no entendiera las problemáticas en los territorios”, asegura.
“No hemos tenido una respuesta adecuada, oportuna, fuerte; no ha habido un acompañamiento sólido por parte del Gobierno nacional, el cual se debería traducir en apoyo técnico, político, financiero, y en grandes proyectos que ayuden realmente a controlar la situación”, apunta.
Asimismo, desde su punto de vista, se refiere a la politización que ha sufrido el tema de la seguridad, lo que ha hecho imposible la articulación del Gobierno nacional con la administración local y menos con la sociedad civil.
“La seguridad no tiene color político ni ideológico, es algo que afecta a todos por igual, enfrentar los problemas y desafíos que se derivan debe ser una meta de todos”, afirma Cañizares.
Salud, un paciente delicado
Al igual que el resto de Colombia, en Cúcuta la salud es un paciente que ha desmejorado progresivamente en los últimos años y que, a raíz de las intervenciones que ha venido haciendo el Ejecutivo, en su empeño por cambiar el funcionamiento del sistema, afectado además por años de deudas acumuladas, se encuentra en cuidados intensivos.
Alonso Vellojín, médico y experto en temas de salud, afirma que “indudablemente el sistema ha empeorado”, principalmente porque, a su juicio, no se han hecho los cambios que debían hacerse. “Este Gobierno pretende cambiar el modelo de atención, cuando el problema es la forma cómo se viene manejando el sistema”, dice.
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Admite que el sistema de salud como el que venía operando es susceptible de hacer mejoras, pero no arrasarlo para hacer todo de nuevo. Se refirió a la pandemia del 2020 como el punto de quiebre que generó la crisis financiera en el sector, pero también al pobre análisis que ha hecho el Gobierno nacional para justificar los cambios.
Recalca que la sobrecarga del régimen subsidiado y el estancamiento del valor de la UPC (Unidad por Capitación) son dos factores que se han conjugado en la agudización de la crisis, que perjudica especialmente a pacientes de mediana y alta complejidad.
Producto de esta situación señala que en Cúcuta, en los últimos tres años, las peticiones, quejas y reclamos han aumentado un 45%, y los principales motivos tienen que ver con la calidad de atención, que abarca el acceso a citas con especialistas, disponibilidad de medicamentos y calidad del servicio prestado por el profesional de la salud.
Añade que la aparición del Decreto 858 del 30 de julio de 2025, por medio del cual se introducen cambios al sistema, los cuales están incluidos en la reforma, todavía en trámite en el Congreso, no aporta nada nuevo, sino que “renombra algunas cosas que siempre han existido. La solución no está en ese decreto, está por otros lados”, asegura.
El impulso de una frontera abierta
A diferencia de los sectores de seguridad y salud, en lo económico el resultado de las políticas nacionales han sido favorables en Cúcuta, sobre todo luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y la reapertura de los pasos fronterizos.
José Gabriel Román, director de la Comisión Regional de Competitividad, señala este hecho como el de mayor impacto en el desarrollo de la ciudad, pues permitió la dinamización del comercio binacional, que se reflejó en el aumento de las exportaciones de Colombia a Venezuela, de 330 millones de dólares en 2021 a 1.000 millones de dólares en 2024.
Destaca la creación de tres Centros de Reindustrialización (Zasca) en los sectores de Tecnología, Moda y Agroindustrial, una estrategia del Gobierno Nacional para reactivar y fortalecer el sector industrial en Colombia, que ha permitido generar apoyo para 400 empresarios de la ciudad en los dos primeros.
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Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, coincide con Román, y destaca también otros programas incluidos en las iniciativas Colombia Productiva e iNNpulsa Colombia, orientados al fortalecimiento empresarial, el impulso de la economía popular y el desarrollo productivo en los territorios.
En materia de empleabilidad, Román subraya el impacto de las medidas económicas excepcionales adoptadas a partir del decreto de Conmoción Interior por la emergencia humanitaria del Catatumbo.
“Aún tenemos en ejecución beneficios, como las zonas económicas social y especial (ZESE) que buscaban aumentar en un 15% el empleo directo, generado en contraprestación de beneficios tributarios, lo que permitió que más de 2.000 empresas del territorio se acogieran al programa”, destaca.
En referencia a este aspecto destaca el informe del Dane que, en su más reciente estudio, reveló un nuevo descenso en la tasa de desempleo de Cúcuta, del 11,3% al 11,1%.
En educación, más intención que ejecución
En el sector educativo, las políticas nacionales también parecen quedar en deuda en Cúcuta. Tras hacer un repaso por el trienio de Gustavo Petro, la concejala Vanessa Arenas concluye que el plan del Ejecutivo ha sido más buena intención que ejecución.
Arenas destaca el impulso a la gratuidad en la educación superior, a través de la aprobación de la Ley 2307 de 2023, o Matrícula Cero, que permitió el aumento de estudiantes en las universidades públicas de la ciudad, sin embargo, “respecto a la metodología, la calidad y la infraestructura, estamos demasiado quedados”, comenta.
La corporada también habla sobre la situación de muchos colegios en Cúcuta, que por sus deficiencias en infraestructura han tenido que ser dados en comodato. “El municipio cuenta con recursos limitados y en este momento los recursos que llegan del orden nacional no son suficientes”, añade Arenas.
Considera el tema presupuestal es uno de los desafíos del presidente Petro. “Recientemente declaró que ha concretado 5% de los compromisos educativos que asumió en campaña, pero el aumento de recursos aún no se ve”, dice y remata refiriéndose a la rebaja en las tasas de interés de los créditos del Icetex como “otra promesa que no se cumplió”.
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