La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la situación de seguridad en El Roble, Sucre, tras identificar la presencia de grupos armados ilegales y un deterioro de las condiciones humanitarias que ya ha derivado en desplazamientos forzados de habitantes del municipio. La advertencia busca activar medidas urgentes de prevención y protección para la población civil.
De acuerdo con el análisis de la entidad, El Roble ocupa una ubicación estratégica que lo convierte en corredor de economías ilícitas, en especial para el tráfico de drogas y otras actividades criminales. Aunque durante los primeros meses de 2025 se había percibido una relativa tranquilidad, el panorama se vio afectado por hechos violentos registrados entre septiembre y diciembre del año anterior.
En ese periodo se documentaron cuatro homicidios y un atentado sicarial. Entre las víctimas se encuentra una mujer reconocida como lideresa campesina del corregimiento El Sitio, hecho que incrementó la preocupación de las comunidades rurales. Además, se confirmó el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa, una de las zonas más afectadas por la presión de los actores armados.
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Corregimientos del suroriente, los más expuestos al riesgo
La alerta temprana abarca tanto la cabecera urbana de El Roble como, de manera prioritaria, los corregimientos del suroriente: Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal. Estos territorios limitan con Galeras y San Benito Abad, municipios que también han sido impactados por dinámicas de control ilegal.
La Defensoría advirtió que el número real de hechos violentos podría ser mayor, debido a un posible subregistro asociado al temor de las comunidades a denunciar o a acudir a las instituciones del Estado. En el municipio se ha identificado presencia del Clan del Golfo y no se descarta la incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial.
Entre las recomendaciones, la entidad solicitó fortalecer la presencia de instituciones como el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y la Procuraduría. También pidió reforzar las capacidades de disuasión y judicialización, así como garantizar atención humanitaria oportuna a las familias que han tenido que abandonar sus hogares.
