La Contraloría General de la República detectó que al menos 718 contratos en ejecución fueron firmados por contratistas que registraban inhabilidades fiscales al momento de su suscripción o que normalizaron su situación fiscal durante o después del proceso contractual.
Según informó el organismo de control, los hallazgos fueron posibles gracias al modelo predictivo de contratación desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el cual cruzó datos del SECOP I y II con el Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (SIBOR), abarcando el periodo entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025.
Como resultado del cruce de bases de datos, la Contraloría identificó 30 contratos en ejecución por un valor total de $20.247 millones, suscritos por 24 personas naturales o jurídicas con fallos de responsabilidad fiscal vigentes en el momento de la firma.
Adicionalmente, el análisis reveló otros 688 contratos por un valor de $737.871 millones firmados por 287 contratistas que, según el boletín SIBOR, estaban inhabilitados al momento de suscribir los contratos, pero posteriormente resarcieron su obligación fiscal o fueron excluidos del boletín antes de la finalización de la ejecución contractual.
La Contraloría también destacó que dos de los contratistas ya habían sido objeto de alertas anteriores por parte del ente de control, debido a observaciones previas por situaciones similares.
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Uno de los casos corresponde a la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, que al momento de suscribir un contrato por $159.977.528 con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur se encontraba inhabilitada.
El otro caso involucra a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (COMFAMILIAR), que firmó un contrato por $47.949.700 con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena también estando inhabilitada.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría General de la República concluyó que emitirá alertas para advertir posibles riesgos en la contratación pública y reiteró que continuará con el ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante en estos casos.
Además, señaló que los resultados del seguimiento serán remitidos a las entidades competentes para que adelanten las actuaciones que correspondan dentro del marco de sus funciones.
El organismo resaltó que el nuevo modelo predictivo de análisis busca reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento del régimen de inhabilidades en los procesos contractuales del Estado.
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