En el contexto de violencia que vive actualmente Cúcuta, ni siquiera las personas encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos en los contextos familiares salen bien libradas, así se evidenció en la sesión especial organizada por el Concejo Municipal para conocer las condiciones en las que están trabajando las comisarías de familia de la ciudad. 

En este sentido, las principales demandas hechas por las representantes de las cinco comisarías de familia que operan en Cúcuta giraron en torno a aumentar la seguridad y la capacidad operativa, esto en vista del alto número de denuncias que se reciben a diario en estas instancias y que solo el último año llegaron a un total de 4.000. 

La complejidad de los casos y el grado de violencia que manifiestan algunos de los involucrados, hace que el ambiente se torne hostil no solo para las víctimas, sino también para los funcionarios, que terminan expuestos a situaciones de riesgo y sin ningún tipo de medida de protección para ellos, lo que complica en ocasiones el desempeño de sus labores. 

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De hecho, en el  último año dos funcionarias tuvieron que ser reubicadas tras presentar afectaciones en su salud mental, consecuencia del estrés que le producían situaciones de tipo laboral. 

Miriam Carrillo, comisaria de familia permanente, que atiende las Comunas 1, 9 y 10, señaló que por lo general son los hombres los que se presentan con mayor actitud violenta, y aunque hay temor por su integridad, la mayor preocupación son las víctimas. 

En este sentido, explicó que como mecanismo de defensa propio de la comisaría, han optado por implementar estrategias para retener al victimario, mientras la persona afectada logra salir de las instalaciones para evitar nuevas agresiones. 

“Son medidas que aplicamos para proteger a la víctima de violencia de género, pues no contamos con una presencia permanente de la Policía”, dijo la funcionaria.

Otra de las peticiones en la que coincidieron todas las comisarías es la asignación de un vehículo permanente, que permita hacer los traslados de víctimas, pero también hacer las visitas de campo no concertantes, a través de las cuales se evidencian las situaciones de violencia y se inician las diligencias correspondientes. 

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Asimismo, algunas de las funcionarias, como medida de seguridad, también solicitaron la asignación de un citador que se encargue de dar curso al debido proceso, pues “muchos casos terminan anulados, porque no hay quien notifique una citación y ahí queda todo”, expuso una funcionaria. 

Preocupación por amenazas

“Escuchar las cifras que nos presentan las comisarías es motivo de alarma, porque son muchos los casos que deben atender en su diario vivir”, expresó Raquel  Galvis, secretaria de Talento Humano de la Alcaldía. 

Galvis llamó a las funcionarias a notificar oportunamente las situaciones de amenaza que se presenten, para poder tomar cartas en el asunto, como informar a la Unidad Nacional de Protección, o a los organismos de seguridad, “esto no puede quedar en una simple amenaza, sino que se deben tomar las medidas adecuadas, porque ustedes son funcionarias públicas”, dijo. 

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Igualmente, la jefe de talento humano se refirió al caso de las dos funcionarias reubicadas por temas de salud mental y, en ese sentido, manifestó que se ha venido haciendo un trabajo importante con el personal asignado en comisarías e inspecciones. 

“Sabemos que la carga laboral de estos sitios es tremenda y por eso vamos a seguir fortaleciendo las acciones que permitan que su salud se vea deteriorada”, expresó.

En proceso creación de nuevas comisarías

Cumplir la promesa de ampliar el número de comisarías de familia del municipios, de cinco a nueve, es una de las expectativas que tienen las funcionarias que llevan a cabo esa misión actualmente, pues permitiría tener una mayor cobertura de los casos y brindar una mejor atención a las víctimas que acuden a estos espacios.
 
De acuerdo con Raquel Galvis, el proceso de creación de las comisarías demoró debido a que no se contaban con los recursos económicos necesarios, sin embargo, ya ha sido posible gracias a los recaudos registrados a partir de la implementación de la estampilla Profamilia. 

“Revisando ayer el tema con Hacienda, encontramos que ya hay un recaudo de $473.331.000 millones, con eso ya nosotros podemos dar inicio a la puesta en marcha de dos de esas cuatro comisarías que fueron creadas”, dijo e indicó que ahora continúa el proceso de contratación, que podría llevar alrededor de dos meses.

Señaló que los cargos requeridos son comisarios, abogados, trabajadores sociales y psicólogos. 

“Atender de manera eficiente con cinco comisarías a casi un millón de habitantes es prácticamente imposible, de modo que la creación de dos más ayudaría a que la carga laboral sea más fluida y podamos atender de mejor forma a las víctimas o sobrevivientes de violencia del contexto familiar”, dijo Nancy Parada, jueza de la Comisaría de la Comuna 7, en Atalaya. 

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