El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC denunció que la muerte de 27 de sus integrantes ocurrida el pasado 16 de enero en el departamento del Guaviare fue producto de un envenenamiento previo y posterior ejecución a manos de una supuesta alianza entre la Brigada 22 del Ejército y la facción de alias ‘Calarcá’, por lo que exigió una investigación forense exhaustiva para determinar las sustancias que habrían sido utilizadas para reducir a los combatientes antes de su muerte.

A través de un comunicado difundido por el Secretariado del Estado Mayor Central, la organización insurgente calificó los hechos registrados en la vereda Cuabay, zona rural del municipio de El Retorno, como una operación que rompió "los mínimos de la guerra".

Según la versión entregada por el grupo armado, sus hombres "fueron envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia", una situación que aseguraron se evidencia en videos que circularon en redes sociales y en los cuales, advirtieron, "se identifican dos civiles entre los muertos".

La estructura ilegal, hoy distanciada de la mesa de paz, apuntó directamente contra la fuerza pública y sus antiguos aliados. El documento señaló que el ataque respondió a una coordinación entre la Brigada 22 de Selva y el "grupo paramilitar comandado por el criminal ‘Calarcá Córdoba’", en lo que describieron como "otro capítulo de la estrecha y criminal alianza" que involucraría a altos mandos militares y miembros de la dirección de inteligencia.
 

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Ante la gravedad de los señalamientos, las disidencias solicitaron la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo para verificar los procedimientos de Medicina Legal. El objetivo, según explicó el grupo, es que los exámenes forenses "clarifiquen el envenenamiento o sedación" y garanticen la celeridad en la entrega de los cadáveres a las familias.

La organización expresó su desconfianza hacia los entes investigadores y manifestó su esperanza de que, a diferencia de casos anteriores, "la Fiscalía no sabotee por orden presidencial los procesos judiciales para esclarecer la verdad".

El pronunciamiento también arremetió con dureza contra la política de Paz Total del Gobierno. El Estado Mayor Central aseguró que el presidente, Gustavo Petro, "transformó esa mesa de diálogos en un puesto de mando unificado desde donde se planifican operaciones militares contrainsurgentes".

Bajo este argumento, la organización instó a las organizaciones sociales, a la Iglesia Católica y a la comunidad internacional a "replantear su participación" en el proceso de negociación. El grupo armado les solicitó de manera directa: "No sigan legitimando esta farsa y estos crímenes".

Finalmente, el grupo reconoció las bajas como un acto de "honor militar" y advirtió que el golpe no debilitará su accionar. En su mensaje de cierre a las familias y compañeros de los fallecidos, el Secretariado sentenció: "Nuestro dolor se transformará en lucha y combate por una patria distinta".
 

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