Un proceso de restitución de tierras en el municipio de La Gloria, en el sur del departamento del Cesar, podría afectar a más de 5.000 personas con lo que sería el cierre de una de las principales compañías generadoras de empleo.

Esta situación llevó a que una comitiva de 17 trabajadores de la compañía protestara el pasado miércoles en el barrio Popular, frente al edificio donde funciona la Sala de un Tribunal Judicial de Cúcuta.

“El plantón lo hicimos para dar a conocer nuestra situación y que nos hagan partícipes de este proceso. Desde 2020, cuando se inició, la Agencia Nacional de Tierras ni la Unidad de Restitución de Tierras nos han tenido en cuenta”, aseguró Dawer Contreras, miembro de la comitiva.

Contreras detalló también que alrededor de 5.000 hectáreas son las que se están viendo comprometidas. 

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Explicó que, de ellas, 1.200 fueron declaradas por la ANT como parte del Estado y otras 3.700 como objeto de restitución de tierras por la URT.

Eider Barbosa, otro de los afectados, precisó que el problema recae en que estos terrenos son utilizados por una compañía para explotar palma de aceite, lo que a su vez genera cerca de 1.500 empleos en dicho municipio.

Igualmente, Barbosa enfatizó que, de llevarse a cabo la restitución de tierras a las víctimas, se estarían viendo perjudicadas miles de familias que dependen de quienes trabajan en la compañía.

“Muchas de las familias cuentan con adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Nos preocupa también porque esa es la principal fuente de empleo en nuestro pueblo”, añadió Barbosa.

Además, los trabajadores señalaron que ya han establecido contacto con algunas víctimas del conflicto armado, las cuales les han manifestado que no desean poseer esas tierras por los costos de su mantenimiento.

Destacaron también que, aunque ya han enviado derechos de petición frente a este caso, todavía no se les ha ofrecido una solución o respuesta a sus necesidades, ni tampoco sobre cuándo empezará a regir esta medida. 

Asimismo, este grupo declaró que su llegada a Cúcuta también se da luego de que, en los últimos años, hayan sido remitidos a otras ciudades donde había sido designado este proceso.

Avances en el caso 

Si bien durante la manifestación no se emitió la sentencia que definirá la situación futura, La Opinión conoció que los protestantes sí tuvieron un espacio de diálogo con un abogado de la Defensoría del Pueblo, quien logró establecer contacto con los magistrados que manejan este caso.

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Durante esa conversación, los magistrados indicaron que están estudiando el caso, el cual, según explicaron, ha recibido múltiples impugnaciones a derechos de petición.

Por lo mismo, los funcionarios públicos habrían pedido a la comunidad un tiempo de espera mientras avanzan con las respuestas. 

Además, ante las quejas de los trabajadores, anunciaron que están revisando todo el proceso, detallando los pros y los contras, para así llegar a una decisión final.

Por otro lado, se pudo conocer que, aunque este caso específico es competencia de la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Magdalena Medio, la sentencia le corresponde resolverla un Tribunal en la ciudad de Cúcuta.

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