El país vivió ayer una jornada de protestas y manifestaciones a nivel nacional, en rechazo a la actualización catastral y los aumentos en el impuesto predial.

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de manifestantes organizaron bloqueos en algunas vías principales del país, afectando el tráfico y la movilización de muchos colombianos.

En Norte de Santander los bloqueos se registraron principalmente en los municipios que conforman la provincia de Pamplona, como Chitagá, Mutiscua y la propia Pamplona.

Las protestas fueron convocadas por ciudadanos, organizaciones campesinas, gremios productivos y otros sectores, quienes alertaron que la actualización catastral implican nuevos cobros que suponen una gran presión económica.

Esta situación llevó a que regiones como Santander amanecieron con bloqueos en sus vías principales. Según los reportes a las autoridades y la ciudadanía, cientos de campesinos bloquearon la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, afectando en gran medida el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro.

Algo similar ocurrió en Cundinamarca, en la vía Bogotá–La Calera, donde los manifestantes cerraron el paso y crearon un traumatismo mayúsculo, dada que esa es la principal vía entre las dos localidades.

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La incertidumbre frente a la persistencia de los bloqueos se mantiene al día de hoy, ya que los organizadores del paro esperan la instalación de una mesa técnica con el Gobierno nacional, para la discusión del pliego de peticiones. 

Al respecto, Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), responsable de la actualización catastral, dijo en conversación con La Opinión que para hoy a las dos de la tarde está prevista una reunión con veedurías ciudadanas sobre este tema, sin embargo, no estarían confirmada la presencia de los representantes del paro, por lo que la protesta podría seguir en las principales vías del país. 

Dicha reunión fue ratificada por el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, quien reiteró que el paro estaría promovido por líderes políticos y no sociales. 

Frente a esto, Tatiana Muñoz, líder nacional de la protesta, expresó que “no nos interesa entrar en la polarización, no pertenecemos a ningún partido y no nos interesa apoyar absolutamente a nadie. Nosotros estamos acá porque estamos defendiendo nuestras realidades”.

Los motivos

Las protestas se originaron debido a la publicación de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), norma que establece la actualización masiva de los avalúos catastrales en 527 municipios, a partir de 2026.

La nueva norma elevó la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto predial, lo que se traduce en un incremento en el valor que tiene que pagar la ciudadanía, a partir de este año.

El Instituto aseguró que esta medida surgió debido a un “retraso histórico” en la actualización de los valores catastrales que, según el director del IGAC, tenían en promedio 16 años de retraso. 

“Teníamos predios en el país valuados al 4% y 3% de su valor comercial; mientras que el 90 % estaba tributando a no más del 20% en la relación avalúo comercial y catastral”, explicó. 

IGAC: hay muchos mitos 

Uno de los argumentos que exponen los promotores del paro es que el avalúo catastral es la base con la que se calculan los diferentes impuestos que pagan los ciudadanos. Al respecto, el director del IGAC señaló que “ese es uno de los mitos con los que ha desinformado a la población”. 

“El avalúo catastral no es criterio para fijar el estrato, tampoco incide en la calificación del Sisbén o en la asignación de las ayudas sociales, no tiene nada que ver con los pagos de impuestos -ni predial ni renta- y tampoco tiene relación con el impuesto al patrimonio”, explicó. 

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Sobre el caso del impuesto predial, que ha sido uno de los principales motivos de conflicto, indicó que el cálculo del mismo es una función que corresponde a los gobiernos municipales y se establece de acuerdo con la metodología establecida en el estatuto tributario. 

En este sentido, señaló que desde el año pasado se viene socializando con los alcaldes una serie de medidas para mitigar el impacto en el ajuste de los tributos. En todo caso, fue tajante al asegurar que “más allá de que el avalúo haya subido de 1.000 a 14 millones de pesos, el impuesto predial no puede crecer más del 50 o 100 % del que se pagó el año inmediatamente anterior”. 

Indicó que esta medida tiene que ver con la Ley 1995 del 2019 que regula las normas catastrales y limita el incremento del impuesto predial tras actualizaciones catastrales, protegiendo a los propietarios de alzas desmedidas. 

Explicó que los incrementos se fijan de acuerdo a la extensión del predio, así si un predio es menor a 100 hectáreas, el aumento no podrá ser mayor al 50 % del predial anterior, y si supera las 100 hectáreas, el aumento no debe superar el 100 %.  

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“Esto es muy importante, se tomó la medida de reducir el rezago, pero  también se mantuvieron las medidas que reducen el pago del impuesto predial al contribuyente. La administración municipal tiene que ser muy clara en los términos de cómo está calculando el impuesto”, sostuvo Marulanda. 

Aseguró que metodológicamente el proceso lleva 3 años, en los que se ha hecho un “estudio fuerte y detallado”, el cual ha permitido determinar el uso y vocación del suelo, según dicta la norma, sobre todo en el suelo rural. 

Precisó que con la reducción del rezago catastral, el 93 % de los predios en el país no quedaron con avalúos por encima de los 200 millones de pesos, mientras que el otro 7% está por encima de esa cifra y apenas 21.000 están valuados en más de 1.000 millones de pesos.

Del mismo modo señaló que de los dos millones de predios actualizados, 600 están en estudio, luego de que los propietarios manifestaron irregularidades, es así que “si el ciudadano tiene alguna duda o alguna queja tiene que venir al IGAC”, señaló. 

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