El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertaron este jueves sobre una grave alteración del orden interno en el Centro de Detención El Rodeo I, estado Miranda, que compromete la seguridad de los presos políticos allí recluidos.
Según las ONG, los internos e han comunicado por eco desde la colina adyacente al penal, durante la noche del 8 de abril, cuando familiares subieron al cerro para el contacto habitual. Los presos políticos informaron que una protesta pacífica de reclusos de origen extranjero terminó reprimida con el decomiso de las pocas pertenencias que poseían, objetos que habían recibido de los presos políticos venezolanos.
Denunciaron además la muerte extraoficial de un ciudadano extranjero dentro del centro y la negativa de las autoridades a entregar información al respecto.
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Josnar Baduel y otros detenidos sufrieron desmayos, situación que coincide con denuncias previas sobre mala alimentación, hidratación insuficiente y malos tratos.
Justicia, Encuentro y Perdón manifestó profunda preocupación ante los testimonios de familiares en las adyacencias del penal, quienes reportaron gritos de auxilio que alertan sobre personas heridas, con énfasis en ciudadanos extranjeros y en el prisionero político Josnar Baduel.
La entidad exigió al Estado venezolano el cumplimiento del artículo 46 de la Constitución y de las Reglas Nelson Mandela, y demandó el restablecimiento inmediato de los canales de comunicación, el acceso de órganos de supervisión independientes y la asistencia médica urgente a los heridos.
Ambas organizaciones coincidieron en que mujeres mayores de 60 años con problemas de salud permanecen encerradas sin noticias de liberaciones. Los presos políticos advirtieron también sobre un posible traslado de Baduel, cuya familia no recibió notificación oficial.
Baduel presenta un cuadro de salud crítico que requiere intervenciones quirúrgicas urgentes.
Los reclusos calificaron el centro como un espacio donde se violan sistemáticamente las garantías constitucionales, el debido proceso y las leyes diplomáticas de derechos humanos. Los presos políticos exigieron la aplicación inmediata de una Ley de Amnistía real que permita la reunificación familiar y la paz en el país. Cuestionaron además las peticiones gubernamentales sobre el levantamiento de sanciones mientras no se garantice un estado de derecho.
Clippve exigió una investigación inmediata de los hechos, el acceso humanitario de la Cruz Roja y la intervención urgente de los organismos competentes. “Estos casos no requieren nuevas leyes, sino que se revisen de manera directa, porque muchos de ellos se encuentran viciados desde su origen”, afirmó el Comité.
