Catorce meses después de que se reactivarán los enfrentamientos entre las estructuras armadas ilegales de las disidencias del frente 33 de las Farc y el Eln en el Catatumbo, y cerca de un año de la implementación de acciones por parte del Estado para tratar de mitigar el impacto del conflicto armado en la población civil, las afectaciones siguen siendo graves, sobre todo en zona rural de Tibú.
Así lo evidenciaron las organizaciones humanitarias que la semana pasada, durante cinco días, entre el 24 y 28 de marzo, recorrieron las veredas de Campo 6, Bertrania, kilómetro 25 y Versalles, encontrando que el principal reclamo de los ciudadanos siguen siendo el de una mayor y constante presencia institucional, tanto de entidades locales, departamentales como nacionales.
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La misión, integrada por miembros de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, la Coordinadora Humanitaria y 22 entidades del Estado, dio a conocer los hallazgos de la visita, destacando la persistente presencia de minas antipersonal en parcelas y entornos escolares, el aumento del reclutamiento forzado de menores, confinamiento por temor y control territorial, y graves afectaciones a la vida de la población civil como principales hechos victimizantes.
Luz Nancy Castro, coordinadora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien estuvo a bordo de esta caravana humanitaria, habló de la situación crítica en que se encuentran las poblaciones campesinas en Tibú y El Tarra, donde niños y familias enteras están expuestas a los peligros de las minas antipersonal, alterando por ejemplo la frecuencia con que los niños deben asistir a los colegios.
Del mismo modo, la funcionaria resaltó la importancia de llegar en grupo a estos lugares, ya que de manera individual ha sido más complejo, pues se han presentado situaciones de cobro de vacunas al personal que transporta el servicio de alimentos del ICBF.
Por su parte, Holmer Pérez, representante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), señaló que “la situación de confinamiento sigue siendo preocupante”, ya que se presenta no solo por la coacción de los grupos armados, que buscan ejercer el control en la zona, sino también por la misma sensación de temor e inseguridad de las personas.
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“Las personas prefieren encerrarse en sus casas y disminuir incluso la comunicación a través de medios telefónicos, para evitar quedar expuestos encaso de que sus dispositivos sean revisados por integrantes de los grupos ilegales”, explicó el dirigente de Ascamcat.
Señaló que el problema con esta situación es que las personas están prácticamente aisladas, ajenas a las informaciones de interés que se difunden, por ejmpleo, a través de grupos de Whatsapp.
Ausencia de la institucionalidad local
Judith Azoira, representante de Poderpaz, criticó la ausencia de la institucionalidad local, como la Alcaldía y Personería de El Tarra, y la regional de la Defensoría del Pueblo, que no acompañaron la visita humanitaria, al parecer por razones de seguridad.
Señaló que esta decisión dificultó la toma de declaraciones en las veredas visitadas, pero además indicó que la presencia de estos funcionarios “era parte de los compromisos asumidos con la comunidad y le han quedado mal”.
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Indicaron que otras entidades deben hacer presencia, como la Registraduría Nacional, para hacerse cargo de los nuevos nacimientos; y la Cancillería para complementar la labor que adelantan funcionarios de Migración en la atención a la alta población migrante.
Más de 1.400 personas atendidas
Durante la visita humanitaria fueron atendidas 1.400 personas, a quienes se les prestó servicios en salud, acompañamiento psicosocial, atención a niños y adolescentes, asesoría en situación de despojo de tierras y orientación a víctimas.
Reportaron que desde el inicio de la crisis en 2025 hasta la fecha van más de 99.000 casos de desplazamiento, más de 600 personas confinadas actualmente y un total de 30.000 desde el año pasado, más de 170 homicidios, cinco personas desaparecidas y 4.000 personas evacuadas de manera urgente.
Por esta situación la subregión del Catatumbo fue uno de los lugares con más hechos violentos en Colombia durante 2025, con 262.
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