Hace seis meses estalló en Colombia uno de los escándalos de mayor revuelo en el gobierno de Gustavo Petro, después del de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se trata del caso de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, imputada por la Fiscalía el pasado  26 de marzo, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. 

Este acto es el resultado de la denuncia interpuesta en septiembre de 2025 por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza -electa senadora el pasado 8 de marzo- tras revelar una serie de irregularidades en la formación académica de Guerrero, quien se perfilaba entonces para el cargo de viceministra de Juventudes. 

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Irregularidades en los títulos de Contaduría Pública y técnico en gestión contable y tributaria, otorgados ambos por la Fundación Universitaria San José a Juliana Guerrero; la falta del certificado de presentación de las pruebas Saber PRO y TyT, y la ausencia de registro en el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), son algunos de los hallazgos expuestos por la congresista. 

Pero lo que pocos conocen es cómo se tejió la investigación, y posterior denuncia, que hoy tiene a Juliana Guerrero a las puertas de un juicio, luego de declararse inocente de todos los cargos. 

Cucuteño en plan estelar

Aunque la curul en el Congreso pertenece a Jennifer Pedraza y es quien asume la vocería de las denuncias, tras de sí tiene a un gran equipo de jóvenes profesionales, entre investigadores, jurídicos y comunicadores, que la respaldan en su función. 

Uno de ellos es Juan Felipe Rojas Pinto, un joven cucuteño de 26 años, profesional del Derecho y la Administración Pública, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pedraza, desde 2023, pieza fundamental en el caso de Juliana Guerrero, pero también en los otros logros que se acreditado la representante, como la aprobación de la Ley 2447 de 2025, que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia. 

 
Al igual que la congresista, proviene del movimiento estudiantil. De hecho se conocieron en ese entorno, y actualmente  según dice Rojas Pinto: “soy una de las personas que le redacto y acompaño en todos sus debates”.

La Opinión conversó con él para conocer cómo se tejió la investigación y posterior denuncia contra la joven funcionaria del Cesar, pero también sus expectativas y aspiraciones en lo personal y profesional. 

La investigación

“La investigación inicia por los escándalos relacionados con el uso de aeronaves por parte de Juliana Guerrero y su hermana”, cuenta Juan Felipe, remontándose hasta  junio de 2025 cuando, a través de los medios de comunicación, se conoció que la consejera universitaria viajó con su familia desde Bogotá a Valledupar en un avión de la Policía Nacional. “Desde ese momento la tuvimos en nuestro radar”, relata.

Recuerda que, poco tiempo después, se conoció de su inminente nombramiento en el Viceministerio de Juventudes y fue ahí cuando decidieron poner la lupa al proceso de contratación de la cesarense, sobre todo porque uno de los puntos fuertes de la agenda legislativa de Pedraza se relacionan con la juventud y por eso empezaron  a investigar. 

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Es en este punto es donde su actuación fue determinante. “Como mi segundo pregrado es Administración Pública, tenía presente que un cargo debe cumplir con un manual de funciones; así que en un ejercicio inicial de verificación de los requisitos y de la hoja de vida de Juliana Guerrero, encontramos que no cumplía ni con los estudios ni con la experiencia profesional”, explica el cucuteño. 

Esta fue una de las primeras denuncias hechas por la congresista en redes sociales a mitad de agosto.  

Acto seguido, la hoja de vida de Guerrero fue modificada y es cuando Juan Felipe Rojas comienza a investigar de manera minuciosa en los sistemas públicos de información, a gestionar solicitudes en despachos oficiales, consultar los registros de las pruebas Saber Pro y TyT, y corroborar con el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) que “Juliana apenas se encontraba inscrita para presentar dichas pruebas”.

Es así como a partir de la experticia del  joven cucuteño, la UTL de Pedraza logra establecer que los títulos de Guerrero son falsos, que ella es solo bachiller, y que el caso se configura en un fraude de considerable magnitud. 

En este momento “procedimos a interponer la denuncia en la Fiscalía, que hoy tiene a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la San José, en un proceso penal”, revela el asesor cucuteño. 

Como moraleja a un cuento que no ha terminado, el abogado cucuteño añade sobre la reciente imputación de cargos que “sienta el precedente y demuestra que hacer control político en el país sí sirve, y además de que el camino no es la trampa”. 

Pero más allá del caso de Guerrero, Rojas Pinto asegura que la investigación continúa, pero centrada en los títulos académicos entregados por la Fundación San José a servidores públicos, encontrando irregularidades sistemáticas luego de comparar tres bases de datos obtenidas del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Educación y el ICFES. 

El mejor equipo de trabajo

A pesar de sus capacidades, Juan Felipe asegura que los éxitos alcanzados en el Congreso de la República, entre los que está el reconocimiento entregado a Jennifer Pedraza por Cifras y Conceptos en 2025, como la mejor representante, son fruto de un trabajo colectivo. 

“Somos como fichas de ajedrez, porque todos (los de la UTL de Pedraza) cumplimos una función esencial, como los engranajes de un reloj, todos somos indispensables”, asegura.

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Por eso argumenta sentirse “afortunado de formar parte del mejor equipo del Congreso de la República”. 

En este sentido, destaca que actualmente llevan adelante dos proyectos claves que están cerca de ser aprobados, como los que van contra la trata de personas y contra la mutilación genital femenina, a uno y dos debates, respectivamente, de convertirse en ley. 

Los riesgos de denunciar

El rigor del control político generalmente implica riesgos para quienes denuncian y aunque en el caso del Congreso de la República la principal amenaza va contra el representante o senador, que es quien pone la cara, muchas veces sus equipos de trabajo también quedan expuestos. 

Sin embargo, la percepción de inseguridad no es algo que lo atormente. Señala que aunque les han advertido que se enfrentan a personas con mucho poder y que podría haber represalias, de su parte asegura no tener miedo, aunque reconoce adoptar medidas de autocuidado, pero por nada piensa dejar de denunciar. 

Indica que “Jennifer piensa mucho en nosotros (el equipo) y en algunas oportunidades hemos decidido revisar bien la forma en la que denunciamos para no exponer la integridad de nuestro equipo o de nuestros voluntarios en todo el país, pero siempre tenemos la motivación de trabajar por el país denunciando actos de corrupción, e impulsando iniciativas que cambien la realidad de las personas”.

Impactar positivamente al país

Como una antítesis de Juliana Guerrero, para Juan Felipe Rojas  Pinto la educación es una herramienta transformadora, de ahí que su objetivo es continuar formándose para impactar positivamente su ciudad natal, Cúcuta, pero también el país. 

“A pesar de la situación del país, que puede ser desalentadora en ocasiones, tenemos un llamado a cambiar la realidad de nuestros territorios”, expresa y añade que aunque no todos tienen la oportunidad de acceder a la educación, quienes lo logran “tienen un deber moral de luchar contra las injusticias, desigualdades y brechas que tenemos en nuestra sociedad”.

Aunque Bogotá ha sido su casa en los últimos nueve años y el escenario de su formación profesional (en la Universidad del Externado y la Escuela Superior de Administración Pública), su amor por Cúcuta es tan incalculable como inocultable. 

Recuerda con orgullo sus estudios de educación básica entre el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (hasta décimo) y el Colegio pedagógico de Los Andes (once), y a través de sus redes sociales habla constantemente de las bondades de su tierra, al tiempo que analiza los temas de interés para los cucuteños.  

“El amor por mi ciudad y el país ha hecho que no desfallezca en mi proceso de formación personal y profesional. Todos debemos encontrar el motor de nuestras vidas y utilizarlo para tener constancia a la hora de conseguir nuestros sueños”, expresó.
 
Asegura que su prioridad es continuar su preparación y acumular la experiencia suficiente para, desde el sector público, transformar el país y en algún momento volver a Cúcuta para “trabajar por ella”.  

De igual forma, no descarta la posibilidad de incursionar en la política y optar por un cargo de elección popular, sueño que lo impulsa a seguir estudiando y creciendo profesionalmente. 

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