A poco más de tres meses del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, que provocó uno de los desplazamientos forzados más grandes de los últimos años, que a la fecha afecta a 64.621 personas, más de 10.000 ciudadanos han hecho declaración formal de los hechos victimizantes ante los diferentes organismos del Ministerio Público.
Así lo informó Yenifer Castillo, directora territorial de la Unidad de Víctimas, quien indicó que hasta la fecha, hay 10.493 declaraciones, de las cuales 10.410 son individuales y 83 corresponden a masivos, es decir grupos familiares o comunidades.
Explicó que de ese universo “se han valorado efectivamente 6.505”, por lo que esas personas pueden ser ingresadas al registro único de víctimas, en el que ya existen 42.951 personas solo del Catatumbo, que corresponde a 21.703 hogares georeferenciadas en 13 municipios del departamento.
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Estas personas que van ingresando al registro único de víctimas entran dentro del Esquema Especial de Acompañamiento de la Unidad, que permite entre otras cosas su reubicación como parte de su retorno a una vida digna.
Mejora vial en Playa de Belén
Como parte justamente del cumplimiento de los compromisos adquiridos con las personas afectadas por el conflicto armado en el país, la Unidad para las Víctimas a través de su Dirección Territorial Norte de Santander-Arauca, entregó 100 metros de placa huella a la comunidad de la vereda Sucre, en el municipio de La Playa de Belén.
Esta obra hace parte de las acciones contempladas en el Plan de Retorno y Reubicación (RR), y responde a las estrategias de intervención en infraestructura social y comunitaria contempladas para el año 2024.
La construcción de esta placa huella tiene como objetivo mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del sector, facilitando el acceso a servicios básicos como salud, educación y el transporte de productos agrícolas. Además, busca contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la participación activa de la comunidad en el desarrollo del proyecto.
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La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander explicó que la intervención forma parte de la estrategia para garantizar condiciones adecuadas de retorno a las comunidades afectadas por el conflicto armado.
Esta entrega representa una solución concreta a las dificultades históricas que han limitado el desarrollo de las comunidades rurales, al reducir las barreras de acceso físico y mejorar la conectividad territorial. La obra también promueve una mayor articulación con la institucionalidad y fortalece el restablecimiento de derechos de la población víctima del conflicto armado.
La acción hace parte del compromiso de la Unidad para las Víctimas de brindar atención integral, oportuna y con enfoque territorial, garantizando avances significativos en la reconstrucción de los entornos comunitarios.
El desarrollo de este tipo de obras se integra a otras líneas de atención que buscan asegurar el bienestar y la dignificación de las personas retornadas o reubicadas.
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