Los líos con los órganos de control no cesan para el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, de quien se acaba de conocer un fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo destituye e inhabilita para ejercer cargos públicos por un término de 17 años y 7 meses.

En esta oportunidad, el motivo de la medida, que hasta ayer no había sido  notificada al gobernante municipal, tuvo origen en la queja presentada el 24 de agosto de 2016 por Camilo Entrena, así como por los ciudadanos Eduardo Alexis Almeida Cantor y Adrián Alberto Pacheco, y la misma tiene que ver con la presunta evasión del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en la que incurrió el gobernante municipal, que prevé como regla general la licitación pública y la no contratación directa, como ocurrió en el caso del citado municipio con el contrato de las fotomultas.

Dicho contrato fue suscrito por ETT Villa del Rosario y el departamento de Tránsito, con el cual, según los denunciantes, delegó con particulares el manejo de actividades propias de tránsito por un término de 30 años.

Para el ente de control, a Socha se le cuestiona, igualmente, que utilizó inadecuadamente el tipo de contrato que suscribieron para la entrega de las fotomultas, pues no contaba con más del 50% de participación estatal, y debía hacerse a modo de concesión “dado el objeto contractual y la naturaleza del contratista”, según la Procuraduría.

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El Ministerio Público asegura también en su fallo de segunda instancia, que el estudio que justificó la sociedad a cargo de las fotomultas “omitió aspectos medulares tales como los rendimientos de los recursos a invertir ($5.000 millones), la utilidad esperada por el tercer contratista y la determinación del tiempo estimado para la ejecución del contrato (30 años)”.

“El investigado, por su plena autonomía como alcalde conocía que su comportamiento era contrario a derecho, pues la mayoría de servidores públicos y más cuando se trata del representante legal del municipio, saben cuál es el alcance de sus facultades constitucionales y legales”, reza un aparte del fallo.

En este se agrega también que Socha estuvo en condición de conocer que, inducir y determinar a otros funcionarios para evadir los procesos de selección de contratistas e impulsar la celebración de un convenio con fundamento en unos estudios previos deficientes, podría generarle responsabilidad disciplinaria.

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La Procuraduría, sin embargo, decidió absolver al gobernante local de los otros dos cargos que le había imputado: por delegar a la directora de Tránsito para asumir un compromiso presupuestal de 30 años sin contar con las autorizaciones pertinentes y porque aparentemente constituyó una sociedad de economía mixta con el fin de favorecer a un socio estratégico.

Consejo de Estado tiene la última palabra

Para que la decisión quede en firme primero se debe pronunciar el Consejo de Estado, por tratarse de un servidor público de elección popular.

En este aspecto, ayer, Socha le dijo a La Opinión que de tal decisión aún no ha sido notificado y que, por ende, seguirá siendo el alcalde de Villa del Rosario hasta tanto el Consejo de Estado no dé a conocer su decisión.

“No es la Procuraduría la que destituye a funcionarios de elección popular, en este caso alcaldes, por tal motivo vamos a pedir la revisión del fallo de este órgano de control para que en derecho se dictamine si mi conducta en el proceso contractual de las fotomultas estuvo apartada de la ley. 

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“Yo solo quiero decir que hay detractores políticos que le meten mano a la procuraduría. Pero también quiero ser muy franco: no tengo ninguna falta grave ni gravísima, como lo dice la Procuraduría, por eso estoy tranquilo”, insistió el gobernante municipal.

Al ser indagado por los cargos en los que la Procuraduría encontró mérito para destituirlo e inhabilitarlo, Socha se defendió alegando que la Procuraduría dice que yo no debía  haber hecho una sociedad de economía mixta a 30 años, sino una concesión, cuando esa fue la facultad que me dio el Concejo para crearla. “Ahí no hubo falta alguna grave”, subrayó.

A la pregunta de por qué se expuso el presupuesto público en esa modalidad contractual, Socha respondió que él no tenía que haber comprometido vigencias futuras, “no señor, si el municipio no estaba aportando plata alguna. 

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Esos recursos ($5.000 millones) los puso el socio estratégico. Ahí no hay falta grave”.  Dijo además que él no le ordenó a la secretaría de Tránsito Alix Johana Mantilla hacer el contrato a 30 años.

 “Ahí está el acta que señala que hay una junta constituida por el alcalde, Planeación y el Concejo municipal. Pero además, cuando se aprobó el citado contrato yo no estaba al frente del cargo, estaba era como alcaldesa encargada la secretaria de Hacienda, Fanny Hernández”.

Socha ha estado en el cargo de alcalde de Villa del Rosario durante tres periodos, el último lo asumió en enero de 2022 tras ganar una batalla jurídica que  dejó sin piso la elección de su principal contrincante en las elecciones de 2019,  Eugenio Rangel.

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