Cumplidos nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, todavía son muchos los retos pendientes en el camino hacia la no repetición, y esto se debe principalmente a que “la paz todavía no es un proyecto de nación”.
Así lo manifestó Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, durante el evento “12 mil razones para continuar”, a través del cual la entidad conmemoró el aniversario de este hito en la historia del conflicto armado en Colombia.
“Tenemos una cultura política que señala y estigmatiza —a los firmantes— porque sigue habiendo muchos intereses, económicos y políticos, para que la paz no sea una realidad”, agregó Miller.
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Señaló que la reincorporación no es solo un beneficio para los desmovilizados, sino “una apuesta por la no repetición de la guerra y por la paz del país”, que busca garantizar que quienes dejaron las armas no regresen a la confrontación, especialmente en un contexto donde grupos armados buscan reclutar a los firmantes.
Indicó que, si bien algunos han regresado al conflicto, corresponden a una cifra muy marginal en relación con la gran mayoría que se ha mantenido en la democracia y la paz.
Los retos
La directora señaló que algunos de estos retos tienen que ver, por ejemplo, con la adjudicación de tierras que, a su llegada a la Agencia hace tres años, era de apenas 800 hectáreas.
Destacó que, con el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras, “se han logrado entregar 18.000 hectáreas, pero hay 12.000 firmantes, lo que indica que aún queda mucho por hacer en este aspecto. Creo que vamos avanzando de manera importante”, dijo.
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No obstante, considera que lo más significativo es que en estos últimos tres años se ha construido una senda jurídica e institucional para evitar un retroceso en el camino avanzado.
Otro reto importante es la estigmatización de los reincorporados. Indicó que, a pesar de que muchos trabajan en proyectos productivos, estudian y construyen paz, aún se les señala como “guerrilleros o matones”, lo que dificulta su acceso al empleo y los pone en riesgo.
A propósito del empleo, Miller destacó que actualmente existen 3.000 firmantes con trabajo formal, contratados principalmente por el Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección; otros 6.000 ya culminaron sus estudios de bachillerato y 300 están accediendo a educación superior, con posibilidad de emplearse, “pero todavía tenemos que erradicar esas barreras”.
Destacó que actualmente trabajan en una estrategia para lograr que, en los próximos seis meses, al menos 300 firmantes sean contratados en la empresa privada.
La situación de seguridad de los firmantes es otro de los desafíos, especialmente en regiones donde el conflicto se repite y quedan en medio de los grupos armados, como sucedió en el Catatumbo.
“Sigue habiendo riesgos en estos territorios, por eso yo sí creo que hay que respaldar todas las iniciativas de paz total que se realicen”, expresó.