Cada 28 de diciembre, en distintos países del mundo, se conmemora el Día de los Santos Inocentes, una fecha de origen religioso que recuerda la matanza de niños menores de dos años en Belén, ordenada por el rey Herodes con el propósito de acabar con la vida de Jesús de Nazareth.
El episodio, narrado en el Evangelio de Mateo (Mt 2, 16-18), relata cómo la violencia del poder se ensañó contra los más indefensos, marcando uno de los pasajes más dolorosos del Nuevo Testamento.
Aunque este hecho ocurrió hace más de dos mil años, la muerte y la vulneración de los inocentes continúa manifestándose en diferentes regiones del mundo.
En Colombia, Herodes muestra su cara a través del conflicto armado, una tragedia que sigue dejando huellas profundas en la niñez, particularmente en territorios como el Catatumbo, donde este año que expira el recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias del frente 33 de las Farc, abrió nuevas heridas.
Es por esto que para el sacerdote Carlos Escalante, adscrito a la Diócesis de Cúcuta, la historia bíblica conserva una vigencia simbólica con la realidad actual del país. Según explica, hoy los niños siguen siendo víctimas de múltiples formas de violencia: hambre, desplazamiento forzado, reclutamiento armado, negación de derechos fundamentales como la educación y la salud, y exposición directa a la guerra.
La niñez en medio de la guerra
Las cifras dan cuenta de la magnitud de la situación. De acuerdo con registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), más de 62.000 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos tras sufrir durante 2025 las consecuencias del conflicto armado en Norte de Santander.
El impacto abarca hechos letales, y es que de los 166 muertos que registra oficialmente el PMU de Norte de Santander, 10 son menores de edad; pero también incluye afectaciones físicas, emocionales y sociales que marcan el desarrollo de esta población desde edades tempranas.
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Organizaciones sociales coinciden en que la más reciente escalada del conflicto en el Catatumbo ha tenido un impacto especialmente severo en los menores de edad. Uno de los hechos que marcó el inicio de esta etapa fue el asesinato de un bebé de apenas nueve meses, quien murió junto a sus padres en un ataque armado. El segundo hijo de la familia, un niño de 10 años, fue testigo del hecho.
Este episodio abrió una secuencia de hechos violentos en los que se han visto comprometidos principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, generando una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en la región.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que los impactos negativos alcanzan tanto a los niños que han sido forzados a abandonar sus hogares como a aquellos que permanecen en zonas de confrontación armada.
Además, la entidad señala que estas condiciones incrementan los riesgos sobre la salud mental, derivadas del desarraigo y la exposición a hechos violentos.
Para quienes permanecen en el territorio, los riesgos no son menores. La Defensoría ha alertado sobre amenazas directas asociadas a combates en áreas pobladas, ataques con drones cargados de explosivos, presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad que limitan el acceso a servicios esenciales como alimentación, educación y atención médica.
Reclutamiento forzado: la víctimización más cruel
Pero entre los hechos más crueles de victimización que enfrentan los menores en el Catatumbo, el reclutamiento forzado continúa siendo uno de las más graves. Este método implica la utilización de niños y adolescentes en actividades armadas, con riesgos directos para la vida y la integridad física y emocional.
Según la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, hasta el 11 de noviembre de 2025 se habían registrado 51 casos de reclutamiento de menores en el Catatumbo; mientras que el ICBF reportó, hasta esa misma fecha, 62 rescates de niños y adolescentes vinculados a grupos armados en el marco de la guerra iniciada el 16 de enero de este año.
En noviembre, la tragedia del reclutamiento cobró una mayor dimensión, cuando se conoció que en medio de un bombardeo del Ejército contra combatientes de la disidencia de las Farc, en Guaviare, siete menores de edad se encontraban entre los 19 insurgentes muertos en la acción.
De acuerdo con Medicina Legal, desde el 24 de agosto de este año, en total 15 niños han perdido la vida en operaciones militares contra grupos armados ilegales.
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Este drama toca de cerca a Norte de Santander, toda vez que entre las víctimas se hallaban dos jovencitas de este departamento, reclutadas en Catatumbo y trasladadas a otros territorios en medio de la infame dinámica de la guerra.
La Opinión buscó al familiar de una de las niñas, quien prefirió guardar silencio por temor a represalias, al advertir que la amenaza sobre ellos es latente y la presencia de los diferentes actores armados en su vereda es permanente.
Las muertes de estos menores a manos de la Fuerza Pública han generado no menos que indignación y rechazo por parte de entidades nacionales, internacionales y organizaciones sociales, que hablan de la doble victimización a la que se ven sometidos los niños en los territorios de la llamada Colombia profunda, sumidos en el olvido y el abandono estatal.
Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo, es una de esas voces críticas, que conoce de cerca el fenómeno del reclutamiento y al que le ha plantado cara en muchas ocasiones.
Asegura que esta práctica ha estado presente de forma continuada, y afirma que la diferencia es que ahora hay una mayor visibilidad institucional y exposición mediática.
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"El reclutamiento siempre ha estado en nuestro territorio, por eso siempre hemos levantado la voz y pedido una solución para que estos grupos dejen de utilizar a los niños en la guerra, que se busquen las alternativas para que nuestros niños y jóvenes dejen de ver el ingreso a estas estructuras como una opción de vida”, expresó.
Advierte que el riesgo de nuevos casos podría incrementarse debido a la confrontación entre grupos armados, que podrían buscar reemplazar a combatientes muertos o heridos con nuevos reclutas. Manifiesta una preocupación especial por la situación de las niñas, quienes enfrentan riesgos adicionales como la explotación sexual.
La líder social también ha expresado inquietudes sobre los procesos de protección a menores desvinculados de los grupos armados. En particular, se refirió a casos de niñas que, tras ser rescatadas, regresaron a contextos de alto riesgo, lo que derivó en nuevos hechos de violencia en su contra.
Respuestas y acciones en curso
Desde el Gobierno nacional, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, expuso ante la Corte Constitucional que la entidad activó una respuesta inmediata a la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el envío de equipos al territorio. No obstante, reconoció las dificultades de acceso derivadas de la intensidad del conflicto.
Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de un fondo especial para atender la emergencia, fortalecer las unidades locales de apoyo y consolidar programas comunitarios en las veredas. Cáceres señaló la necesidad de que estas acciones no sean temporales, sino sostenidas, y acompañadas de escenarios de diálogo que permitan la presencia institucional en condiciones de seguridad.
De acuerdo con el concepto de Cáceres, es requerida una mesa formal de diálogo porque la acción humanitaria no puede ser un corredor de inmediatez sino un escenario permanente “hasta que se callen los fusiles”.
Volviendo a la analogía entre la historia bíblica que dio paso al Día de los Inocentes y la realidad del conflicto en Colombia, el padre Carlos Escalante hizo una última reflexión sobre el papel de los Reyes Magos en la protección del niño Jesús, haciendo un llamado simbólico a la sociedad colombiana para salvaguardar la vida y los derechos de la niñez.
“Que la muerte de los niños no sea un paisaje al que nos acostumbremos, que los Herodes que acaban con la vida y los sueños de los niños inocentes de hoy desaparezcan, hasta tener una Colombia reconciliada y en paz, que ame y respete a sus niños y niñas”, manifiesta el sacerdote.
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