La Corte Constitucional expresó su preocupación por el incremento de desplazamientos masivos y confinamientos en el Catatumbo y sostuvo que este repunte ya se replica en varias zonas del país sin que existan respuestas estatales suficientes y sostenidas para proteger a la población afectada según señaló la magistrada auxiliar Johanna Cortés, en una entrevista publicada por El Tiempo, en la que advirtió que esta región muestra cómo el conflicto se está reconfigurando en Colombia.

La Sala Especial de Seguimiento convocó hace dos semanas una audiencia pública para revisar la situación humanitaria en el Catatumbo, donde más de 60.000 personas fueron desplazadas en menos de dos semanas durante este año, en medio de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln. Cortés explicó que el aumento de reportes llevó al alto tribunal a pedir información desde marzo, debido al crecimiento simultáneo de desplazamientos y confinamientos en varios municipios.

La magistrada señaló que, a pesar de que ya terminó la conmoción interior declarada por el Gobierno, los desplazamientos continuaron. Un informe de la Gobernación de Norte de Santander reportó más de 80.000 personas desplazadas por la violencia en septiembre, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia pública citada por la Corte y reseñada por El Tiempo. La funcionaria explicó que la Corte decidió escuchar directamente a víctimas, autoridades, organismos de control, cooperación internacional y organizaciones civiles para evaluar la respuesta estatal y definir medidas adicionales de protección.

Cortés añadió que la Sala se encuentra analizando todos los insumos recibidos para tomar decisiones que mejoren la atención a las personas desplazadas y a las comunidades que permanecen confinadas, una modalidad de control que también registró un crecimiento notable.

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Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo expuso sus observaciones desde el terreno. Cortés sostuvo que varios de los puntos planteados ya habían sido advertidos por esa entidad: las cifras de desplazamiento en el Catatumbo están rompiendo récords y los confinamientos continúan en ascenso.

La magistrada señaló que la Defensoría insistió en que lo que ocurre en el Catatumbo no es un hecho aislado, pues fenómenos similares están apareciendo en otros territorios con distintos actores armados y economías ilícitas. Explicó que la Corte coincide en que se evidencia una reconfiguración del conflicto en Colombia, con nuevas estrategias de control territorial que van más allá del desplazamiento forzado.

Según lo expuesto por la funcionaria, preocupa que los confinamientos se consoliden como una forma de dominación y restricción de la movilidad, lo cual afecta gravemente la vida cotidiana de miles de familias. Agregó que, aunque el Catatumbo es especialmente crítico, otras regiones también registran incrementos en estos hechos, lo que confirma que se trata de un fenómeno de alcance nacional.

Cortés explicó que la Sala Especial, presidida por la magistrada Natalia Ángel, continúa con el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucional sobre la atención a la población desplazada. Aclaró que la audiencia y los autos emitidos hacen parte del monitoreo permanente que la Corte realiza a la política pública, y no responden a nuevas tutelas sobre la situación del Catatumbo.

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La magistrada indicó que, durante una visita territorial realizada en junio, se mencionó que algunas tutelas podrían estar en proceso de selección, pero hasta ahora no se ha escogido ninguna. Explicó que estos procesos pasan por dos instancias antes de llegar a la Corte y que la selección puede tardar un mes, por lo que es posible que existan tutelas recientes que aún están en trámite.

Sobre el decreto de conmoción interior que el Gobierno emitió para atender la crisis, la magistrada aclaró que la Corte no evalúa la efectividad de medidas de esa naturaleza. Señaló que lo que revisa la Sala es la respuesta estatal específicamente frente al desplazamiento y los confinamientos, y que ese análisis todavía está en curso. Por esa razón, afirmó que no es posible concluir si lo que se hizo alivió o no la emergencia.

Cortés reiteró que la Corte se concentra en determinar si el Estado garantizó atención oportuna, seguridad y acompañamiento a las comunidades afectadas y si existen fallas estructurales que requieran nuevas órdenes judiciales.

La magistrada también manifestó preocupación por la situación de las personas que retornaron a sus territorios desde enero sin planes de retorno establecidos por la Ley de Víctimas. Señaló que muchas familias decidieron regresar por su propia cuenta debido a la falta de acompañamiento institucional, lo que podría haberlas expuesto nuevamente a riesgos.

Según la información recibida por la Corte durante la visita de junio, no existe claridad sobre dónde están hoy esas familias. Algunas podrían estar sometidas a confinamientos y otras habrían tenido que desplazarse por segunda vez hacia otras regiones del país. Cortés explicó que la ausencia de garantías de seguridad cuestiona las condiciones bajo las cuales se produjeron esos retornos y la capacidad estatal para proteger a la población.

La funcionaria concluyó que la Corte revisa si los retornos se realizaron sin la asesoría adecuada de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad para las Víctimas, y si actualmente existe seguimiento para establecer la situación humanitaria de quienes regresaron a zonas inseguras.

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