La prestación del servicio educativo en el Catatumbo no ha dejado de ser crítica y ello por la presencia histórica en el territorio de actores armados ilegales, que exponen de manera grave la vida de profesores y estudiantes.

El fenómeno se agudizó en el presente año, de manera específica desde el 15 de enero, cuando se desató la más violenta guerra entre dos de los actores armados con presencia en el territorio: el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

A partir de esa fecha, los más de 1.500 maestros que dictan clases en las escuelas del Catatumbo se vieron obligados a abandonar las aulas de clase por los constantes enfrentamientos que se suscitaron en cercanías a las escuelas, quedando estudiantes y profesores en medio del fuego cruzado.

De esto se produjeron caravanas de maestros desde las veredas hacia las cabeceras municipales más cercanas buscando resguardar sus vidas.

Cinco meses después de haberse desatado esta emergencia humanitaria en el Catatumbo, con saldo de más de 55.000 personas desplazadas, un poco más de 125.000 muertos y más de 22.000 campesinos confinados, profesores y estudiantes vuelven a quedar expuestos a la guerra, en esta oportunidad en la Institución Educativa Rural de Orú Bajo, en zona rural del municipio de El Tarra.

Lea aquí: Las universidades, primeras en ser llamadas a profundizar en el camino hacia la inclusión

Allí se registró el pasado 14 de junio la afectación de las clases por artefactos explosivos.

Por este hecho, el Ministerio de Educación Nacional reiteró el rechazo a la afectación a las instituciones y comunidades educativas por cuenta de los actores armados, y en particular repudió los hechos presentados en el día pasados en la mencionada sede escolar del Catatumbo.

Eta situación, expuso el ministerio en un comunicado, se suma a la lamentable situación humanitaria y la persistencia de las principales consecuencias como el confinamiento de comunidades, el desplazamiento masivo e individual, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, así como las afectaciones psicológicas en las comunidades educativas, padres de familia y docentes.

La cartera de Educación añadió que las múltiples consecuencias humanitarias muestran que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de los conflictos armados y la violencia, en especial niñas, niños y adolescentes desde sus entornos comunitarios, familiares y educativos e impacta sus trayectorias educativas, las posibilidades de desarrollo integral y el impulso a los sentidos de vida colectivos de las comunidades en los territorios.

Un fenómeno que también se repite con el mismo impacto en regiones como el Guaviare y Jamundí, este último en el Valle del Cauca, “lo que demuestra la complejidad del contexto actual, generando una mayor problemática para atender las distintas situaciones y garantizar el derecho a la educación”.

Lea también: Los hombres también sufren violencia en el hogar: estos son los casos registrados en Norte de Santander

El Ministerio de Educación insistió en la necesidad de que se preserve la labor humanitaria y que los actores armados ilegales permitan el acceso a la institucionalidad y a las organizaciones humanitarias y dejen por fuera del conflicto a las instituciones educativas, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que protege a la población civil.

Al solidarizarse con las comunidades afectadas, el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín extendió la invitación a la institucionalidad del orden nacional y territorial, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los organismos internacionales y a los liderazgos sociales, a abrazar a las escuelas como territorios de vida, de saberes y de paz, reiterando nuestro compromiso por la construcción de las transformaciones que nos permitan avanzar hacia unos territorios y un país con justicia social. 

También exhortó a los diferentes grupos armados ilegales en el Catatumbo, a mantener la escuela como espacio para la vida y la convivencia, y a desarrollar diálogos de paz con el Gobierno colombiano, que permitan materializar en hechos concretos un alivio para el sufrimiento de la población civil, en particular de niñas, niños, adolescentes, docentes, del personal administrativo y de padres y madres de familia, manteniendo al margen del conflicto a las comunidades educativas del país.
 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion