Integrantes de la Comisión diocesana de reconciliación de Ocaña solicita a los grupos enfrentados el cese de hostilidades para mitigar los efectos de la ola de violencia desatada en esta región del país ocasionando un impacto negativo en el sector socioeconómico.
El presbítero, Miguel Durán, lamentó la manera como las confrontaciones incide en el desarrollo agropecuario de la zona del Catatumbo ya que los labriegos abandonan las parcelas ante el fuego cruzado.
La iglesia católica ha estado inmersa en los territorios, llegando hasta donde el conflicto armado está latente. El sacerdote, sirvió de garante para la evacuación de un menor de edad herido en el Cerro de las Flores en medio de los combates y que según la guerrilla del ELN es integrante de las disidencias de las FARC.
Integrantes de la Comisión Humanitaria Diocesana desde el mes de enero trabaja conjuntamente con los organismos defensores para lograr brindar la ayuda a los campesinos que sufren los rigores de una guerra que no les pertenece.
“Se deben excluir a la población civil y especialmente a los menores de edad de la confrontación. Llegó el momento de asumir gestos de paz en el interior de las estructuras, es lamentable tener a un niño de 14 años en medio de la guerra. La única salida es el diálogo y tenemos las esperanzas de lograr la tranquilidad de la gente”, reiteró.
El obispo de la diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave, reitera el llamado a los grupos insurgentes para que busquen los caminos de la reconciliación sin atizar la guerra.
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El prelado hace un llamado a la reflexión de los actores por la transformación profunda en los territorios.
Un fenómeno latente
El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, solicita el des escalamiento del conflicto armado entre los grupos enfrentados y buscar un acercamiento para los acuerdos de paz.
El funcionario asegura que la zona está caliente y todos los días llegan desplazados a cuenta gotas para las declaraciones y obtener la protección del Estado.
Bohórquez, insta al Gobierno nacional acciones contundentes para neutralizar a los violentos y ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
“A pesar de las situaciones de riesgo, seguimos trabajando en aras de la protección de la población civil en medio del conflicto entre agrupaciones que operan y hacen el control territorial en la subregión del Catatumbo”, precisó.
En reiteradas ocasiones han elevado las peticiones para generar la tranquilidad y dejar a la población civil a un costado, ya que se están violando los derechos fundamentales.
Con el apoyo de la Cruz Roja colombiana y de Organización Internacional para las Migraciones se realizó la entrega de ayuda humanitaria a familias desplazadas provenientes del Cerro de las Flores y Quebrada de la Esperanza. La nueva cifra de población desplazada es de 933 personas de 279 núcleos familiares.
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El secretario de Gobierno, Freddy Arengas Romero, coordina con las distintas entidades la ruta de atención humanitaria en la dura travesía del campo hacia la ciudad, mientras existan condiciones para el retorno de los campesinos a sus parcelas.
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