Luego de ser blanco de un atentado el pasado mes de febrero, el alcalde de Cáchira, Herman Jaimes, estaría siendo víctima de nuevas amenazas en su contra, al igual que su secretario de Gobierno, Danilo Sepúlveda. Esto, como consecuencia de las “acciones y manifestaciones” que ambos vienen adelantando contra la presencia de cultivos de uso ilícito (marihuana) en la zona rural del municipio.

Así consta en un documento oficial al que tuvo acceso La Opinión, enviado el pasado 16 de septiembre por el defensor regional de Santander, Jesualdo Arzuaga, al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el que, como asunto de carácter urgente, solicita medidas de protección para estos funcionarios.

El escenario de riesgo describe no solo el ataque a bala contra el vehículo de Jaimes, sino también una serie de mensajes intimidantes a través del celular, los cuales se han intensificado desde finales de agosto, cuando, tras un operativo liderado por grupos especiales de la Policía Nacional, se destruyó un megalaboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Carcasí, valuado en más de 1.600 millones de pesos.

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La entidad advierte que la situación de inseguridad podría escalar debido al accionar y fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en los municipios de Cáchira y La Esperanza, especialmente en los límites con las jurisdicciones de San Alberto y San Martín, en el departamento del Cesar.

¿Qué dice el alcalde?

En entrevista con La Opinión, el alcalde de Cáchira confirmó las amenazas que ha venido recibiendo, en las que se le señala como responsable directo de los operativos desplegados en la zona rural de su municipio.  “En los mensajes me dicen que debo responder por las afectaciones causadas; en algunos casos, con mi vida. En otros, han hablado de que debo devolverles el dinero por los daños ocasionados con la destrucción de los laboratorios”, indicó Jaimes. 

Algunos de los mensajes —citados por la Defensoría— dicen: “Ya está advertido. No queremos hacer daño. Díganos cuánto quiere, cuándo podemos hablar y, si no, aténgase a las consecuencias.”

Jaimes señaló que, pese a las reiteradas amenazas, no había prestado mayor atención, pues comprende que, en ocasiones, personas del común se hacen pasar por miembros de organizaciones criminales para extorsionar en su nombre. Sin embargo, el elemento distintivo esta vez —y por el cual ha comenzado a temer por su vida— es que su situación ya fue abordada a nivel nacional.

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Sobre el o los grupos que se encuentran detrás de estas amenazas, Jaimes no está seguro, aunque comentó que uno de los panfletos que le ha llegado presenta la imagen del escudo del grupo paramilitar Conquistadores de la Sierra Nevada.

Al respecto, aunque las autoridades no han confirmado la presencia de dicho grupo, a mediados de año circuló el rumor entre líderes sociales del departamento sobre el ingreso de unos 100 hombres de esa organización a Norte de Santander, con el presunto interés de disputar el territorio y las rutas del narcotráfico. Jaimes no está seguro de ello, pero tampoco lo descarta.

 “Tenemos un país tan revuelto en este momento que, en un municipio como Cáchira, donde no hay una sola mata de coca, sí había un laboratorio con capacidad para producir 1.500 kilos de cocaína a la semana. Eso significa que están trayendo la pasta base de otro lado, y se presume que sea del Catatumbo”, explicó.

Mayor presencia de la fuerza pública

A raíz del atentado de febrero, Herman Jaimes cuenta con el acompañamiento de dos escoltas, uno asignado por la UNP y otro por la Seccional de Inteligencia de la Policía (Sipol). No obstante, ante la situación que vive actualmente, no espera un esquema más riguroso, sino mayor presencia de la fuerza pública en su municipio.

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La personera de Cáchira, Marisol Acevedo, se unió a este llamado, destacando que, por la situación demográfica del municipio —que es 90 % rural—, es prioritaria la presencia del Ejército Nacional que puedan hacer patrullajes en esas zonas, dado que la Policía solo tiene capacidad de cobertura en el área urbana.

Se conoció que el caso del alcalde Jaimes y su secretario de Gobierno fue remitido al orden nacional de la Defensoría del Pueblo, donde estaría siendo estudiado en el Sistema de Alertas Tempranas.

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