La vereda de Caño Indio, en el municipio de Tibú, se ha convertido en un territorio marcado por la incertidumbre y el miedo.

Los firmantes del Acuerdo de Paz que residen en este Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) han denunciado amenazas, confinamiento y falta de garantías por parte del Gobierno nacional, mientras la comunidad campesina que los rodea también sufre las consecuencias del conflicto armado que no da tregua en el Catatumbo.

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Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz, visitó recientemente el territorio y advirtió que la situación se está agravando hasta el punto de obligar a las personas a salir de la zona, no por decisión propia, sino porque hay una amenaza inminente sobre sus vidas. “No se van a ir porque quieren, sino porque están obligados, porque no pueden permanecer en el territorio con amenazas de muerte”, expresó.

Desde la firma del acuerdo en 2016, Caño Indio ha sido un símbolo del proceso de reincorporación de excombatientes, pero con el paso de los años, las dificultades han crecido.

Alape aseguró que, pese a que han apoyado al Gobierno en sus reformas y lo han respaldado en el Congreso, eso no significa que deban tolerar sus fallas. “Parte de apoyar a un Gobierno es ser críticos y levantar la voz cuando se están cometiendo errores. Hemos llamado la atención al presidente para que reflexione sobre su compromiso con los territorios, porque la paz no es solo una cuestión de acuerdos, sino también de narrativa. La violencia no solo se ejerce con las armas, también con la palabra”, afirmó.

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En el último mes, los habitantes de esta vereda han denunciado una grave crisis humanitaria. Alape explicó que, además de los bloqueos y el confinamiento, la situación ha impedido que los niños asistan a la escuela. “El confinamiento aquí es más que un bloqueo económico. Hay productos que no pueden entrar, los niños no han podido ir a estudiar y las condiciones en general son muy difíciles. Por eso estamos en el territorio, para acompañar a la comunidad y también para enviar un mensaje a los actores armados, incluido el Estado, de que se respeten los mínimos humanitarios”, sostuvo.

El excombatiente también fue enfático en su mensaje al ELN y al Frente 33 de las disidencias de las Farc, pidiéndoles que cesen las agresiones contra la población civil. “Quienes dicen tener un discurso revolucionario deben actuar con ética, y esa ética implica respetar a las comunidades desarmadas. Exigimos que detengan la violencia contra los pobladores de la región y contra los firmantes del acuerdo”, señaló.

Dairo Vallejo, firmante de paz y habitante del ETCR de Caño Indio, aseguró que han tratado de resistir en el territorio, pero reconoció que la realidad los pone en una encrucijada. “Nosotros hemos aguantado acá, cuidando lo que tenemos, porque sabemos que si nos vamos eso podría interpretarse como una falta de compromiso. Pero también hay un límite, y cuando uno ve que su vida está en peligro, debe tomar decisiones”, explicó.

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Vallejo advirtió que el desplazamiento de las familias en la zona podría incrementarse en los próximos meses si la situación no cambia. Además, hizo un llamado a la sociedad para que se apropie del Acuerdo de Paz y exija su implementación.

“El acuerdo no es solo para nosotros, sino para toda Colombia. Si se implementara bien, beneficiaría tanto al campo como a las ciudades. Necesitamos que el Gobierno y la comunidad internacional nos acompañen en este proceso y que se cumpla lo pactado, especialmente en lo que tiene que ver con la entrega de tierras”, expresó.

A ocho años de la firma del acuerdo, Vallejo lamentó que muchos de los compromisos adquiridos sigan sin cumplirse. “Nosotros resultamos siendo los más afectados por esta confrontación. Aquí hay muertos, desaparecidos, desplazados y capturados. Nos han impuesto restricciones que nos impiden abastecernos y que nos han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad”, denunció.

Entre las principales preocupaciones de los firmantes de paz está el acceso a la tierra. “Llevamos ocho años y medio en este lugar y todavía no nos han entregado la tierra que nos prometieron. Sin eso, no podemos desarrollar proyectos productivos ni tener estabilidad. Si no hay tierras, no hay arraigo, y si no hay arraigo, seguimos a la deriva”, explicó Vallejo.

Mientras tanto, la comunidad campesina de Caño Indio también sufre las consecuencias de la violencia. La crisis ha provocado la renuncia de varios docentes, dejando a los niños sin educación. La atención en salud es precaria y la falta de combustible ha afectado el funcionamiento de las plantas eléctricas, dejando a muchas familias sin luz.

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“Aquí hay una comunidad que está siendo víctima del conflicto, pero que además es señalada injustamente. No les dejan pasar combustible porque creen que lo están suministrando a los grupos armados, y eso los afecta en su vida cotidiana”, relató Vallejo.

Por ahora, la incertidumbre es la única certeza en Caño Indio. Los firmantes del Acuerdo de Paz y la comunidad local continúan esperando que el Gobierno cumpla con su palabra y garantice las condiciones para permanecer en el territorio. Pero el miedo sigue creciendo y la sensación de abandono es cada vez más profunda.

Fotos: Carlos Ramírez / La Opinión 

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